La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves 2 de octubre que anteriormente no se realizaban inspecciones a las empresas distribuidoras de gas LP porque se confiaba en ellas, pero ahora se reforzará la supervisión. Con las nuevas disposiciones, las unidades que repartan gas a las viviendas deberán contar con gobernador de velocidad, GPS y estar conectadas a un centro de monitoreo bajo la vigilancia de la Secretaría de Energía.

La titular de la Sener, Luz Elena González, señaló que hoy mismo se enviarán al Diario Oficial de la Federación las normas emergentes NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, que complementarán la regulación vigente con lineamientos más específicos en transporte y distribución de gas LP.

Entre los requisitos destacan pruebas de presión hidrostática a todos los vehículos, capacitación en seguridad industrial para conductores y la instalación obligatoria de GPS y gobernadores.

Las empresas tendrán un plazo de cuatro meses para cumplir con estas medidas. La SICT, la CNE y la ASEA realizarán inspecciones conjuntas en las plantas de distribución para verificar condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, vigencia de permisos, registros en el padrón vehicular y el cumplimiento de las normas aplicables. También se estableció que la velocidad de las unidades será considerada un factor de seguridad industrial y operativa.

La UNAM hará todo lo que esté a su alcance para garantizar a las y los estudiantes su seguridad, a fin de que regresen a las actividades presenciales, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas. Este retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y escuelas.

Además, las autoridades se mantendrán atentas a las recomendaciones que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realice para garantizar la integridad de la comunidad y brindar atención psicológica a quienes lo requieran.

Estas afirmaciones las hizo el rector Leonardo Lomelí durante la reunión que el día de hoy sostuvo con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, y con la secretaria General de esta casa de estudios, Patricia Dávila Aranda, a una semana de los lamentables hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, y delinear acciones para el regreso a actividades presenciales en todas las escuelas y facultades.

Precisó que hay planteles, facultades, escuelas e institutos de la UNAM que tienen clases presenciales, algunos están con actividades en línea, otros se encuentran en paro por la conmemoración del caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre de 1968, mientras otros más suspendieron actividades en solidaridad con el CCH Sur.

El rector expuso las líneas de acción que la UNAM está aplicando ante los casos de amenaza:

1.- Informar y denunciar. Las facultades, escuelas, institutos y centros que han recibido o reciban amenazas informan de inmediato a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la cual contacta a las autoridades de seguridad pública federales y locales, para que, de manera conjunta se hagan las revisiones necesarias. Asimismo, se informa a la Oficina del Abogado General responsable de levantar las denuncias correspondientes.

2.- Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico. Las directoras o directores convocan al Consejo Técnico de la Facultad, Escuela, Instituto o Centro para que, en conjunto, se evalúe la conveniencia de que las actividades académicas se realicen temporalmente en línea, mientras se revisan los protocolos y presentan las denuncias correspondientes.

3.- Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir. Las directoras y directores determinarán con su Consejo Técnico y la comisión local de seguridad el regreso a clases presenciales una vez que se han verificado las condiciones de seguridad del plantel.

Además, señaló que se estarán realizando las siguientes acciones:

1.- Incluir y escuchar a la comunidad. Las directoras o directores convocarán a sus comisiones locales de seguridad para que, en caso de ser necesario, se impulsen cambios que fortalezcan las condiciones de seguridad del plantel, los protocolos de actuación y se definan mejoras que sean pertinentes, consultando a su vez a la comunidad de cada Facultad o Escuela para que compartan sus propuestas.

2.- Reforzar las medidas de seguridad. Se reforzará el monitoreo permanente siempre con un enfoque de derechos, así como los patrullajes, incorporando en el caso del bachillerato a los padres de familia que de manera voluntaria se han ofrecido a colaborar y acompañar este proceso.

3.- Se fortalecerán los programas de atención psicológica y emocional. Con el propósito de atender a un mayor número de personas y de ofrecer un seguimiento más puntual a quienes así lo requieran, la Universidad fortalecerá y ampliará de inmediato su programa de apoyo emocional y se coordinará con el gobierno federal y los gobiernos de la Ciudad de México, así como de los estados.

