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Hasta 7 años de prisión para alcaldes que contraten a policías sin exámenes se propones en el Congreso del Estado

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Siete años de prisión será la pena máxima que podrán enfrentar los alcaldes que contraten y permitan que entre las filas de sus respectivas policías municipales haya uniformados sin exámenes de control y confianza.

Durante la sesión ordinaria de hoy en el Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del estado, se presentará una iniciativa firmada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual busca que los ediles que sean omisos y permitan que haya individuos sin certificación ejerciendo como gendarmes municipales, sean encarcelados por un periodo de entre tres meses y siete años. Una vez ingresada, la propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual votación próximamente.

Esta sanción será aplicable también para los uniformados apócrifos que acepten el cargo, aun a expensas de carecer del Certificado Único Policial (CUP), documento que es expedido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) únicamente a los elementos que aprueban satisfactoriamente sus pruebas de control y confianza.

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Asimismo, esta dependencia exige que los elementos puedan comprobar su conocimiento sobre el marco jurídico aplicable, además de que es evaluado su desempeño y las competencias individuales.

En ese sentido, los cambios a la ley que pretende realizar el titular del Ejecutivo local son, específicamente, al Código Penal del Estado, en sus artículos 418 y 419; además de la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 209.

Cabe recordar que el antecedente de esta iniciativa parlamentaria fue el violento asesinato de Maurilio Herrera, quien se desempeñaba como titular de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle y quien, según Barbosa Huerta, ejercía su cargo sin tener un CUP, aun con la venia del alcalde emanado del Partido Pacto Social de Integración (PSI), José Édgar García Ramírez.

Este mando policiaco fue hallado desmembrado al interior de dos bolsas de plástico en un parque del citado municipio, en la noche del pasado 20 de noviembre. Junto a los restos del cadáver reposó un mensaje en el cual una persona autonombrada “El Señor del Taco” se adjudicó la responsabilidad del homicidio.

No obstante, momentos antes, Herrera fue exhibido en un video publicado en redes sociales en el que fue aparentemente obligado a confesar el asesinato de cuatro personas, todas originarias de Tulcingo de Valle y desaparecidas varias semanas antes.

Por lo tanto, durante su conferencia de prensa del pasado 22 de noviembre, Barbosa Huerta informó que el ex titular de esa corporación nunca acreditó haber aprobado su examen de control de confianza y aun así ejerció un puesto de mando.

“Quiero destacar que el director de la policía, el jefe policiaco asesinado, no tenía aprobado exámenes de control y confianza y, a pesar de eso, fue designado en el cargo. No voy a imputar a él nada, porque eso es parte de la investigación, pero el señor no tuvo porque estar en el cargo de jefe de la policía allá en Tulcingo de Valle”, declaró entonces el gobernador.

Aunado a ello, según expuso en entrevista con El Sol de Puebla Rubén Alberto Curiel Tejeda, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo 21, respecto a la responsabilidad que envuelve a los ediles para garantizar la fiabilidad y certificación de sus policías, en especial de aquellos que lideran sus corporaciones.

Por último, no hay que olvidar que acciones como la desempeñada por García Ramírez serían no sólo una omisión, sino también una falta constitucional, las cuales deben ser perseguidas de oficio o por querella por las autoridades ministeriales.

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Ayuntamiento paga 1 mdp por asesorías para contestarle a CNDH y CDH Puebla

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El Ayuntamiento de Puebla pagó un millón de pesos a la empresa Gubasa Consultores por el servicio de asesorías para atender los requerimientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla).

De acuerdo con el contrato número AD/SM-DGJ-005-2026 el gobierno municipal que encabeza José Chedraui Budib recibe asesoría desde el mes de febrero y este servicio terminará en noviembre del presente año.

La empresa Gubasa Consultores, que ofrece el servicio de asesoría, no es ninguna desconocida para el Ayuntamiento de Puebla, ya que en este mismo año recibió otro contrato de 256 mil 500 pesos por ofrecer el servicio para elaborar un programa para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Ambos contratos se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia en la sección del primer trimestre del año; el contrato por asesoría lo firmó la Sindicatura Municipal, a cargo de Mónica Silva Ruiz.

Este convenio obliga a la empresa a asesorar al gobierno municipal para que atienda las peticiones de la CDH Puebla y de la CNDH.

