La exsecretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, se negó este viernes a responder preguntas de legisladores de la Cámara de Representantes sobre la posible participación del presidente Donald Trump en la divulgación de los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Durante una entrevista a puerta cerrada en el Capitolio, la exfuncionaria defendió la actuación del gobierno de Trump en un proceso que fue cuestionado por retrasos y por la exposición de información personal de posibles víctimas.

Bondi llegó por la mañana al edificio de oficinas Rayburn House para comparar ante el comité. En su declaración inicial, sostuvo que el entonces subsecretario de Justicia y actual titular interino del cargo, Todd Blanche, supervisó la publicación de los documentos del caso Epstein, conforme a una ley aprobada por el Congreso y firmada por Trump el año pasado.
La exfuncionaria afirmó que la justicia y la transparencia en este asunto fueron cumplidas por instrucción del presidente Trump y su administración, de acuerdo con una copia escrita de su declaración inicial.

La entrevista transcrita permitió a los legisladores buscar información sobre la forma en que el gobierno de Trump manejó los archivos de Epstein, así como otros temas vinculados al caso, entre ellos la condena de Ghislaine Maxwell, expareja y confidente del magnate.

Sin embargo, los legisladores demócratas señalaron que Bondi les informó que no hablaría sobre el presidente durante la entrevista. Tras consultar con un abogado del Departamento de Justicia, invocó su facultad de negarse a responder ciertas preguntas, debido a que aceptaron comparar ante el comité de manera voluntaria.

El representante demócrata de California, Dave Min, criticó el desarrollo de la comparancia y afirmó durante un receso que no estaban respondiendo a ninguna pregunta. Por su parte, el legislador demócrata James Walkinshaw, de Virginia, dijo que le preguntó a Bondi si Trump tenía conocimiento de los delitos de Epstein antes de que estos se hicieran públicos. Según sus notas, la respuesta de Bondi fue que no estaba segura del alcance de ese conocimiento.

Epstein se suicidó en 2019 dentro de una celda en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio. Maxwell, socialité británica, fue condenada en 2021 por atraer a adolescentes para que Epstein abusara sexualmente de ellas. Ella ha sostenido su inocencia y ha afirmado que no debió ser procesada. En agosto pasado, el Departamento de Justicia la trasladó de una prisión federal en Florida a un campamento penitenciario en Texas.

Los legisladores buscan esclarecer qué decisiones tomaron los fiscales respecto a posibles investigaciones contra personas asociadas con Epstein, cómo gestionó el Departamento de Justicia la orden del Congreso para divulgar los archivos y si Trump intervino en ese proceso.

En su declaración inicial, Bondi reconoció que la publicación de los documentos fue un procedimiento complejo y de gran carga laboral. También admitió que el Departamento de Justicia cometió errores en las partes censuradas, aunque defendió en términos generales la actuación de la institución y aseguró que se cumplió la ley con un compromiso inédito de transparencia.

Varios sobrevivientes de los abusos de Epstein acudieron al exterior de la oficina donde se llevó a cabo la entrevista para hacer sentir su presencia ante Bondi. Algunas de ellas dijeron que agentes de policía las apartaron cuando intentaban acercarse al lugar. Danielle Bensky, una de las sobrevivientes, expresó que esperaba que la exfuncionaria recordara la dimensión humana del caso y la importancia de actuar con compasión más allá de la retórica política.

Los sobrevivientes también pidieron a los legisladores exigir cuentas a Bondi por la forma en que se manejó la divulgación de los archivos, proceso en el que se reveló información personal de posibles víctimas. Además, encararon al presidente del comité, el republicano James Comer, quien les aseguró que presionaría para que se liberen los archivos completos conforme a la ley y afirmó que buscan justicia para los sobrevivientes.

Bondi, quien esta semana reveló que recibe tratamiento por cáncer de tiroides, se ha mantenido cercana al entorno político de Trump después de haber sido destituida del cargo a principios de abril. Esta semana, el mandatario la nombró integrante de un panel de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial. Para la entrevista del viernes, estuvo acompañado por funcionarios del Departamento de Justicia, entre ellos Harmeet Dhillon, responsable de la División de Derechos Civiles, quien actuó como su asesora legal.

Los demócratas consideraron que ese acompañamiento representa un conflicto de intereses.

Bondi ha sido una figura central en la controversia política sobre Epstein, luego de haber elevado inicialmente las expectativas sobre una divulgación total de los llamados archivos Epstein y después retroceder. Ese cambio llevó al Congreso a intervenir y aprobar una ley para exigir la publicación de los documentos.

