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Familiares acusan simulación y falta de avances en la investigación en el caso Zyanya:

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Simulación y falta de avances en la investigación del caso por parte de las autoridades ministeriales acusaron los padres de Zyanya, la médico pediatra encontrada muerta en 2018 en el departamento que rentaba en el fraccionamiento Real de Zavaleta; además de lo anterior, los padres de la hoy occisa están a la espera de la fecha para la próxima audiencia en la que se exponga el plan de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

María Patricia Becerril, madre de Zyanya, comentó en entrevista para El Sol de Puebla, que a pesar del comunicado de prensa que la Fiscalía emitió diciendo que se accedió a tomar en cuenta las propuestas de la familia para el plan de investigación con perspectiva de género que en febrero de 2022 un juez de control ordenó elaborar, al momento no se ha logrado tales fines, por lo que consideran que es una clara simulación de la institución, además de que no hay avances en el proceso de investigación.

La entrevistada destacó que existe una petición de firma a través de la plataforma change.org para solicitar la destitución de la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, Raquel Avendaño.

“La petición de change es real, ya que nuevamente nos encontramos ante la falta de voluntad e incumplimiento para lo ordenado por el juez de control, de reencausar la investigación con perspectiva de género y debida diligencia, además de las propuestas en coadyubancia con la asesoría jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para establecer un Plan Metodológico de Investigación”, indicó.

Agregó que hasta el 16 de mayo fueron notificados de que se contemplarían sus propuestas y les dieron tres días para contestar.

Fue así como el asesor legal de la familia de Zyanya presentó el escrito y ahora solo les queda esperar la respuesta del juez para que los cite a audiencia en aproximadamente 15 días.

Zyanya, de 26 años, llegó a Puebla procedente de la Ciudad de México en el año 2017; su objetivo era estudiar la especialidad en Pediatría haciendo prácticas dentro del Hospital del Niño Poblano; por eso rentó una vivienda cercana al nosocomio, específicamente en el Fraccionamiento Real de Zavaleta, donde a los pocos meses otra amiga de trabajo le rogó para que compartieran el domicilio y ella de buena caridad aceptó.

Esa mujer, de quien al momento se han reservado su identidad, fue quien el 15 de mayo de 2018 reportó el hallazgo del cuerpo de Zyanya, el cual estaba atado del cuello con un lazo.

Luego de que se diera parte a las autoridades policiacas del municipio, al lugar también acudieron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes encontraron una carta póstuma en la que supuestamente la médica se disculpaba por ser un fracaso como profesionista, pues aseguraba que no era buena en el hospital; más adelante, con el resultado de la necropsia, se asentó que se trató de un suicidio.

No obstante, los familiares de la joven a lo largo de 4 años han asegurado que se trató de un feminicidio, por lo que con diversas manifestaciones y la contratación de peritos particulares solicitaron una ampliación de la investigación bajo perspectiva de género.

Incluso la mañana del 22 de mayo de 2021, cuando por orden judicial ya se iba a entregar a los dueños la casa que la joven rentaba, llegó un grupo de familiares y conocidos de Zyanya para tratar de evitarlo ya que aseguraron, aún podían existir evidencias que confirmaran el feminicidio.

La familia de la hoy occisa aseguró que contaba con un amparo donde un juez federal ordenó al juez penal del proceso que volviera a analizar el caso y se determinara si en realidad fue un suicidio o realmente debería investigarse un feminicidio

El 22 de mayo de 2021, la familia de Zyanya fue repelida de manera violenta por personal de la Fiscalía de Puebla, cuando intentaba ingresar a las instalaciones de la dependencia para exigir que el caso se investigara como un feminicidio y no suicidio; al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a respetar al derecho a la manifestación pacífica.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo respetar la libre expresión además de que sentenció que de investigaría y castigaría a los responsables de dicha agresión.

Para el 3 de febrero de 2022 en el Centro de Justicia Penal de Puebla se llevó a cabo una audiencia en la que un juez de control ordenó y dio un plazo de tres meses a la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Mujer para hacer un plan de investigación con perspectiva de género, pero en esta ocasión en conjunto con víctimas, es decir, sus padres y la asesoría jurídica.

Tal plazo concluiría el 3 de mayo, situación por la que la familia de la mujer que contaba con 26 años de edad, el jueves 28 de abril se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres para conocer los avances de las autoridades ministeriales, sin embargo, se encontraron que no tomarían en cuenta sus peticiones, por lo que hicieron una manifestación para exigir se consideraran sus propuestas.

Al momento, los padres de Zyanya están a la espera de la fecha para la próxima audiencia en la que se exponga el plan de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que el caso se investigue como feminicidio.

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Cierran alcaldía de Nealtican; alcaldesa no llega a asamblea para abordar el envío de agua a la ciudad de Puebla

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Pobladores de Nealtican “tomaron” la presidencia municipal en respuesta al “plantón” que les dio la alcaldesa Imelda Gil, al no acudir a la asamblea pública, a la cual había quedado de asistir para tratar el asunto relacionado con el envío de agua que desde esta jurisdicción se realiza a la ciudad de Puebla.

Amagan con no reabrir el inmueble hasta que la primera regidora “dé la cara al pueblo”, pues gobierna con un doble discurso y pone pretextos para no informar las decisiones que aprueba vía Cabildo o sostiene ante el gobierno federal y estatal en torno al tema.

Con mantas, los defensores de este recurso natural hicieron saber, por enésima ocasión, su desacuerdo de que Nealtican siga dotando de este líquido a la capital poblana, como lo hace desde el año 1994.

