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Fraude de 4 mil mdp a Liconsa

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Hasta junio de este año no existen registros de la entrega de 400 mil litros de leche procesada y 13 mil 216 kilos de grasa butírica que de manera diaria se comprometió a entregar Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa, luego de que en diciembre de 2019 Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) firmó dos contratos con esa compañía para este fin por un monto de 4 mil millones de pesos.

A dos años de que comenzaron las revisiones financieras a Segalmex, Diconsa y Liconsa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de las irregularidades detectadas por más de 12 mil millones de pesos en estas instituciones, Liconsa respondió a dos solicitudes de información pública realizadas por La Jornada, en las que afirma: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo vendida a Liconsa SA de CV de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

Estas respuestas confirman que Liconsa no cuenta con documentación que acredite la recepción de los materiales contratados.

En abril de 2022, Ignacio Ovalle Fernández fue sustituido como director de Segalmex por Leonel Cota Montaño, y los contratos firmados de manera irregular con diversas empresas involucradas en actos de corrupción fueron cancelados en ese momento o antes. Ese es el caso de los convenios suscritos con Grupo Vicente Suárez 73. Sin embargo, las investigaciones continúan por parte de la ASF, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A raíz de información recientemente publicada por este diario, se solicitó información de la cantidad de leche en polvo, así como los informes mensuales de la compra que Liconsa realizó de productos lácteos y otros derivados de leche a Grupo Vicente Suárez 73.

De la misma manera, se pidió a Liconsa que proporcionara los informes mensuales de la entrega o recursos obtenidos por la comercialización de grasa butírica –que se obtiene de la leche y se usa en la industria alimentaria para adicionar sabor lácteo a los productos– por Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa.

Jorge César Arteaga Castrejón, encargado de despacho de la gerencia jurídica institucional de Liconsa, informó a este diario mediante el oficio Liconsa-DC-DG-ILM-099-2022, de fecha 24 de junio: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo que le ha vendido a Liconsa de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

En tanto, en el oficio Liconsa-UAF-HBRG-217-22, el mismo funcionario respondió que la gerencia de recursos materiales y servicios generales, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó información y/o documentación relacionada con convenios vigentes con la empresa Vicente Suárez 73, desde diciembre de 2019, y por consiguiente de la información que pudiera haberse generado”.

De la construcción a la industria lechera

Grupo Vicente Suárez 73 se dedicaba originalmente a la construcción, pero, de acuerdo con información de la ASF, cambió su objeto social en enero de 2020 para incluir entre sus actividades lo relacionado con el procesamiento de productos lácteos.

Los convenios, con vigencia de cinco años cada uno y que en conjunto consideran pagos por hasta 4 mil millones de pesos, fueron firmados, por parte de Segalmex-Liconsa, por René Gavira Segreste, director administrativo y financiero, y Manuel Lozano Jiménez, director comercial de Liconsa, entre otros funcionarios que han sido destituidos y denunciados por las autoridades.

Aunque los convenios eran ilegales, derivaron en pagos a Grupo Vicente Suárez 73 por 140 millones 779 mil pesos en 2020, de acuerdo con la ASF. No obstante, Liconsa no presentó a la auditoría documentación que acreditara la recepción de los servicios contratados.

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Hackeo en la CNSF expone cédulas de intermediarios del sector asegurador

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La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), que depende de Hacienda, confirmó que sufrió un hackeo que dejó expuesta información relacionada con cédulas de intermediarios del sector asegurador y afianzador. El incidente ocurrió el 30 de enero y, según la dependencia, la mayor parte de los datos son de carácter público.

Estas cédulas sirven para acreditar a personas físicas o empresas que operan en la industria de seguros, por lo que el incidente no comprometió información sensible de usuarios ni datos fiscales de contribuyentes. Aun así, la CNSF sigue revisando el alcance del hackeo y reforzando sus sistemas de seguridad para evitar problemas mayores.

Entre las acciones que tomó el organismo está la extensión de la vigencia de las cédulas hasta el 28 de febrero. Esto busca que los intermediarios no tengan problemas con trámites mientras se evalúa el incidente y se emiten nuevas cédulas. La comisión aseguró que continuará con la revisión y emisión de documentos de manera ordenada.

Además, la CNSF informó que emprenderá las acciones legales correspondientes, ya que consideran que el hackeo podría constituir un delito en materia de seguridad de la información. Al mismo tiempo, insistieron en su compromiso con la protección de datos y la transparencia en los procesos.

Por su parte, Hacienda aclaró que no se detectaron afectaciones en otras dependencias ni en sistemas con información fiscal o financiera de los contribuyentes. Hasta ahora, el incidente se limita a las cédulas de intermediarios y no hay evidencia de accesos no autorizados a otros sistemas.

Este caso es un recordatorio de la importancia de la ciberseguridad en las dependencias públicas, donde los ataques dirigidos a información oficial son cada vez más frecuentes. La CNSF aseguró que mantendrá activos sus protocolos de prevención y respuesta ante incidentes, para reducir riesgos en el futuro.

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Se activa alerta sísmica en CDMX y Puebla por temblor de 5.7 en Puerto Escondido

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Un sismo de magnitud preliminar 5.7 provocó de este domingo al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, de acuerdo con datos preliminares del Servicio Sismológico. El movimiento ocurrió a las 15:42 horas y tuvo su epicentro a 19 kilómetros de esa localidad costera.

Se activó la Alerta Sísmica tanto en la Ciudad de México como en Puebla; sin embargo, en la capital del país no se reportó percepción del movimiento telúrico.
De acuerdo con los primeros reportes, el sistema de alerta se activó de manera preventiva debido a la intensidad y localización del sismo, aunque habitantes de la CDMX señalaron no haber sentido el temblor.

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil no han informado sobre daños ni personas lesionadas, y continúan con la revisión de protocolos para descartar afectaciones. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y conservar la calma.

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Apresuran obra de Corredor Interoceánico para competir con Panamá

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El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) avanza a ritmo acelerado con la modernización de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, como eje central del proyecto. El gobierno federal prevé que el corredor alcance operación plena a mediados de este año, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos destinada a infraestructura multimodal.

El istmo, con apenas 235 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico, ha sido históricamente un punto estratégico para el comercio desde la época prehispánica y colonial. Aunque el Ferrocarril de Tehuantepec logró conectar ambos puertos en 1907, la ruta perdió impulso, lo que permitió que el Canal de Panamá se consolidara en 1914 como la principal vía interoceánica.
La creación del CIIT en 2019, y su posterior adscripción a la Secretaría de Marina en 2023, reactivó el proyecto con una visión integral que articula cuatro puertos del sureste, mil 200 kilómetros de vía férrea y 14 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), diseñados para atraer inversión con incentivos fiscales.

El área de influencia del corredor abarca 120 municipios de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, donde habitan más de 5 millones de personas. Estos polos tienen vocaciones estratégicas en sectores como automotriz, energía, farmacéutica, logística y agroindustria.

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