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Familiares acusan simulación y falta de avances en la investigación en el caso Zyanya:

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Simulación y falta de avances en la investigación del caso por parte de las autoridades ministeriales acusaron los padres de Zyanya, la médico pediatra encontrada muerta en 2018 en el departamento que rentaba en el fraccionamiento Real de Zavaleta; además de lo anterior, los padres de la hoy occisa están a la espera de la fecha para la próxima audiencia en la que se exponga el plan de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

María Patricia Becerril, madre de Zyanya, comentó en entrevista para El Sol de Puebla, que a pesar del comunicado de prensa que la Fiscalía emitió diciendo que se accedió a tomar en cuenta las propuestas de la familia para el plan de investigación con perspectiva de género que en febrero de 2022 un juez de control ordenó elaborar, al momento no se ha logrado tales fines, por lo que consideran que es una clara simulación de la institución, además de que no hay avances en el proceso de investigación.

La entrevistada destacó que existe una petición de firma a través de la plataforma change.org para solicitar la destitución de la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, Raquel Avendaño.

“La petición de change es real, ya que nuevamente nos encontramos ante la falta de voluntad e incumplimiento para lo ordenado por el juez de control, de reencausar la investigación con perspectiva de género y debida diligencia, además de las propuestas en coadyubancia con la asesoría jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para establecer un Plan Metodológico de Investigación”, indicó.

Agregó que hasta el 16 de mayo fueron notificados de que se contemplarían sus propuestas y les dieron tres días para contestar.

Fue así como el asesor legal de la familia de Zyanya presentó el escrito y ahora solo les queda esperar la respuesta del juez para que los cite a audiencia en aproximadamente 15 días.

Zyanya, de 26 años, llegó a Puebla procedente de la Ciudad de México en el año 2017; su objetivo era estudiar la especialidad en Pediatría haciendo prácticas dentro del Hospital del Niño Poblano; por eso rentó una vivienda cercana al nosocomio, específicamente en el Fraccionamiento Real de Zavaleta, donde a los pocos meses otra amiga de trabajo le rogó para que compartieran el domicilio y ella de buena caridad aceptó.

Esa mujer, de quien al momento se han reservado su identidad, fue quien el 15 de mayo de 2018 reportó el hallazgo del cuerpo de Zyanya, el cual estaba atado del cuello con un lazo.

Luego de que se diera parte a las autoridades policiacas del municipio, al lugar también acudieron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes encontraron una carta póstuma en la que supuestamente la médica se disculpaba por ser un fracaso como profesionista, pues aseguraba que no era buena en el hospital; más adelante, con el resultado de la necropsia, se asentó que se trató de un suicidio.

No obstante, los familiares de la joven a lo largo de 4 años han asegurado que se trató de un feminicidio, por lo que con diversas manifestaciones y la contratación de peritos particulares solicitaron una ampliación de la investigación bajo perspectiva de género.

Incluso la mañana del 22 de mayo de 2021, cuando por orden judicial ya se iba a entregar a los dueños la casa que la joven rentaba, llegó un grupo de familiares y conocidos de Zyanya para tratar de evitarlo ya que aseguraron, aún podían existir evidencias que confirmaran el feminicidio.

La familia de la hoy occisa aseguró que contaba con un amparo donde un juez federal ordenó al juez penal del proceso que volviera a analizar el caso y se determinara si en realidad fue un suicidio o realmente debería investigarse un feminicidio

El 22 de mayo de 2021, la familia de Zyanya fue repelida de manera violenta por personal de la Fiscalía de Puebla, cuando intentaba ingresar a las instalaciones de la dependencia para exigir que el caso se investigara como un feminicidio y no suicidio; al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a respetar al derecho a la manifestación pacífica.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo respetar la libre expresión además de que sentenció que de investigaría y castigaría a los responsables de dicha agresión.

Para el 3 de febrero de 2022 en el Centro de Justicia Penal de Puebla se llevó a cabo una audiencia en la que un juez de control ordenó y dio un plazo de tres meses a la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Mujer para hacer un plan de investigación con perspectiva de género, pero en esta ocasión en conjunto con víctimas, es decir, sus padres y la asesoría jurídica.

Tal plazo concluiría el 3 de mayo, situación por la que la familia de la mujer que contaba con 26 años de edad, el jueves 28 de abril se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres para conocer los avances de las autoridades ministeriales, sin embargo, se encontraron que no tomarían en cuenta sus peticiones, por lo que hicieron una manifestación para exigir se consideraran sus propuestas.

Al momento, los padres de Zyanya están a la espera de la fecha para la próxima audiencia en la que se exponga el plan de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que el caso se investigue como feminicidio.

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Puebla celebra a los adultos mayores con una amplia y colorida cartelera cultural

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En el marco de las celebraciones dedicadas a las personas de la tercera edad, el estado de Puebla preparó una nutrida y diversa oferta cultural diseñada específicamente para reconocer la trayectoria, sabiduría y aportación de los abuelitos a la sociedad. Las actividades buscan integrar a los sectores de la tercera edad en espacios dinámicos de recreación y convivencia comunitaria.

