Washington/Seúl, Estados Unidos/Corea del Sur.— El presidente Donald Trump anunció que elevará del 15% al ​​25% los aranceles a las importaciones surcoreanas hacia Estados Unidos —incluidos automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros rubros con trato recíproco— al acusar a la Legislatura de Corea del Sur de “no cumplir” con el acuerdo comercial alcanzado con Washington. El mandatario difundió el aviso en redes sociales y no precisó cuándo entrará en vigor el aumento.

Ni la Oficina Presidencial en Seúl ni la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Trump ha amenazado antes con nuevos gravámenes y en ocasiones los ha aplazado o descartado .
Corea del Sur trabajó en la implementación del acuerdo anunciado el año pasado , que redujo al 15% los aranceles estadounidenses contra buena parte de sus exportaciones. A inicios de enero, el ministro de Finanzas surcoreano advirtió que la inversión planificada de 350.000 millones de dólares en sectores estratégicos de Estados Unidos probablemente no se iniciaría en la primera mitad de 2026 , debido a la debilidad del won y la preocupación por las salidas de divisas en un contexto de depreciación a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2007–2009.

Durante su segundo mandato, Trump ha usado los aranceles como herramienta de política exterior, una estrategia que genera preocupación entre economistas y que enfrenta además un examen en un caso ante la Corte Suprema . En el entendimiento bilateral del año pasado, Washington y Seúl acordaron fijar en 15% los gravámenes a las importaciones estadounidenses de autos y autopartes coreanas —desde el 25% anterior— para equipararlos con los de sus competidores japoneses . Asimismo, Seúl se comprometió, dentro del paquete de 350.000 millones , a aportar 200.000 millones en efectivo en cuotas escalonadas , con un tope de 20.000 millones anuales , para fin de estabilizar el won .

Para Josh Lipsky , responsable de economía internacional del Atlantic Council , la decisión refleja la impaciencia de Washington ante el ritmo de la promulgación del marco comercial en Seúl. Es, dijo, “otro recordatorio de que los mercados se equivocaron al creer que alcanzaríamos la estabilidad arancelaria en 2026”, y subrayó que la volatilidad por sí sola “tiene un precio”.

El gobierno interino de Venezuela aseguró recientemente que 808 personas consideradas presos políticos han sido liberadas, cifra que fue anunciada por autoridades estatales como parte de un proceso de excarcelaciones iniciado meses atrás. Sin embargo, esta cifra ha sido cuestionada por organizaciones independientes que realizan seguimientos detallados de los casos.

La administración, encabezada por Delcy Rodríguez, ha presentado balances públicos sobre las liberaciones en medios oficiales y defendido que el proceso de excarcelación comenzó antes de diciembre de 2025. Según estas declaraciones, el conteo acumulado de personas que han salido de los centros de reclusión supera ampliamente las 800, incluyendo ciudadanos venezolanos y extranjeros detenidos por motivos políticos.
No obstante, Foro Penal, una destacada organización de derechos humanos que monitorea detenciones por causas políticas en el país, ha reportado cifras significativamente menores. Su presidente, Alfredo Romero, indicó que solo 383 casos han sido verificados y confirmados hasta ahora, destacando que el ritmo de liberaciones ha sido más lento de lo reflejado en los informes oficiales. Esta brecha en los datos se atribuye a la falta de listas públicas y verificables por parte del Estado, lo que dificulta comprobaciones independientes.

Podemos adelantar un acuerdo con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez para aprobar, vía real decreto, una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular que podría beneficiar a cerca de 500 mil individuos. Según explicó la eurodiputada Irene Montero, la medida será este martes aprobada en el Consejo de Ministros y permitirá acceder al procedimiento a quienes acreditan al menos cinco meses de estancia en España, con independencia de su forma de entrada o situación previa.

De acuerdo con lo anunciado, podrán acogerse quienes demuestren residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y prueben una permanencia continuada mínima de cinco meses mediante documentos como empadronamientos, informes médicos o justificantes de envíos de dinero. Mientras se tramite la solicitud, el Gobierno otorgará una autorización provisional de residencia, lo que supondrá un blindaje administrativo inmediato para los solicitantes. Montero subrayó que Podemos velará por un proceso ágil y eficaz y ubicó la medida en la necesidad de proteger a este colectivo frente a lo que describió como “violencia racista”.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa es necesaria para ordenar una situación desbordada y que no requerirá trámite parlamentario, al aprobarse por decreto. La regularización se enmarca, además, en la Iniciativa Legislativa Popular sobre migración que obtuvo el respaldo de la mayoría del arco parlamentario —con la excepción de Vox— y el voto favorable del Partido Popular (PP).

El anuncio generó reacciones inmediatas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó en redes sociales la oportunidad y el alcance de la medida, a la que atribuyó un “efecto llamada” y un posible impacto en los servicios públicos. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, rechazó la regularización y la calificó como un estímulo a la inmigración irregular.