Siete años de prisión será la pena máxima que podrán enfrentar los alcaldes que contraten y permitan que entre las filas de sus respectivas policías municipales haya uniformados sin exámenes de control y confianza.
Durante la sesión ordinaria de hoy en el Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del estado, se presentará una iniciativa firmada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual busca que los ediles que sean omisos y permitan que haya individuos sin certificación ejerciendo como gendarmes municipales, sean encarcelados por un periodo de entre tres meses y siete años. Una vez ingresada, la propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual votación próximamente.
Esta sanción será aplicable también para los uniformados apócrifos que acepten el cargo, aun a expensas de carecer del Certificado Único Policial (CUP), documento que es expedido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) únicamente a los elementos que aprueban satisfactoriamente sus pruebas de control y confianza.
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Asimismo, esta dependencia exige que los elementos puedan comprobar su conocimiento sobre el marco jurídico aplicable, además de que es evaluado su desempeño y las competencias individuales.
En ese sentido, los cambios a la ley que pretende realizar el titular del Ejecutivo local son, específicamente, al Código Penal del Estado, en sus artículos 418 y 419; además de la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 209.
Cabe recordar que el antecedente de esta iniciativa parlamentaria fue el violento asesinato de Maurilio Herrera, quien se desempeñaba como titular de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle y quien, según Barbosa Huerta, ejercía su cargo sin tener un CUP, aun con la venia del alcalde emanado del Partido Pacto Social de Integración (PSI), José Édgar García Ramírez.
Este mando policiaco fue hallado desmembrado al interior de dos bolsas de plástico en un parque del citado municipio, en la noche del pasado 20 de noviembre. Junto a los restos del cadáver reposó un mensaje en el cual una persona autonombrada “El Señor del Taco” se adjudicó la responsabilidad del homicidio.
No obstante, momentos antes, Herrera fue exhibido en un video publicado en redes sociales en el que fue aparentemente obligado a confesar el asesinato de cuatro personas, todas originarias de Tulcingo de Valle y desaparecidas varias semanas antes.
Por lo tanto, durante su conferencia de prensa del pasado 22 de noviembre, Barbosa Huerta informó que el ex titular de esa corporación nunca acreditó haber aprobado su examen de control de confianza y aun así ejerció un puesto de mando.
“Quiero destacar que el director de la policía, el jefe policiaco asesinado, no tenía aprobado exámenes de control y confianza y, a pesar de eso, fue designado en el cargo. No voy a imputar a él nada, porque eso es parte de la investigación, pero el señor no tuvo porque estar en el cargo de jefe de la policía allá en Tulcingo de Valle”, declaró entonces el gobernador.
Aunado a ello, según expuso en entrevista con El Sol de Puebla Rubén Alberto Curiel Tejeda, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo 21, respecto a la responsabilidad que envuelve a los ediles para garantizar la fiabilidad y certificación de sus policías, en especial de aquellos que lideran sus corporaciones.
Por último, no hay que olvidar que acciones como la desempeñada por García Ramírez serían no sólo una omisión, sino también una falta constitucional, las cuales deben ser perseguidas de oficio o por querella por las autoridades ministeriales.