La programación artística incluye presentaciones musicales, muestras artesanales, obras de teatro y exposiciones pictóricas distribuidas en diferentes recintos culturales del centro histórico y zonas conurbadas. El propósito fundamental de estas acciones institucionales es fomentar la inclusión social y garantizar el derecho al esparcimiento de los sectores longevos de la población.

Las autoridades encargadas del sector cultural destacaron que los eventos se han diseñado pensando en la accesibilidad y comodidad de los adultos mayores y sus familias. Asimismo, se han habilitado espacios de expresión donde los abuelitos pueden compartir sus saberes tradicionales, fortaleciendo el tejido comunitario y la transmisión intergeneracional de la memoria histórica local.

La respuesta de la ciudadanía ha sido sumamente favorable, registrando una gran afluencia de asistencia en cada una de las sedes habilitadas para los festejos. Los asistentes han celebrado la iniciativa gubernamental, calificándola como un acierto para valorar la dignidad de quienes han construido las bases de la comunidad poblana a lo largo de décadas.

Con estas jornadas culturales, Puebla refrenda su compromiso institucional con el bienestar integral de la vejez, demostrando que la cultura es una herramienta poderosa de integración social. Las actividades continuarán durante los próximos días para permitir que más familias se sumen al reconocimiento de los adultos mayores.

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Denuncian fracturas y confrontación entre facciones por el control del comité local de Atlixco

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El escenario político en el municipio de Atlixco registra momentos de alta tensión interna tras destaparse una serie de fricciones y confrontaciones abiertas entre distintos grupos que se disputan el control del comité local de la organización política Somos México. Los desacuerdos evidencian una lucha encarnizada por el posicionamiento territorial de cara a los futuros reacomodos partidistas.

De acuerdo con diversos reportes locales, las diferencias entre los liderazgos se intensificaron a raíz de la definición de prioridades y nombramientos al interior de la demarcación. Los distintos bloques en pugna acusan exclusión y falta de consensos mínimos, lo que ha provocado un ambiente polarizado que debotea la estructura operativa de la agrupación en la región.

La disputa en Atlixco refleja a su vez el complicado momento jurídico y político que enfrenta la marca a nivel nacional, la cual ha tenido que librar batallas legales ante los tribunales electorales para defender su denominación oficial y su registro frente a las restricciones impuestas por las autoridades electorales.

Los militantes inconformes de la región han exigido a las dirigencias estatales y nacionales la apertura de canales de diálogo transparentes para evitar que la confrontación local derive en una ruptura definitiva. Advierten que la imposición de intereses cupulares únicamente aleja a la ciudadanía y debilita las posibilidades reales de consolidación política en el municipio.

Mientras los grupos locales continúan midiendo fuerzas, el futuro del comité de Atlixco permanece en la incertidumbre. La capacidad de conciliación de los mandos superiores será determinante para calmar los ánimos y lograr una tregua que permita reorganizar los trabajos territoriales sin fracturas irreparables.

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Destituyen a 13 trabajadores de Cecofam tras denuncias de corrupción y cobros indebidos

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El Poder Judicial del Estado de Puebla ejecutó una importante depuración al interior del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), confirmando la remoción de 13 servidores públicos. Esta medida correctiva se implementó tras documentar diversas irregularidades graves, entre las que destacan presuntos actos de extorsión y cobros ilegicientes —conocidos comúnmente como «moches»— a los padres de familia que acuden a las instalaciones para ver a sus hijos.

La decisión fue anunciada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, durante una postura oficial en la que detalló que las investigaciones internas alcanzaron a personal de distintas áreas. La red de irregularidades involucraba tanto a psicólogos y trabajadores sociales como a médicos, directivos y jefes de departamento que operaban al margen de la ley dentro del organismo.

De acuerdo con las indagatorias del órgano judicial, los implicados exigían depósitos de dinero utilizando cuentas de índole personal e incluso recurrían a las mismas plataformas bancarias institucionales donde recibían sus nóminas oficiales. Estas acciones no solo violentaban los reglamentos internos, sino que vulneraban la economía de familias en procesos legales sumamente vulnerables y sensibles.

Esta intervención administrativa se originó un día después de una protesta generalizada encabezada por aproximadamente 35 trabajadores del Cecofam. Dicha manifestación paralizó temporalmente las actividades cotidianas del inmueble como forma de reclamo ante una supuesta sobrecarga laboral, falta de personal operativo, cancelación de periodos vacacionales y presunto acoso institucional para forzar renuncias.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon que las demandas laborales no frenarán las sanciones contra quienes descuidaron sus responsabilidades. El Consejo de la Judicatura enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar el bienestar y la seguridad emocional de las niñas, niños y adolescentes poblanos, garantizando que las convivencias familiares se desarrollen bajo un entorno transparente, seguro y completamente libre de corrupción.

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