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Fraude de 4 mil mdp a Liconsa

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Hasta junio de este año no existen registros de la entrega de 400 mil litros de leche procesada y 13 mil 216 kilos de grasa butírica que de manera diaria se comprometió a entregar Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa, luego de que en diciembre de 2019 Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) firmó dos contratos con esa compañía para este fin por un monto de 4 mil millones de pesos.

A dos años de que comenzaron las revisiones financieras a Segalmex, Diconsa y Liconsa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de las irregularidades detectadas por más de 12 mil millones de pesos en estas instituciones, Liconsa respondió a dos solicitudes de información pública realizadas por La Jornada, en las que afirma: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo vendida a Liconsa SA de CV de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

Estas respuestas confirman que Liconsa no cuenta con documentación que acredite la recepción de los materiales contratados.

En abril de 2022, Ignacio Ovalle Fernández fue sustituido como director de Segalmex por Leonel Cota Montaño, y los contratos firmados de manera irregular con diversas empresas involucradas en actos de corrupción fueron cancelados en ese momento o antes. Ese es el caso de los convenios suscritos con Grupo Vicente Suárez 73. Sin embargo, las investigaciones continúan por parte de la ASF, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A raíz de información recientemente publicada por este diario, se solicitó información de la cantidad de leche en polvo, así como los informes mensuales de la compra que Liconsa realizó de productos lácteos y otros derivados de leche a Grupo Vicente Suárez 73.

De la misma manera, se pidió a Liconsa que proporcionara los informes mensuales de la entrega o recursos obtenidos por la comercialización de grasa butírica –que se obtiene de la leche y se usa en la industria alimentaria para adicionar sabor lácteo a los productos– por Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa.

Jorge César Arteaga Castrejón, encargado de despacho de la gerencia jurídica institucional de Liconsa, informó a este diario mediante el oficio Liconsa-DC-DG-ILM-099-2022, de fecha 24 de junio: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo que le ha vendido a Liconsa de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

En tanto, en el oficio Liconsa-UAF-HBRG-217-22, el mismo funcionario respondió que la gerencia de recursos materiales y servicios generales, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó información y/o documentación relacionada con convenios vigentes con la empresa Vicente Suárez 73, desde diciembre de 2019, y por consiguiente de la información que pudiera haberse generado”.

De la construcción a la industria lechera

Grupo Vicente Suárez 73 se dedicaba originalmente a la construcción, pero, de acuerdo con información de la ASF, cambió su objeto social en enero de 2020 para incluir entre sus actividades lo relacionado con el procesamiento de productos lácteos.

Los convenios, con vigencia de cinco años cada uno y que en conjunto consideran pagos por hasta 4 mil millones de pesos, fueron firmados, por parte de Segalmex-Liconsa, por René Gavira Segreste, director administrativo y financiero, y Manuel Lozano Jiménez, director comercial de Liconsa, entre otros funcionarios que han sido destituidos y denunciados por las autoridades.

Aunque los convenios eran ilegales, derivaron en pagos a Grupo Vicente Suárez 73 por 140 millones 779 mil pesos en 2020, de acuerdo con la ASF. No obstante, Liconsa no presentó a la auditoría documentación que acreditara la recepción de los servicios contratados.

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FGR solicita extradición de Ismael “El Mayo” Zambada; acusa falta de cooperación y bloqueos de EE. UU.

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CIUDAD DE MÉXICO – La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, argumentando la existencia de 32 investigaciones activas y múltiples órdenes de aprehensión vigentes por delitos cometidos en territorio mexicano.

En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que, pese a la solidez de la petición —basada en tres causas penales por delincuencia organizada y delitos contra la salud—, el Departamento de Justicia estadounidense rechazó la solicitud. La autoridad norteamericana justificó la negativa señalando que Zambada enfrenta actualmente un proceso judicial en una Corte de Distrito en su país.

El caso Zambada: Investigación por presunta violación a la soberanía

La fiscal Godoy subrayó que la detención del capo, ocurrida el 25 de julio de 2024 tras un presunto secuestro en Sinaloa, ha derivado en una investigación compleja sobre posibles violaciones al derecho internacional y mexicano. La FGR indaga si la captura fue ejecutada en suelo nacional con la intervención directa de agencias extranjeras.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha integrado siete carpetas de investigación que incluyen:

  • El homicidio de Héctor “N”.
  • El secuestro de Ismael “N”.
  • La desaparición de dos escoltas.
  • Presuntas alteraciones en la escena del crimen y posibles negligencias ministeriales.

