Derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) cumplimentaron órdenes de aprehensión en el estado de Jalisco, con el fin de desarticular una célula dedicada a actividades delincuenciales relacionadas con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas.

Durante las labores de investigación se identificó a cuatro integrantes de instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac, presuntamente vinculados con un grupo delictivo con presencia en esa región. Por lo anterior, se llevaron a cabo diversas diligencias ministeriales en el sureste de Jalisco, para cumplimentar las órdenes de aprehensión.
Como resultado, las cuatro personas fueron detenidas, se les informaron sus derechos de ley, y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), investigan la aparición de grafitis, que hacen alusión a la llegada del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al municipio de Coronango.

Francisco Sánchez González, titular de la dependencia estatal, explicó en rueda de prensa, que será el organismo autónomo quien se encargue de verificar si es que estas pintas pertenecen realmente a un grupo delictivo.
No obstante, se identificaron a tres masculinos los que llevaron a cabo estas acciones en distintas bardas de la demarcación, por lo que ya se realizan labores de identificación para presentarlos ante las autoridades.

A través de redes sociales circularon imágenes de paredes donde aparecía la leyenda “Llegó el Cartel Jal. N. G”, razón por la cual se revisaron las cámaras de seguridad para conocer la identidad de quienes las realizaron.

En ellas, aparecen supuestamente a tres hombres, que se presume, son menores de edad, y quienes después de hacer los grafitis huyeron de manera inmediata a bordo de una motocicleta.

Cabe destacar que esta no sería la única expresión de algunas organizaciones delictiva, pues sobre todo en la capital poblana, se ha visto la proliferación de homicidios que están firmados por la Familia Michoacana.

Anteriormente, Sánchez González reveló que eran siete bandas que se habían asentado en todo el estado, entre las que destacan el CJNG y su brazo armado, “La Barredora”, así como el Cartel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió 18 carpetas de investigación contra elementos policiacos por presuntos abusos cometidos durante la Marcha de la Generación Z , realizadas el pasado 15 de noviembre. El titular de la dependencia, Pablo Vázquez , afirmó que la movilización fue infiltrada por grupos que lanzaron convocatorias para derribar vallas , ingresar por la fuerza al Palacio Nacional y provocar destrozos .

El funcionario informó que hasta el momento se han recibido cuatro denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido agredidos por policías, entre ellas dos presentadas por periodistas . Como parte de las acciones internas, señaló que la SSC inició 18 investigaciones administrativas para revisar el actuar de los elementos desplegados ese día.
La organización Artículo 19 documentó al menos 13 agresiones contra la prensa registradas durante las marchas efectuadas en distintas ciudades del país. De ellas, seis ocurrieron en la Ciudad de México , donde los choques entre policías y manifestantes dejaron decenas de heridos; Otras seis agresiones fueron reportadas en Michoacán , y una más en Jalisco .

Entre los hechos denunciados destaca la agresión contra Ximena Arochi , reportera de Proceso , quien fue golpeada mientras documentaba el arresto de un manifestante. La organización subrayó que estos incidentes representan un riesgo creciente para la libertad de prensa en contextos de protesta social.