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Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada

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Treinta y ocho años de prisión. Esa es la sentencia que Estados Unidos impuso este miércoles a Genaro García Luna, antiguo zar antidrogas y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. El exfuncionario de 56 años, alguna vez considerado uno de los hombres más poderosos y temidos de México, selló su destino en la Corte del Distrito Este de Nueva York ―en el mismo tribunal y ante el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2019― por recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa. García Luna ha sido el político mexicano de más alto rango que ha pisado una corte estadounidense. Será también el primer alto mando que purgue una condena en una cárcel de ese país. El juez Brian Cogan, además, le ha impuesto una multa de dos millones de dólares.

“No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel”, afirmó el juez Cogan antes de dictar una sentencia histórica de 460 meses de prisión. Cogan no concedió la cadena perpetua que exigía la Fiscalía ni los 20 años, la pena mínima, que pedía la defensa, pero fue implacable y no dudó. “Usted tiene la misma matonería que El Chapo, sólo que la manifiesta de forma diferente”, aseguró, mientras la mirada del acusado se nublaba y lucía completamente derrotado. El juez castigó la “doble vida” del exsecretario, que aprovechó sus cargos en lo más alto del Gobierno mexicano para favorecer y colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de dos décadas. Ese fue su argumento principal para dictar la pena. “Usted es culpable, señor”, zanjó.

“Yo no he cometido ninguno de estos delitos”, dijo García Luna al dirigirse por primera vez al tribunal que selló su destino. El exsecretario apareció con un traje oscuro, el semblante rígido y el ceño fruncido, pero mientras avanzaba la audiencia, su armadura empezó a hacer mella y agachó la cabeza cuando intervino el juez, el último en tomar la palabra. El exfuncionario aseguró que su caso estaba atravesado por “intereses políticos”, insistió en su buen comportamiento y su legado como servidor público. “Desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido que me permita volver con mi familia”, imploró, por un momento, con la voz entrecortada.

“Él ayudó al cartel, él protegió al cartel, él era el cartel”, afirmó Saritha Komatireddy, la fiscal en jefe. “Usted tiene muerte en sus manos”, agregó. Las autoridades estadounidenses buscaban sentar un precedente contra los funcionarios corruptos de México, argumentó las enormes dificultades de llevarlo ante la justicia y aseguró que el Cartel de Sinaloa no existiría sin la ayuda de funcionarios como Genaro García Luna. “El mensaje que envíe este tribunal será increíblemente importante”, aseguró Komatireddy. “México no es una república bananera, es un vecino importante”, añadió sobre la importancia del caso en comparación con otros líderes latinoamericanos sentenciados en el sistema legal estadounidense.

Tras un juicio de cinco semanas en febrero del año pasado, el veredicto del jurado fue unánime. García Luna fue declarado culpable de cinco delitos en la corte de Brooklyn: tres por conspiración para traficar cocaína, uno más por participar en una empresa criminal continua y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades. La sentencia, prevista en un inicio para junio del año pasado, se retrasó en al menos cinco ocasiones debido a los pedidos de sus abogados para que se repitiera el juicio. El juez Cogan rechazó la solicitud el mes pasado, después de que la Fiscalía destapara que el exsecretario ofreció sobornos de hasta dos millones de dólares a otros presos para que declararan a su favor.

La defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, defendió la inocencia de su cliente y anunció que apelará la condena. “¿Por qué 20 años no son suficientes para un hombre que ya lo ha perdido todo?”. Esa fue la tesis central en el posicionamiento de De Castro, que tampoco convenció al tribunal. El abogado fue increpado por un grupo de manifestantes al grito de “38 años no son suficientes” y que también confrontó a la esposa y la hija de García Luna a su salida de la corte. El representante legal aseguró que defender al exsecretario le valió “amenazas de muerte”. “Calderón, Calderón te espera la prisión”, clamó el colectivo, unos 30 simpatizantes de Morena, el partido gobernante en México.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, llamó “cínico” al exfuncionario, quien hizo llegar una carta al juez en la que pidió clemencia por última vez, acusó al Gobierno mexicano de fabricar “información falsa” y criticó la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum arremetió también contra Calderón y lo retó a pronunciarse sobre el caso. “Queremos ver qué dice”, dijo en su conferencia matutina.

