Durante los primeros días de 2024 en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, sucedieron una serie de ataques armados por parte de presuntos elementos del crimen organizado que dejaron como víctimas —de acuerdo con pobladores de la comunidad— al menos 20 personas muertas, dos de ellos civiles.
Los ataques del pasado 4 de enero —según habitantes del ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo—, fueron por disputa territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS), lo que contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que el mismo día aseguró que Chiapas “es de los estados con menos violencia del país”.
López Obrador también aseguró el mismo día que conoce el estado chiapaneco mejor que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ENLZ), quienes a finales de 2023 informaron que reestructurarían su organización tras embates constantes de grupos narcomenudistas y paramilitares presuntamente apoyados por el Gobierno mexicano.
De acuerdo con un documento expedido por los habitantes de Chicomuselo tras los ataques, el enfrentamiento armado entre el CJNG y el CS comenzó cerca de las 11:30 horas y terminó hasta las 19:00 horas del mismo día, durando poco más de siete horas aproximadamente.
El choque criminal obligó a toda la población de Nueva Morelia a huir de sus hogares, “ya que ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándoles seguridad”.
“Hemos visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos, pues en esta zona hay intereses grandes como lo es la minería y el control de la frontera”, se lee en el documento signado por el pueblo de Chicomuselo.
De acuerdo con el comunicado, el 26 de diciembre de 2023 la comunidad de Limonar fue obligada a salir de sus viviendas por elementos del CJNG, por lo que pidieron asilo en comunidades vecinas y algunos se internaron en los cerros para sobrevivir.
Ataques en Chiapas y la reestructuración del Ejército Zapatista
A esto se suman los desplazamientos de las comunidades de Motozintla de Mendoza y Mazapa, en Chiapas, donde al menos 60 familias fueron obligadas a abandonar sus hogares por la presión de grupos narcotraficantes para que se unieran a sus filas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Al parecer el CJNG y el CS tienen el control de varias cabeceras municipales chiapanecas, entre ellas las de Chicomuselo, donde tienen bloqueos carreteros y casetas de vigilancia donde hacen revisiones constantes a la ciudadanía.
AMLO asegura que conoce mejor Chiapas que el EZLN
El 4 de enero, durante su conferencia de prensa, AMLO refirió al EZLN y mencionó que no existía chance de acuerdo entre su gobierno y la organización revolucionaria, ya que no compartían visiones pues ellos “no apostaban a la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos”.
De acuerdo con López Obrador, los zapatistas sostienen que el gobierno actual es igual a las administraciones anteriores y llamaban a la ciudadanía a no votar por ellos “Respeto, tengo yo una visión distinta, pienso que Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años”, aseguró.
Reestructuración del EZLN
A lo largo de los últimos meses de 2023, el EZLN compartió por medio de su página oficial una serie de comunicados donde expresaban su posicionamiento sobre los aconteceres políticos nacionales de los últimos años y donde también aseguraron que reestructurarían su movimiento, debido a su imposibilidad de combatir contra los ataques de grupos criminales y paramilitares.
En noviembre comunicaron la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno y con ello una serie de presuntas irregularidades por parte del gobierno nacional y estatal en supuesto contubernio con narcotraficantes.
Aseguraron también que las presidencias de municipios como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, están a manos del “crimen desorganizado” o “sicarios legales” que se encuentran bajo el ala y padrinazgo del gobierno del estado.
Estas acciones, de acuerdo con el EZLN, las conocen la industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios, que no denuncian por estar amenazados y que en caso de hacerlo no serviría de nada ya que “las autoridades estatales y municipales son las que delinquen”.
En ese mismo comunicado aseguraron que en la frontera sur del país se encuentran fuerzas militares y policiacas federales, estatales y locales para frenar la migración y no para proteger a la ciudadanía, esto bajo órdenes que obedecen a mandatos del gobierno estadounidense, al cual acusaron de hacer de la migración un negocio más, con el tráfico y trata de personas.
La reestructuración del movimiento del EZLN pasó de tener cientos de MAREZ a tener miles de estructuras de Gobierno Autónomo Local (GAL), desde las cuales “controlan sus recursos autónomos organizativos (como escuelas y clínicas) y la relación con pueblos hermanos no-zapatistas vecinos”, además de buen uso de pagas y denuncias a malas administraciones.
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