La exsecretaria de Justicia recibió más críticas cuando la divulgación realizada por el Departamento de Justicia se retrasó e incluyó información personal y fotografías de desnudos de varias posibles víctimas. En comparaciones previas ante el Congreso, Bondi sostuvo que intentaba cumplir la ley.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes mantiene una investigación amplia sobre Epstein, que abarca distintas administraciones presidenciales.

El formato de la entrevista también fue motivo de disputa. El comité citó a Bondi en marzo mediante una votación bipartidista, pero ella intentó frenar esa exigencia con una reunión a puerta cerrada con legisladores, lo que aumentó las tensiones con los demócratas del panel.

Su salida del Departamento de Justicia generó dudas sobre la aplicación de la citación del Congreso. Después de que los demócratas impulsaran una resolución de desacato civil contra la exfuncionaria, Bondi se sometió a una entrevista transcrita en lugar de una declaración jurada.

Los demócratas criticaron ese acuerdo porque, a su juicio, le permitió evitar responder preguntas. También cuestionaron la decisión de Comer de no grabar en video la comparecencia. Robert García, principal demócrata del panel, dijo que seguían decepcionados por la falta de una grabación que pudiera publicarse para la ciudadanía.

Comer defendió la entrevista transcrita como un incentivo para obtener la cooperación de Bondi. También advirtió que el exfuncionario podría enfrentar un proceso judicial siente al Congreso y aseguró que el comité publicará la transcripción de la entrevista.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso en duda el origen del dron que impactó durante la madrugada de este viernes contra un edificio en Rumania, incidente que dejó al menos dos personas heridas y provocó un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia.

Durante una conferencia de prensa realizada en Astaná, Kazajistán, el mandatario ruso señaló que todavía no existen elementos suficientes para determinar con certeza la procedencia del aparato no tripulado. Según indicó, cualquier conclusión debería basarse en los resultados de una investigación técnica especializada.

Putin sostuvo que anteriormente también se han registrado casos en los que drones vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania han terminado fuera de las zonas de combate, alcanzando territorios de otros países. Por ello, insistió en que es necesario esperar los resultados de los peritajes antes de atribuir responsabilidades.

El incidente ocurre en medio de la creciente tensión derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha generado preocupación entre los países vecinos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Rumania forma parte de esta alianza militar y comparte una extensa frontera con Ucrania, situación que la ha colocado en una posición estratégica dentro de la región.

Por su parte, autoridades rumanas informaron que el dron se estrelló contra una zona habitacional, causando daños materiales además de las lesiones reportadas. Funcionarios del país señalaron preliminarmente que el aparato tendría origen ruso, aunque las investigaciones continúan para confirmar esa versión.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, varios países cercanos al área del conflicto han reportado la caída de fragmentos de drones, misiles o artefactos militares en sus territorios. Estos episodios han incrementado las preocupaciones sobre posibles riesgos para la población civil y la seguridad regional.

Las restricciones estarían dirigidas principalmente contra las aerolíneas Iran Air y Mahan Air, empresas que ya enfrentan sanciones por parte de Estados Unidos desde años anteriores debido a acusaciones relacionadas con apoyo logístico y financiero a grupos vinculados con Irán en la región.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Bessent señaló que habrá excepciones para vuelos humanitarios y para ciudadanos iraníes que viajen a Arabia Saudita con motivo de peregrinaciones religiosas a ciudades como La Meca y Medina.

El anuncio ocurre mientras continúan las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán tras semanas marcadas por enfrentamientos militares y tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

El miércoles, el Departamento del Tesoro estadounidense también anunció sanciones contra la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Irán para cobrar tarifas a embarcaciones que atraviesan la zona. Estados Unidos considera que estas acciones afectan el libre tránsito marítimo y generan presión sobre los mercados internacionales.

En los últimos meses, el estrecho de Ormuz ha permanecido bajo fuerte vigilancia debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción en esa ruta puede impactar directamente en los precios globales de la energía, ya que por ese punto circula una parte importante del petróleo que se exporta desde Medio Oriente.

De acuerdo con especialistas en política internacional, las nuevas sanciones podrían complicar aún más la relación entre ambos gobiernos y afectar sectores clave de la economía iraní, particularmente el transporte aéreo y el comercio exterior.

Aunque desde el pasado 8 de abril existe un acuerdo de alto al fuego entre fuerzas iraníes y estadounidenses, distintos reportes señalan que el cese de hostilidades ha sido violado en varias ocasiones. Mientras tanto, continúan las conversaciones diplomáticas en busca de un posible acuerdo que reduzca la tensión en la región.