Cogan sostuvo que las ofensas cometidas “son muy serias” y “gravísimas”. También decidió imponer una multa millonaria al no dar credibilidad al estado financiero que presentó la defensa. “Estoy seguro de que tiene algo de dinero escondido”, afirmó. El juez, sin embargo, aceptó la recomendación de que García Luna sea trasladado a una cárcel cerca de la zona metropolitana de Washington, donde reside su familia. La decisión sobre la prisión donde purgará la pena será anunciada en próximas fechas. Se dictó también una condena concurrente de seis meses por el delito de falsedad de declaraciones, cinco años de libertad supervisada y una prohibición de entrada a Estados Unidos tras cumplir la sentencia. El destino del exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha caído en una corte estadounidense quedó escrito a las 17.21 horas.

La audiencia de sentencia estuvo atravesada por una enorme tensión y nerviosismo, el aviso de un terremoto político del otro lado del frontera. Después del exsecretario será Ismael El Mayo Zambada, cofundador y capo entre capos del Cartel de Sinaloa, quien se siente esta misma semana en el banquillo de los acusados en Nueva York, una vez más en la corte del juez Cogan. Tras la caída de El Chapo y García Luna, el proceso contra Zambada, capturado a finales de julio, se perfila como el próximo thriller judicial protagonizado por los narcos de México en Estados Unidos.

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EU acusa a gobernador Rocha Moya de narcotráfico; lo señalan de proteger a «Los Chapitos»

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El ⁠Departamento de ⁠Justicia (DOJ, ⁠por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador ⁠del estado ​mexicano Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios, ‌por su ‌presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

El ​DOJ afirmó que ​Rocha ​y los demás ‌señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de ‌apoyo político y sobornos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.

Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los otros nueve acusados

Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.

Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

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Líneas telefónicas serán suspendidas en México si no son registradas

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El uso del teléfono celular en México ya no será completamente anónimo. Desde inicios de 2026, entró en vigor una disposición que obliga a los usuarios a relacionar su número móvil con datos oficiales de identidad, una medida que ha generado dudas entre la población sobre su funcionamiento y posibles implicaciones.

La nueva regla, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, establece que todas las líneas —ya sean de prepago o pospago— deben estar vinculadas a una persona física o moral. El registro se realiza mediante información como nombre completo, identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento básico en trámites gubernamentales.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el objetivo es reducir delitos como extorsión y fraudes telefónicos, los cuales suelen aprovechar el anonimato de las líneas no registradas. Al asociar cada número con una identidad verificable, se busca facilitar el rastreo de llamadas y reforzar las investigaciones en caso de denuncias.

Para que los usuarios puedan tener control sobre esta información, la propia comisión habilitó un sistema de consulta. A través de su portal, cualquier persona puede revisar cuántas líneas están registradas con su CURP. El proceso incluye ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la compañía telefónica correspondiente y proporcionar la clave personal. Una vez completados los pasos, el sistema muestra un listado con los números asociados.

Este mecanismo también permite detectar posibles irregularidades. En caso de encontrar líneas desconocidas, los usuarios tienen la opción de reportarlas o solicitar su cancelación directamente con su operador, lo que añade una capa de protección frente a usos indebidos de identidad.

El cumplimiento de este trámite tiene una fecha límite: 30 de junio de 2026. Quienes no realicen el registro dentro del plazo establecido enfrentarán la suspensión de su línea, quedando habilitadas únicamente las llamadas de emergencia. Para recuperar el servicio completo, será necesario completar el proceso de vinculación.

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Pactan precio del diésel a 27 pesos litro en México

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El precio del diésel en México disminuirá a 27 pesos el litro a partir de la próxima semana, luego que dueños de dueños de gasolineras de todo el país lo acordaron con el gobierno de México.

Esto lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales con un video: “a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”.

La medida ocurrió el mimo día en que se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para reducir las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales.

Topes a precios de combustibles en México
Dese el 1 de abril de este año el gobierno federal y empresarios gasolineros pusieron un tope a los precios de combustibles en el país, principalmente a la gasolina magna y al diésel, que quedaron en 24 pesos litro y 28.5 pesos litro, respectivamente.

Ahora el diésel en todo México pasará a costar solamente 27 pesos por litro y será a partir de la siguiente semana cuando se comiencen a ajustar las gasolineras de todo el país a esta nueva medida.

La decisión de topar los precios de los combustibles en México se dio por la subida global e el precio del petróleo, derivado del cierre del estrecho de Ormuz, primero por el gobierno de Irán, como respuesta a los ataques infundados de la administración de Donald Trump, por presiones del Estado ilegítimo de Israel.

“En la medida en que escasea algo, su precio sube”, advirtió Manuel José Molano Ruiz, académico del Departamento de Economía de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien señaló las presiones sobre el estrecho de Ormuz provocaron que las fuentes de petróleo más barato salgan del mercado, obligando a compradores a recurrir a opciones más costosas.

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