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Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada

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Treinta y ocho años de prisión. Esa es la sentencia que Estados Unidos impuso este miércoles a Genaro García Luna, antiguo zar antidrogas y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. El exfuncionario de 56 años, alguna vez considerado uno de los hombres más poderosos y temidos de México, selló su destino en la Corte del Distrito Este de Nueva York ―en el mismo tribunal y ante el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2019― por recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa. García Luna ha sido el político mexicano de más alto rango que ha pisado una corte estadounidense. Será también el primer alto mando que purgue una condena en una cárcel de ese país. El juez Brian Cogan, además, le ha impuesto una multa de dos millones de dólares.

“No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel”, afirmó el juez Cogan antes de dictar una sentencia histórica de 460 meses de prisión. Cogan no concedió la cadena perpetua que exigía la Fiscalía ni los 20 años, la pena mínima, que pedía la defensa, pero fue implacable y no dudó. “Usted tiene la misma matonería que El Chapo, sólo que la manifiesta de forma diferente”, aseguró, mientras la mirada del acusado se nublaba y lucía completamente derrotado. El juez castigó la “doble vida” del exsecretario, que aprovechó sus cargos en lo más alto del Gobierno mexicano para favorecer y colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de dos décadas. Ese fue su argumento principal para dictar la pena. “Usted es culpable, señor”, zanjó.

“Yo no he cometido ninguno de estos delitos”, dijo García Luna al dirigirse por primera vez al tribunal que selló su destino. El exsecretario apareció con un traje oscuro, el semblante rígido y el ceño fruncido, pero mientras avanzaba la audiencia, su armadura empezó a hacer mella y agachó la cabeza cuando intervino el juez, el último en tomar la palabra. El exfuncionario aseguró que su caso estaba atravesado por “intereses políticos”, insistió en su buen comportamiento y su legado como servidor público. “Desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido que me permita volver con mi familia”, imploró, por un momento, con la voz entrecortada.

“Él ayudó al cartel, él protegió al cartel, él era el cartel”, afirmó Saritha Komatireddy, la fiscal en jefe. “Usted tiene muerte en sus manos”, agregó. Las autoridades estadounidenses buscaban sentar un precedente contra los funcionarios corruptos de México, argumentó las enormes dificultades de llevarlo ante la justicia y aseguró que el Cartel de Sinaloa no existiría sin la ayuda de funcionarios como Genaro García Luna. “El mensaje que envíe este tribunal será increíblemente importante”, aseguró Komatireddy. “México no es una república bananera, es un vecino importante”, añadió sobre la importancia del caso en comparación con otros líderes latinoamericanos sentenciados en el sistema legal estadounidense.

Tras un juicio de cinco semanas en febrero del año pasado, el veredicto del jurado fue unánime. García Luna fue declarado culpable de cinco delitos en la corte de Brooklyn: tres por conspiración para traficar cocaína, uno más por participar en una empresa criminal continua y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades. La sentencia, prevista en un inicio para junio del año pasado, se retrasó en al menos cinco ocasiones debido a los pedidos de sus abogados para que se repitiera el juicio. El juez Cogan rechazó la solicitud el mes pasado, después de que la Fiscalía destapara que el exsecretario ofreció sobornos de hasta dos millones de dólares a otros presos para que declararan a su favor.

La defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, defendió la inocencia de su cliente y anunció que apelará la condena. “¿Por qué 20 años no son suficientes para un hombre que ya lo ha perdido todo?”. Esa fue la tesis central en el posicionamiento de De Castro, que tampoco convenció al tribunal. El abogado fue increpado por un grupo de manifestantes al grito de “38 años no son suficientes” y que también confrontó a la esposa y la hija de García Luna a su salida de la corte. El representante legal aseguró que defender al exsecretario le valió “amenazas de muerte”. “Calderón, Calderón te espera la prisión”, clamó el colectivo, unos 30 simpatizantes de Morena, el partido gobernante en México.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, llamó “cínico” al exfuncionario, quien hizo llegar una carta al juez en la que pidió clemencia por última vez, acusó al Gobierno mexicano de fabricar “información falsa” y criticó la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum arremetió también contra Calderón y lo retó a pronunciarse sobre el caso. “Queremos ver qué dice”, dijo en su conferencia matutina.

