La entidad se consolida como un nodo estratégico para el crecimiento económico y comercial del país, subrayó el gobernador Alejandro Armenta Mier al anunciar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará la Mixteca poblana para inaugurar la autopista libre a Morelos–Marquelia, de cuatro carriles, obra que cruzará por los municipios de Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Acatlán de Osorio, Tecomatlán y Tulcingo de Valle.

“Nos merecemos carreteras de cuatro carriles, pero sin pagar”, expresó el ejecutivo estatal, quien destacó que esta nueva vía de comunicación fortalecerá la economía y la conectividad de los estados de Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca, al facilitar el traslado de mercancías, servicios y personas en una de las regiones con mayor potencial productivo del sur-sureste del país.
El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que, con los módulos de maquinaria adquiridos por el Gobierno del Estado, también se construirá una carretera de cuatro carriles desde Acatlán de Osorio hasta La Colorada, con paso por San Jerónimo Xayacatlán, Totoltepec, Coyotepec, Ixcaquixtla, Tula, Tepexi de Rodríguez y Molcaxac.

Asimismo, puntualizó que se ejecutará la carretera de doble carril de Huixcolotla, Cuapiaxtla y Tecamachalco, además de una ruta corta de Tepexi de Rodríguez a Tehuacán, proyecto que permitirá reducir el tiempo de traslado de cuatro horas a una tercera parte.

Ante las y los habitantes de la región de Tepexi de Rodríguez, Armenta Mier resaltó que la consolidación de esta infraestructura carretera es posible gracias a la adquisición de módulos de maquinaria por parte de la administración estatal y al suministro de material pétreo proporcionado por Petróleos Mexicanos (PEMEX), como reconocimiento a Puebla por su combate frontal al robo de hidrocarburos. Resaltó que estas obras representan desarrollo, conectividad y bienestar para las familias poblanas.

Durante su conferencia matutina de este lunes 25 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) no implica una acusación formal en su contra.

La mandataria federal explicó que las entrevistas programadas tanto para la mandataria panista como para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, forman parte de procesos ordinarios de investigación que realiza la autoridad ministerial.
“No hay imputación”, señaló Sheinbaum al referirse a las diligencias relacionadas con el caso que involucra un operativo realizado en Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes vinculados con la CIA.

El tema cobró relevancia durante el fin de semana luego de confirmarse que la FGR citó a Maru Campos en calidad de testigo para rendir declaración sobre los hechos investigados.

Ante las críticas y señalamientos de sectores políticos, la presidenta sostuvo que no se trata de una persecución política, sino de una indagatoria enfocada en posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) puso en subasta un terreno ubicado en el exclusivo Tapalpa Country Club, en Jalisco, con un valor superior a los 12 millones de pesos y relacionado con la zona donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El predio cuenta con una superficie mayor a los 13 mil metros cuadrados y forma parte de los bienes ofertados por el organismo federal mediante el esquema de subasta a sobre cerrado, programada para el próximo 28 de mayo.

De acuerdo con la información difundida por el Indep, el terreno se localiza en una de las áreas de mayor plusvalía de Tapalpa, municipio conocido por su actividad turística y residencial.

La propiedad ha llamado la atención debido a que se encuentra en la zona vinculada con operativos de seguridad relacionados con el líder criminal identificado como “El Mencho”, uno de los personajes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

La subasta forma parte de las acciones del gobierno federal para comercializar bienes asegurados o decomisados en operativos contra la delincuencia organizada, con el objetivo de destinar los recursos obtenidos a programas públicos.