El Ayuntamiento de Puebla ya hizo válido este contrato, pues el 6 de mayo la CDH Puebla emitió una queja en contra de la administración municipal por no implementar acciones libres de violencia de género.

Por otra parte, Gubasa Consultores también fue contratada por la Secretaría de las Mujeres para crear un programa de atención de violencia, lo cual consta en el documento SMU-DPAV-001-2026.

Esta empresa es especialista en temas de prevención de la violencia y la delincuencia, seguridad ciudadana, participación ciudadana, violencia familiar y de género, equidad de género, atención y disminución de la violencia contra las mujeres.

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Impulsan diputadas iniciativa para fortalecer el Registro de Órdenes de Protección a Mujeres y Menores en Puebla

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Las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda De la Barreda Angon, Xel Arianna Hernández García, Esther Martínez Romano, María Soledad Amieva Zamora, Ana Lilia Tepole Armenta, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Susana del Carmen Riestra Piña presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que las autoridades competentes del Estado y los municipios deberán coadyuvar con las autoridades federales competentes en la integración, actualización, seguimiento, coordinación y cumplimiento del Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Igualdad de Género.
De igual forma, las diputadas Xel Arianna Hernández García, Esther Martínez Romano, Susana del Carmen Riestra Piña, Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda De la Barreda Angon y María Soledad Amieva Zamora presentaron una iniciativa para reformar el artículo 95 y adicionar un último párrafo al artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de que la Fiscalía General del Estado cuente con una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres, y en su caso, con sedes regionales en la entidad.

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“No estoy en México”: cirujana peruana denuncia uso de su imagen por falsa doctora de Puebla

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Una nueva denuncia ha surgido contra Diana Alejandra Palafox Mendoza, la falsa cirujana en Puebla acusada de desaparecer y abandonar sin vida a la joven Blanca Adriana Vázquez tras someterse a una presunta cirugía estética.

Es ahora la cirujana plástica Liliana Príncipe Arnáez, oriunda de Perú, quien acusó que sus videos donde se aprecia mostrando algunos de sus procedimientos fueron ocupados por Diana Alejandra para promocionar la ‘Detox Clínica’.

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Fue a través de sus redes sociales que la especialista indicó que no tiene nada que ver con el caso y que incluso desconocía que su imagen era utilizada para promocionar una clínica en México.

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Es importante recordar que existió un video difundido en distintos medios de comunicación donde se mostraba a una mujer sosteniendo un aparato utilizado para liposucciones.

Sin embargo, se pensó que se trataba de la falsa doctora debido a que fue ella quien lo compartió en sus propias redes sociales, además de enviarlo como referencia a varias de sus pacientes.

“Me he despertado luego de haber tenido una mala noche, me despertaron los chicos de redes para informarme que estaba corriendo un video de El Heraldo de México donde están desinformando”, dijo la especialista citando un video que subió el portal El Heraldo de México.
Todo apunta a que Diana Alejandra Palafox se hizo pasar por la Dra. Liliana Príncipe aprovechando que en uno de sus videos la especialista aparece con un cubrebocas, lo que impide apreciarle el rostro completo.

“No soy yo la que trabaja en México. Yo solamente trabajo en Perú y trabajo en Lima, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que no opero en otros lugares, no opero en otras ciudades como hacen otros cirujanos que viajan. Yo no hago eso porque no puedes tener registro en todos los países”, indicó.

Dra. Liliana Príncipe suma 19 años como profesional: “no estoy en México”

En un breve video publicado en sus redes sociales la Dra. Liliana indicó que si bien sí es la que aparece en la imagen, ella no ha causado daño a ninguna otra persona.

Además, reveló que suma ya 19 años como cirujana plástica y que su especialidad la realizó en Brasil, aunque mencionó que ella únicamente opera en Perú y que por ningún motivo atiende fuera de ese país.

“Yo soy la doctora Príncipe. Yo soy la que sale en es imagen, y no soy la persona que le ha causado daño a otra persona […] No opero en otra ciudad. Te equivocaste y te confundiste de persona”.

Finalizó con un comunicado donde dejó claro que no cuenta con ningún centro estético en México, además de señalar que sus procedimientos son costosos debido a que es responsable con los protocolos de seguridad.
“No estoy en México, no radico allá. Soy la persona del video, pero no soy la persona de la que hablan”, puntualizó.

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