Cogan sostuvo que las ofensas cometidas “son muy serias” y “gravísimas”. También decidió imponer una multa millonaria al no dar credibilidad al estado financiero que presentó la defensa. “Estoy seguro de que tiene algo de dinero escondido”, afirmó. El juez, sin embargo, aceptó la recomendación de que García Luna sea trasladado a una cárcel cerca de la zona metropolitana de Washington, donde reside su familia. La decisión sobre la prisión donde purgará la pena será anunciada en próximas fechas. Se dictó también una condena concurrente de seis meses por el delito de falsedad de declaraciones, cinco años de libertad supervisada y una prohibición de entrada a Estados Unidos tras cumplir la sentencia. El destino del exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha caído en una corte estadounidense quedó escrito a las 17.21 horas.

La audiencia de sentencia estuvo atravesada por una enorme tensión y nerviosismo, el aviso de un terremoto político del otro lado del frontera. Después del exsecretario será Ismael El Mayo Zambada, cofundador y capo entre capos del Cartel de Sinaloa, quien se siente esta misma semana en el banquillo de los acusados en Nueva York, una vez más en la corte del juez Cogan. Tras la caída de El Chapo y García Luna, el proceso contra Zambada, capturado a finales de julio, se perfila como el próximo thriller judicial protagonizado por los narcos de México en Estados Unidos.

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Hermana de operador del CJNG opera en la aduana de Matamoros

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La hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser un operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el contrabando de combustible, funge actualmente como funcionaria de la Aduana de Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros al país.

De acuerdo con información de Nómina Transparente y Declaranet, Analee de Jesús Juraidini Silva labora desde agosto de 2019 como Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros.

Se trata del mismo cargo que, según sus propias declaraciones, ostentaba hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, quien de acuerdo con fuentes consultadas por REFORMA facilitaba desde la Aduana de Matamoros el cruce de pipas cargadas de huachicol de la red de Juraidini por el puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. Benítez Orta fue detenido en Texas y extraditado a México a inicios de junio.

El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro incluyó a Juraidini Silva y a varias empresas transportistas bajo su control en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por formar parte de una red de huachicol fiscal que dejó ganancias por decenas de millones de dólares al CJNG en los últimos años. Las autoridades estadounidenses consideran a Juraidini como “la mente maestra” detrás de varias operaciones financieras del cartel.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que Juraidini Silva controlaba los puentes fronterizos de Los Indios y Los Tomates en Matamoros.

En esa misma aduana, la hermana de Óscar Juraidini llegó a tener bajo su control la operación del sistema SICOBI (Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono), utilizado por las autoridades aduaneras para registrar y rastrear el estatus legal y destino final de las mercancías embargadas por el SAT, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cárteles utilizan las ganancias obtenidas del huachicol fiscal para financiar campañas de políticos corruptos dispuestos a ceder puestos administrativos clave en el gobierno que faciliten las operaciones de contrabando de combustible.

Analee de Jesús Juraidini Silva aparece en la última nómina vigente publicada en el sitio Nómina Transparente, correspondiente al 15 de junio, con un sueldo bruto mensual de 30 mil 890 pesos.

Benítez Orta, el funcionario detenido en Texas y extraditado al Penal del Altiplano por delincuencia organizada, laboró desde el 2008 en el SAT y posteriormente, desde el 2024, en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En la ANAM se desempeñó como Jefe de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros –el mismo cargo que ostenta la hermana de Óscar Juraidini– y desde el 2023 como Subdirector con la función de supervisión de verificadores para el reconocimiento aduanero y elaboración de actas de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), que la autoridad elabora cuando se detectan irregularidades en importaciones y exportaciones y donde se formaliza el embargo de mercancías.

Aunque fue detenido el pasado 12 de junio, Benítez Orta aún aparece en nómina, con el cargo de Subadministrador de Operación Aduanera, con un sueldo bruto mensual de casi 45 mil pesos.
Esta no es la primera vez que familiares de presuntos miembros del crimen organizado infiltran las aduanas del país.