Acentuaron aún más su molestia, porque recientemente autoridades estatales informaron que hay un paquete de siete proyectos de infraestructura en beneficio del municipio, a cambio de la supuesta perforación de un pozo profundo más.

Ya no más agua para Puebla, ya no más concesión
fue lo que externaron en asamblea pública, realizada en el auditorio municipal, varios pobladores.
Ante la presencia de tres regidoras y del síndico municipal, quienes acudieron a la reunión para decir que la asamblea a la que acudirá la alcaldesa será la programada mañana y no la de este lunes, los inconformes lamentaron el doble discurso de las autoridades municipales, pues desde octubre pasado aparentemente se escudan en no tener información oficial o estar a la espera de la misma para emitir una postura.

Se dicen cansados de escuchar mentiras
De forma directa, puntualizaron estar cansados de escuchar mentiras y pretextos de quienes hoy gobiernan el municipio.

Posteriormente, decidieron colocar mantas en la entrada principal de la alcaldía para hacer la “toma” del inmueble.

No nos iremos hasta que venga la alcaldesa, ya no más promesas sin cumplir, queremos que nos explique qué pasará con el agua del municipio y que apoye al pueblo
sostuvieron.
También se pronunciaron porque se finalice el convenio de 1994 y que se decliné cualquier intención de concesión del agua de los tres pozos profundos que operan en Nealtican a favor del suministro que una empresa privada hace en zonas de la ciudad de Puebla.

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CDH Puebla analiza inconstitucionalidad de reforma sobre ciberasedio

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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Rosa Isela Sánchez Soya, confirmó que el organismo ya realiza un análisis jurídico de la reforma al artículo 480 del Código Penal del estado, el cual tipifica el delito de ciberasedio.

La revisión inició desde la semana pasada antes de la una solicitud formal recibida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista, la ombudsperson poblana detalló que si bien desde la aprobación de la reforma se comenzó con una revisión interna, fue hasta el pasado 20 de junio cuando inició la intervención del organismo.

“Nosotros desde la Comisión hacemos la acción de inconstitucionalidad siempre y cuando obtengamos los datos precisos para poderla promover. Es la postura que tenemos que asumir dependiendo de cómo se desarrollen las cosas en el Congreso”, explicó.

Sánchez Soya subrayó que el análisis se basa en criterios jurídicos y en el respeto pleno a los derechos humanos, los cuales —añadió— deben entenderse más allá de lo discursivo y deben incluir principios esenciales como la dignidad y la paz social.

“Hablamos mucho del respeto a los derechos humanos. Hay dos valores fundamentales que se han ido perdiendo. Hay un filósofo alemán que es Immanuel Kant que nos invita a considerar la dignidad humana como un valor intrínseco que debe respetarse en la individualidad”, señaló.

La presidenta agregó que el concepto de paz también debe abordarse de manera más amplia, no sólo como la ausencia de conflicto bélico, sino como una condición de convivencia civil en la que se erradique toda forma de violencia.

“La paz no debe verse únicamente como la ausencia de guerra, sino como una convivencia civil pacífica donde no impere la violencia entre los seres humanos”, puntualizó.

En su mensaje, dirigió una reflexión especial a los medios de comunicación, reconociendo su papel como aliados en la promoción de derechos humanos, pero también señalando la importancia de equilibrar la libertad de expresión con el respeto a otros derechos fundamentales.

“Les tengo un trato especial y no lo digo de dientes para afuera. Sé que son quienes nos ayudan incluso todos los días a recibir quejas de manera oficial… Pero también tenemos que tomar en cuenta los derechos de otras personas”, enfatizó.

Cabe recordar que la CNDH ya informó que analiza el contenido del artículo 480 reformado, y no ha descartado promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si se determina que dicha figura penal contraviene preceptos constitucionales.

Por su parte, la CDH Puebla mantiene su evaluación técnica y jurídica del tema y se mantendrá atenta a la evolución legislativa y judicial en torno a la nueva figura penal del ciberasedio.

“Estamos considerando muchos elementos y quedo atenta a ustedes”, concluyó Rosa Isela Sánchez Soya.

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Cae peligrosa banda delictiva que asaltaba restaurantes en Puebla

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En las últimas horas, cayeron tres integrantes de una banda criminal dedicada al robo a comercios en la capital poblana; los sujetos, fueron capturados cuando intentaban darse a la fuga tras atracar un negocio de comida en la colonia El Arenal.

Ya fueron detenidos tres de los probables sujetos que estarían relacionados con distintos asaltos ocurridos en restaurantes de la zona metropolitana de Puebla. Se trata de José N., de 49 años, Erick N., de 34 y Yeudiel N., de 38, quienes cuentan con antecedentes penales por diferentes delitos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de los tres sujetos, luego de que atracaran un negocio de comida en la colonia El Arenal, en la ciudad de Puebla.

Las autoridades fueron alertados en tiempo real acerca del robo, por lo que de inmediato acudieron al sitio, lo que permitió la captura de los responsables que pretendían escapar a bordo de un vehículo.

Tras la llegada de los policías, los sicarios fueron capturados. Asimismo, los oficiales aseguraron el automóvil en el que pretendían huir y tres armas de fuego.

Los tres, cuentan con antecedentes penales por diferentes ilícitos. En el caso de Yeudiel N., por robo a comercio, alterar el orden público, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y entorpecer el ejercicio de facultades de autoridades municipales.

Erick N., por portación de arma de fuego sin licencia, delitos contra la salud y robo a transeúnte, entre otros; en tanto que, José N., por cohecho y portación de arma de fuego sin licencia.

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