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INE rechaza fiscalizar procesos internos de partidos rumbo a elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no avanzar en una propuesta que buscaba supervisar y fiscalizar las actividades internas que realizan los partidos políticos en la etapa previa a las precampañas, especialmente aquellas relacionadas con la selección de perfiles rumbo a una elección federal.

La iniciativa planteaba que el árbitro electoral pudiera vigilar de forma más directa los movimientos internos de los partidos, como la designación de “coordinadores territoriales”, la organización de encuestas internas, la difusión de convocatorias abiertas a simpatizantes o ciudadanos, así como otras dinámicas que, sin ser formalmente actos de campaña, comienzan a posicionar a ciertas figuras políticas con anticipación.
De acuerdo con quienes impulsaban la propuesta, este tipo de actividades se desarrolla en lo que comúnmente se ha denominado una “zona gris” de la legislación electoral, es decir, un espacio donde no siempre es claro hasta qué punto una acción interna de partido puede considerarse propaganda anticipada o parte de su vida organizativa.

El proyecto advertía que estos ejercicios pueden generar una sobreexposición de aspirantes durante largos periodos, lo que modifica las condiciones de competencia entre quienes buscan una candidatura. En ese sentido, se señalaba que algunas personas pueden mantenerse durante meses en el debate público sin haber iniciado formalmente una campaña, lo que podría impactar en la equidad del proceso.

Además, la propuesta contemplaba que, en caso de detectarse actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos derivados de esas actividades pudieran ser contabilizados dentro de los topes de gasto electoral, con el objetivo de evitar ventajas indebidas por parte de algún partido o aspirante.

Sin embargo, la discusión dentro del Consejo General evidenció diferencias de criterio entre las y los consejeros. Mientras algunos consideraban necesario establecer reglas más claras para evitar interpretaciones ambiguas y fortalecer la vigilancia electoral, otros señalaron que una regulación de ese tipo podría generar conflictos adicionales y sobrecargar al instituto con funciones que no están plenamente definidas en la ley.

Finalmente, la propuesta no logró el consenso necesario y fue rechazada por mayoría de votos dentro del Consejo General del INE. En paralelo, otro planteamiento relacionado con la regulación de actividades previas a las precampañas también fue retirado del orden del día con el argumento de buscar acuerdos más amplios entre las distintas posiciones.

La presidencia del Consejo General del INE recordó durante la sesión que el instituto no tiene facultades para suplir los vacíos legales que corresponden al Poder Legislativo, subrayando que cualquier modificación de fondo en estas materias debe surgir desde el Congreso de la Unión.

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La presidenta Claudia Sheinbaum exige investigar asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se realicen todas las investigaciones sobre el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, conocido como «El Jaguar», ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan. La mandataria confirmó que su administración ya da seguimiento al caso en coordinación con el Gobierno de Puebla.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes desde Quintana Roo, Sheinbaum informó que conoció los hechos durante la reunión del Gabinete de Seguridad, donde recibió un reporte sobre el homicidio del también abogado y docente.

La titular del Ejecutivo señaló que existe comunicación permanente con el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien también instruyó el desarrollo de una investigación que considere todos los elementos relacionados con el crimen.

Además, la presidenta hizo referencia al video difundido en redes sociales tras el asesinato de Martínez Contreras. En esa grabación, el comunicador denunció presuntas amenazas por parte del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de cuestionar el manejo de recursos públicos y exigir transparencia a las autoridades.

En el mensaje, «El Jaguar» sostuvo que las presiones no modificarían su labor informativa y aseguró que continuaría trabajando por su comunidad. También rechazó acusaciones sobre un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, para lo cual mostró comprobantes de pago con el fin de desmentir esos señalamientos.

Armenta pide denunciar amenazas
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Fiscalía tomará en cuenta el contenido del video dentro de las indagatorias. Asimismo, precisó que el periodista no solicitó protección a las autoridades estatales antes del ataque y exhortó a las y los comunicadores a denunciar cualquier amenaza o acto de intimidación.

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez Contreras y le dispararon alrededor de las 08:00 horas del 16 de julio, a escasos metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

El periodista dirigía la página Noticias Texmelucan y combinaba esa actividad con su profesión como abogado y maestro.

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Detienen en México a exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustible

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Autoridades de seguridad de México detuvieron este jueves a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado fronterizo de Baja California, quien está acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

La detención se produjo a partir de una investigación relacionada con “grandes operaciones” para contrabandear hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por Ruffo, dijo la FGR.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el arresto en el municipio de Ensenada, agregó la institución.

Ruffo, de 74 años, es un político conocido en México. En 1989, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía en sus manos la presidencia y todos los gobiernos estatales, se convirtió en el primer gobernador de oposición tras ganar el cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Gobernó Baja California hasta 1995 y después ocupó otros cargos públicos, como senador y diputado federal. Antes, entre 1986 y 1989, fue alcalde de Ensenada.

Administrador de formación y empresario del sector pesquero, todos los puestos de elección popular que ha ganado los ha obtenido bajo las siglas del PAN. Milita en esa fuerza política desde 1985, según su semblanza publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

La detención de Ruffo se produce en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y contrabando de combustible, un delito popularmente conocido como “huachicol” y que representa pérdidas millonarias para las arcas públicas, según autoridades federales.

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Sheinbaum ordena revisar el caso de Brenda Quevedo, acusada en el caso Wallace

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La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el proceso judicial de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva cerca de dos décadas privada de la libertad y sin recibir una sentencia definitiva por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria anunció tres acciones para atender el caso: solicitar una revisión jurídica en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las áreas federales de derechos humanos; gestionar que la Fiscalía General de la República reciba a las abogadas de Quevedo Cruz, y hacer un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para analizar las posibles irregularidades y demoras en el proceso.
“Me comprometo a tres cosas”, expresó Sheinbaum al responder a un planteamiento sobre la situación jurídica de Brenda Quevedo. La presidenta señaló que las instituciones correspondientes deberán estudiar el expediente y escuchar directamente a su equipo de defensa.

¿Quién es Brenda Quevedo y por qué está detenida?

Brenda Quevedo Cruz fue acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005. Fue detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y posteriormente extraditada a México, donde quedó sujeta al proceso penal iniciado por el llamado caso Wallace.

Su defensa sostiene que no existen pruebas válidas que demuestren su participación y que la investigación se construyó a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura. Quevedo también ha denunciado haber sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante su reclusión.

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que su privación de la libertad era arbitraria debido a violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgada en un plazo razonable. El organismo internacional pidió al Estado mexicano remediar su situación y garantizarle una reparació

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