Julio César Carmona Angulo, hermano del ultimado Sergio Carmona Angulo, conocido como “el Rey del Huachicol”, fue nombrado administrador de la aduana de Reynosa en 2019, al inicio del gobierno del expresidente López Obrador.

MCCI publicó ayer que el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, una de las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) del CJNG, por la que fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez y Óscar Guillermo Juraidini Silva.
Autoridades incautaron pipas de Juraidini en 2025

El 13 de marzo de 2025, Óscar Juraidini presentó una demanda de amparo para exigir la devolución de dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible que fueron incautados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo donde también se detuvieron a dos personas en el municipio de China, Nuevo León, el 15 de febrero de ese año.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

El 18 de febrero, un juez de control calificó la detención de las dos personas como ilegal y días después dictó auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento total de la causa. El expediente público disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) no establece los motivos por los que el juez calificó de ilegal la detención de ambos sujetos ni cuál era su rol.

Fue por esto que tras acreditar la propiedad de ambos vehículos y del combustible que transportaban, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Nuevo León concedió el amparo, ordenando a la FGR regresar los dos tractocamiones y semirremolques a Juraidini.

En enero de este año, Óscar Juraidini presentó otra demanda de amparo contra una orden de aprehensión. Tras ser admitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, el juez solicitó a Juraidini precisar con exactitud los hechos y autoridades a las que atribuía la orden de aprehensión. Sin embargo, Juraidini no dio respuesta, por lo que la demanda terminó siendo desechada.

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Sheinbaum reafirma apoyo a la industria IMMEX y promete certeza para las inversiones

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En el contexto de la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con representantes de empresas del Programa IMMEX, principalmente de los sectores automotriz, eléctrico y manufacturero, con el objetivo de fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar el crecimiento económico del país.

Durante el encuentro celebrado en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el Plan México impulsa nuevas inversiones y mejores oportunidades laborales. A través de sus redes sociales, afirmó que la estrategia busca consolidar el desarrollo de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Al concluir la reunión, el presidente de Concamín, Alejandro Malagón, señaló que el principal mensaje del Gobierno federal consistió en mantener la tranquilidad y continuar el trabajo coordinado entre autoridades y sector privado.

El dirigente empresarial aseguró que los mercados mantienen estabilidad porque existe confianza en el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de una estrategia orientada a preservar las inversiones y fortalecer la competitividad nacional.

Asimismo, resaltó la implementación de la ventanilla única de la Agencia de Transformación Digital, herramienta que permitirá reducir los tiempos para la apertura de empresas y agilizar los procesos administrativos de nuevos proyectos productivos.

Industria de autopartes dará seguimiento a acuerdos
Por su parte, Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, informó que la presidenta escuchó los planteamientos del sector y acordó mantener mesas de trabajo con las dependencias responsables.

El representante empresarial adelantó que en un plazo aproximado de dos meses esperan presentar avances concretos derivados de los acuerdos alcanzados durante la reunión.

El encuentro se desarrolló mientras México prepara su estrategia para la revisión del T-MEC, proceso considerado clave para mantener la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de la industria exportadora.

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SEDIF Puebla concreta tres adopciones y fortalece el derecho de la niñez a una familia

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Durante la reunión, el Consejo aprobó la asignación de dos grupos de hermanos, integrados por cinco niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, quienes podrán integrarse a dos familias. La decisión representa una nueva oportunidad para que las infancias ejerzan su derecho a desarrollarse en un entorno de amor, protección y estabilidad.

La Dirección Jurídica del SEDIF explicó que cada resolución surge de un análisis técnico, legal y multidisciplinario, con el propósito de privilegiar el interés superior de la niñez y garantizar procesos transparentes, seguros y apegados a la legislación vigente.

Priorizan el bienestar de la infancia
Las autoridades destacaron que el trabajo del Consejo Técnico de Adopciones forma parte de la visión impulsada por el gobernador Alejandro Armenta para fortalecer a las familias poblanas y ampliar la protección de los derechos de la infancia.

Además, señalaron que estas acciones también respaldan las políticas públicas promovidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orientadas a colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de la atención institucional y asegurarles mejores condiciones para su desarrollo integral.

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