4.- Se llevarán a cabo las medidas adicionales para retornar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas y todas aquellas que contribuyan a fortalecer nuestro tejido comunitario.

Previamente, Lomelí Vanegas lamentó la pérdida de un miembro del CCH Sur y que un trabajador de ese mismo bachillerato fuera agredido por otro integrante de la comunidad universitaria. Apuntó que este hecho es grave y debe llevarnos a reflexionar sobre las causas y medidas a tomar para que no se repita.

Informó que la comunidad del CCH Sur hizo llegar pliegos petitorios, que ya se ha llegado a acuerdos para mejorar la seguridad del plantel – especialmente sobre condiciones de acceso, iluminación, botones de pánico, entre otros-, y que podrán ser replicados en el resto de los planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Destacó la participación propositiva de los padres de familia y que serán tomadas en cuenta por la autoridad.

El rector Leonardo Lomelí enfatizó que la UNAM no es la única universidad en el mundo que ha recibido amenazas en los últimos meses. Aunque normalmente son falsas, generan zozobra, y hay que tomarlas en serio.

Indicó que se han tomado medidas para reanudar las actividades presenciales a la brevedad, que ha habido personas que se retractaron de su acción realizada en redes sociales, lo que se tomará en consideración y se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles. Agregó que se cuenta con el apoyo de la policía cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

El rector remarcó estar convencido de que si bien en el corto plazo se pondrá énfasis en la seguridad en los accesos, vigilancia e iluminación de los planteles, lo que nos puede llevar a una situación de mayor seguridad para toda la comunidad es “perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria”.

“La UNAM está decidida a darles este apoyo”, añadió y subrayó que esta casa de estudios se coordinará con el Gobierno federal, locales y el IMSS para dar esta ayuda adicional a quien así lo requiera.

Por su parte, la secretaria General, Patricia Dávila Aranda informó que el rector Lomelí ha impulsado el programa de apoyo emocional ESPORA en el bachillerato, con más de 90 psicoterapeutas y que en este año han atendido a más de cinco mil alumnas y alumnos. Esta estrategia se ampliará, agregó.

Acuerdos

La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario después de cuatro horas de trabajo aprobó:

1.- Las propuestas presentadas por la Subcomisión de Seguridad del Bachillerato que recuperan lo vertido en pliegos petitorios, y estar pendientes de los que surjan de mesas de diálogo y recorridos.

2.- Implementar un cronograma y una la ruta crítica para la modificación de protocolos existentes, que así lo requieran y proponer los de nueva creación.

3.- Mandatar al CCH-Sur para que implemente lo antes posible mejoras a la infraestructura de control de acceso al plantel.

4.- Dar seguimiento y apoyo al programa integral de atención a la salud emocional y psicológica.

La reunión de la Comisión de Seguridad estuvo presidida por el doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica; y contó con la presencia de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria; y del doctor Benjamín Barajas Sánchez, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, así como consejeras y consejeros.

Derivado de las acciones operativas para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la Republica (FGR) y Guardia Nacional (GN) detuvieron a tres personas, aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y dosis de droga.

Los efectivos de seguridad, al realizar recorridos terrestres en los poblados Lo de Bartolo y La Guamuchilera, identificaron a varias personas con armas de fuego, mismas que al notar la presencia de las autoridades comenzaron a agredirlos con disparos, por lo que, al ver en peligro su integridad física, los agentes repelieron la agresión y tras unos minutos controlaron la situación.

Por lo anterior, tres hombres de 21, 30 y 32 años de edad, fueron detenidos, se aseguraron tres armas cortas y dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta.

Uno de los agresores resultó lesionado, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Al arribar, los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales, motivo por el cual se dio aviso a los servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman el compromiso de detener a personas que pongan en riesgo la seguridad de las familias de Sinaloa.