CIUDAD DE MÉXICO – La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, argumentando la existencia de 32 investigaciones activas y múltiples órdenes de aprehensión vigentes por delitos cometidos en territorio mexicano.
En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que, pese a la solidez de la petición —basada en tres causas penales por delincuencia organizada y delitos contra la salud—, el Departamento de Justicia estadounidense rechazó la solicitud. La autoridad norteamericana justificó la negativa señalando que Zambada enfrenta actualmente un proceso judicial en una Corte de Distrito en su país.
El caso Zambada: Investigación por presunta violación a la soberanía
La fiscal Godoy subrayó que la detención del capo, ocurrida el 25 de julio de 2024 tras un presunto secuestro en Sinaloa, ha derivado en una investigación compleja sobre posibles violaciones al derecho internacional y mexicano. La FGR indaga si la captura fue ejecutada en suelo nacional con la intervención directa de agencias extranjeras.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha integrado siete carpetas de investigación que incluyen:
- El homicidio de Héctor “N”.
- El secuestro de Ismael “N”.
- La desaparición de dos escoltas.
- Presuntas alteraciones en la escena del crimen y posibles negligencias ministeriales.
Como parte del proceso, se han realizado 153 entrevistas, más de mil 200 informes y 124 dictámenes periciales, además de un análisis exhaustivo sobre la aeronave utilizada para el traslado del detenido.
Denuncian falta de transparencia y datos imprecisos
La titular de la FGR lanzó una fuerte crítica contra las autoridades estadounidenses, acusándolas de entregar información «falsa o imprecisa» respecto a la identificación del avión utilizado en la operación.
Godoy Ramos detalló que durante las diligencias realizadas por personal mexicano en instalaciones del FBI en El Paso, Texas, y en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, se impidió el despliegue de las acciones periciales completas y la toma de registros fotográficos. Ante esta situación, México ha enviado una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional para esclarecer la posible participación de agentes del FBI en la planeación y ejecución de la captura.
Tensión diplomática con la administración de EE. UU.
El caso ha escalado a un frente diplomático. La fiscal recordó las declaraciones del entonces embajador Ken Salazar, quien el 9 de agosto de 2024 negó categóricamente cualquier participación estadounidense en la operación.
«Frente a nuevos datos que apuntan a una posible intervención del FBI, estaríamos ante una transgresión a la buena fe en las relaciones diplomáticas», sostuvo Godoy. Al respecto, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la fiscalía especializada de control competencial, aclaró que las posibles consecuencias para Salazar se limitarían al marco del derecho diplomático internacional, sin implicar, por el momento, una responsabilidad penal directa por coparticipación.
La FGR reiteró que las investigaciones continuarán hasta determinar responsabilidades, manteniendo firme la postura de México de esclarecer los hechos ocurridos aquel 25 de julio.