Como parte del proceso, se han realizado 153 entrevistas, más de mil 200 informes y 124 dictámenes periciales, además de un análisis exhaustivo sobre la aeronave utilizada para el traslado del detenido.

Denuncian falta de transparencia y datos imprecisos

La titular de la FGR lanzó una fuerte crítica contra las autoridades estadounidenses, acusándolas de entregar información «falsa o imprecisa» respecto a la identificación del avión utilizado en la operación.

Godoy Ramos detalló que durante las diligencias realizadas por personal mexicano en instalaciones del FBI en El Paso, Texas, y en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, se impidió el despliegue de las acciones periciales completas y la toma de registros fotográficos. Ante esta situación, México ha enviado una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional para esclarecer la posible participación de agentes del FBI en la planeación y ejecución de la captura.

Tensión diplomática con la administración de EE. UU.

El caso ha escalado a un frente diplomático. La fiscal recordó las declaraciones del entonces embajador Ken Salazar, quien el 9 de agosto de 2024 negó categóricamente cualquier participación estadounidense en la operación.

«Frente a nuevos datos que apuntan a una posible intervención del FBI, estaríamos ante una transgresión a la buena fe en las relaciones diplomáticas», sostuvo Godoy. Al respecto, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la fiscalía especializada de control competencial, aclaró que las posibles consecuencias para Salazar se limitarían al marco del derecho diplomático internacional, sin implicar, por el momento, una responsabilidad penal directa por coparticipación.

La FGR reiteró que las investigaciones continuarán hasta determinar responsabilidades, manteniendo firme la postura de México de esclarecer los hechos ocurridos aquel 25 de julio.

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Más de 3 mil jóvenes competirán en el Nacional Charro Juvenil en Puebla

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El estado fue confirmado como sede del próximo Campeonato Nacional Charro Juvenil, que se llevará a cabo el próximo 15 de julio y reunirá a cerca de 3 mil niñas, niños y jóvenes provenientes de distintas entidades de la República.

El anuncio fue realizado por Salvador Barajas, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, quien destacó que el certamen buscará impulsar el desarrollo de nuevas generaciones dentro del deporte nacional y fortalecer la práctica de esta tradición mexicana.

Además del aspecto deportivo, se prevé que la realización del campeonato atraiga a competidores, entrenadores, familiares y aficionados, lo que favorecerá la llegada de visitantes y generará una derrama económica para la entidad durante los días de competencia

La organización del evento también representa una oportunidad para promover la charrería como parte del patrimonio cultural de México y acercar esta disciplina a nuevos públicos, mediante la participación de equipos juveniles de diversas regiones del país.

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El Mayo no quiere estar en prisión con El Chapo

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El cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, mandó un escrito a través de su defensa al juez que lleva su caso donde aceptó la cadena perpetua, pero pidió consideración para evitar que lo encierren en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, de Colorado.

En ese centro de máxima seguridad federal estadunidense se encuentran el también cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, y quien fue operador de dicha organización durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, bajo el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Publica, Genaro García Luna.

Los argumentos que ‘El Mayo’ Zambada, de 76 años, hizo para evitar la ADX Florence se basaron en su deteriorado estado de salud y en su cooperación con las autoridades federales en su caso desde su arresto hace dos años, lo que ahorró recursos y labores al sistema judicial.

Hay tres opciones que la defensa de ‘El Mayo’ junto al capo propusieron al juez Brian M. Cogan —quien también juzgó a ‘El Chapo’ y García Luna— en lugar de la prisión federal de Colorado. Son las siguientes.

Centro Médico Federal, Butner, Carolina del Norte
Centro Médico Federal de Rochester, Minnesota
Centro Médico para Prisioneros Federales Springfield, Misuri
En el texto ‘El Mayo’ señaló que no planea objetar la sentencia de cadena perpetua que ya aceptó a través de su defensa desde que se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de todos los cargos que le imputaron, y que se proyecta ratifique Brian M. Cogan el próximo 20 de julio.

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