PUEBLA, PUE. – Durante la segunda quincena de julio, el Ayuntamiento de Puebla recibirá los 440 millones de pesos provenientes de la línea de crédito aprobada para la construcción de más de 3 mil calles, según informó el alcalde José Chedraui Budib.

El presidente municipal enfatizó que este recurso crediticio se destinará exclusivamente a la edificación de vialidades nuevas, por lo que descartó de manera tajante su uso en labores de bacheo o en otros proyectos alternos de su administración.

Trámites de liberación ante Hacienda

Chedraui Budib detalló que sostuvo comunicación con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyos funcionarios indicaron que el gobierno municipal se encuentra únicamente a la espera del registro formal de la inscripción del crédito. Una vez concluido este paso, el expediente se turnará a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para realizar la presentación correspondiente y proceder con la liberación de los fondos.

Asimismo, el alcalde recordó que el empréstito, otorgado por la institución bancaria Santander, será liquidado en un plazo de un año. Con esto, garantizó que el financiamiento se pagará en su totalidad antes de que concluya el periodo actual y no heredará ninguna deuda pública a la gestión que asuma el cargo en octubre de 2027.

Recursos para contingencias por lluvias

Respecto a las afectaciones provocadas por las intensas precipitaciones del pasado domingo, el edil aclaró que «ni un centavo» del crédito bancario se desviará para atender dichos daños. La restricción incluye los apoyos destinados al grupo de 48 damnificados, integrado por 16 familias de la zona de Puente Negro y 32 comercios establecidos del Centro Histórico.

Bajo este panorama, Chedraui Budib puntualizó que la administración municipal dispone de una bolsa de aproximadamente tres millones de pesos provenientes del Fondo de Contingencias. Explicó que este fondo está diseñado específicamente para mitigar desastres naturales y confirmó que ya se comenzó a direccionar mediante diversos apoyos materiales y económicos para las familias y locatarios afectados.

El Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México presentó una denuncia penal contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y seis integrantes de su gabinete por su presunta responsabilidad en las cuatro muertes ocurridas en Paseo de la Reforma durante los festejos por la clasificación de la selección mexicana a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) e incluye al secretario de Gobierno, César Cravioto; al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; a la secretaria de Cultura, Ana Francis López, y al secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto. El partido les atribuye una presunta responsabilidad por omisiones en la planeación y operación del evento masivo realizado tras el triunfo de México sobre Ecuador, el pasado 29 de junio.

La denuncia fue dada a conocer por el diputado federal y vocero del PAN capitalino, Federico Döring, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

El documento sostiene que la organización de eventos masivos implica obligaciones específicas en materia de protección civil, seguridad, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica, prevención de riesgos y coordinación entre dependencias.

En ese sentido, Acción Nacional pidió a la Fiscalía investigar si existieron estudios técnicos de aforo, análisis de riesgos, controles efectivos de acceso, protocolos adecuados de evacuación, mandos responsables durante el operativo y si las autoridades cumplieron con el Protocolo para la Realización de Eventos Masivos aprobado por el Gobierno capitalino.

Tras la presentación de la denuncia, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó al PAN de utilizar con fines políticos la muerte de las cuatro personas y defendió la actuación de la administración encabezada por Clara Brugada.

La bancada oficialista aseguró que Acción Nacional “optó por presentar una denuncia penal apresurada, cargada de afirmaciones sin sustento y motivada, a todas luces, por el cálculo político”.

También rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta de protocolos de seguridad y sostuvo: “El operativo existió. Fue masivo. Y salvó vidas”.

Recordó que, al día siguiente de la tragedia, la jefa de Gobierno anunció el reforzamiento de las medidas de protección civil, salud y seguridad, además de una estrategia para descentralizar las celebraciones posteriores a los partidos de la selección mexicana.

La denuncia del PAN se suma a las investigaciones que la FGJCDMX mantiene abiertas desde el 1 de julio por los cuatro fallecimientos.

Jesús Juárez Lezama presentó su renuncia como director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos ante los repetidos señalamientos que hicieron diputados de oposición y del oficialismo por su mal desempeño en el cargo, confirmó en entrevista el presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez.

Junto a él dimitieron Lucero Rosales Zacamo, de Servicios Legislativos, y Francisco Muñoz Violante, de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Gaspar Ramírez afirmó que los tres funcionarios dejaron sus labores debido a que se integrarán a una secretaría del Poder Ejecutivo estatal, sin revelar el nombre de la dependencia. Cabe recordar que tanto Juárez Lezama como Rosales Zacamo y Muñoz Violante comenzaron a laborar en el Congreso durante la LXII Legislatura, cuando la presidenta era la actual titular de la Secretaría de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez.

“Salen porque fueron llamados a incorporarse a una secretaría del Ejecutivo estatal, porque cuadros de importancia y que tienen experiencia también los requieren en algún otro lugar. Son el compañero Jesús Juárez, de la Dirección Jurídica, la compañera Lucero Rosales, de Servicios Legislativos, y Francisco Muñoz”, dijo.

Pável Gaspar precisó que en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la próxima semana serán puestas a consideración sus renuncias. En dicho espacio también propondrán a los perfiles que reemplazarán a los ahora exfuncionarios.

Pese a que Juárez Lezama fue señalado en múltiples ocasiones por sus compañeros —tanto de oposición como del oficialismo— de presuntamente entorpecer la labor legislativa, Gaspar Ramírez defendió su trabajo en la dirección jurídica.

“El área jurídica trabajó intensamente en este tercer periodo del segundo año, donde se lograron grandes resultados y, pues, la intención es seguir trabajando en esta dinámica con mayores aciertos para el próximo periodo”, declaró.

También negó que el exdirector jurídico haya dejado pendiente la dictaminación del proyecto para reconocer las infancias transgénero, pues señaló que se trata de una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace cuatro años y la LXII Legislatura tampoco la abordó.

Ante el cuestionamiento sobre si también deberían cambiar al secretario general, Leopoldo de Lara Varela, Gaspar Ramírez menciona que él seguirá en sus labores debido a que requieren de su experiencia en el cargo.