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Acusan a la INAH por simular reconstrucción tras terremoto en Puebla

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Este 19 de septiembre del 2017 se cumplen cinco años desde el sismo de magnitud 7.1 cuyo epicentro se registró entre los estados de Puebla y Morelos cerca de la comunidad de San Juan Pilcaya, una junta auxiliar perteneciente al municipio de Chiautla de Tapia, que sufrió afectaciones en sus edificaciones más importantes como la inspectoría auxiliar, la parroquia de San Juan Bautista, así como decenas de casas.

Aquel sismo del 2017, que estremeció a toda la Mixteca poblana, dejó muerte y destrucción a su paso; a pesar de que ya pasaron cinco años, hasta el momento se desconoce el avance de reconstrucción en esta región, debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no ha actualizado la información, pero, además, un perito evidenció las fallas en el programa de reconstrucción del sismo del 19S.

Sumado al lento avance de la reconstrucción en la región sur del estado de Puebla, una perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señaló que la dependencia simuló la restauración de inmuebles históricos en la Mixteca poblana, pero además, denunció que es víctima de acoso laboral y que fue castigada con su reubicación a Culiacán, Sinaloa.

La arquitecta Rutilia Amigón difundió un texto al que denominó como “El programa sismo del INAH: caos, estancamiento y represión” en el que reveló que los múltiples castigos a la que la someten directivos del INAH, son un intento de acallar su voz, por señalar el desorden y estancamiento del “Programa Sismo”, así como exhibir la incompetencia de un instituto al llevar a cabo un improvisado plan para rehabilitar el patrimonio dañado en el estado.

En la misiva pública exige que Diego Prieto, director general del INAH, “hable con la verdad al país entero” y transparente el destino real de los 5 mil 657 millones de pesos que afirma haber aplicado en la rehabilitación de daños por el sismo.

La arquitecta denunció acoso laboral, desde marzo de este año, ya que presuntamente le retuvieron su salario en el INAH Puebla; directivos y administradores se niegan a aceptar las licencias médicas que el ISSSTE le otorgó por una cirugía de riesgo.

Por lo anterior, fue sustituida en la atención de inmuebles que por casi cuatro años tuvo a su cargo, además de ser notificada desde el INAH Sinaloa que tiene actas administrativas en su contra por “faltas injustificadas”.

Rutilia Amigón expresó que la persecución laboral se intensificó a raíz de la difusión en medios periodísticos, en septiembre de 2021, de dos notas que abordan la problemática relativa al sismo en el INAH, “las que parecen haber disgustado”.

El artículo se llama “Los terremotos del 2017, mi experiencia en la Mixteca poblana” y fue publicado el 30 de septiembre de 2021 en el portal “Mundo Nuestro”, donde narra su experiencia como supervisora de 25 inmuebles históricos afectados en la zona que fue el epicentro del sismo y en el que describe la improvisación, el desorden e incluso la simulación de intervención del INAH que se realizó sin proyectos, contratos, instrucciones por escrito o el más mínimo protocolo.

Desorden y simulación del INAH

La arquitecta por la UNAM, Rutilia Amigón, expresó en su publicación que se dio cuenta del desorden y simulación del INAH, ya que fue una de las supervisoras del área de Monumentos Históricos del Centro, sobre quienes recayó la responsabilidad de encabezar el proceso de reconstrucción de los más de 600 templos afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con su publicación, la simulación se debe a que el INAH, anunció públicamente en 2021 que existe un 60% de avance en la rehabilitación del patrimonio dañado por los sismos, pero, tal cifra está basada en números absolutos y sólo considera la rehabilitación del edificio y no la de los bienes muebles, inclusive, esta valoración cuenta por igual un inmueble que resultó con pocos daños que otro con afectaciones estructurales graves e incluso derrumbes.

En la Mixteca poblana, ella supervisó la reconstrucción de templos como el de Santiago Caballero en Chila de la Sal, el Templo de Santa María de la Concepción y el Templo de Santa María en Cohetzala, el Templo de San Lucas Tzicatlán y la Parroquia de San Nicolás Tolentino en Huehuetlán El Chico, así como la Parroquia de San Juan Bautista en Teotlalco de Dorantes y la Iglesia de Santiago Apóstol en Coacalco, Xicotlán.

“En suma, improvisación, ausencia de protocolos, instrucciones en constante cambio, discrecionalidad en las decisiones, pugnas entre directivos, carencia de mecanismos de control y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento caracterizan desde el comienzo las acciones emprendidas por el INAH para la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017”, así fue como Amigón resumió en un párrafo las condiciones en las que han tenido que realizar su trabajo.

“¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, “¡Atiendan los templos con daños menores primero y desháganse de ese lastre!”, fueron las órdenes que recibieron en un contexto de emergencia y de presión social, pero sin haber proyectos, ni contratos, ni instrucciones por escrito y menos aún protocolos.

Asumieron responsabilidad de la supervisión técnica, así como la pesada carga de una irregular y pobre asignación de obras a empresas constructoras y también su control administrativo, aunque más tarde, el funcionario del INAH que les dio la orden de arrancar con la reconstrucción, se lavó las manos argumentando con un: “para qué me hacen caso”.

Meses después, se dieron cuenta de que los fondos del seguro contratado a Banorte para la reconstrucción no eran suficientes, por lo que tuvieron que descartar varios inmuebles para ser reconstruidos, tales como los templos de Tzicatlán en Huehuetlán el Chico y Coacalco en Xicotlán.

Reconstrucción por el terremoto en Puebla, tarea lenta y pendiente
En San Juan Pilcaya, ha sido restaurada la parroquia y poco más de la mitad de las casas afectadas, sin embargo, la comunidad aún no tiene instalaciones oficiales para la inspectoría y muchas familias siguen esperando la reconstrucción de sus hogares.

De igual forma permanecen en espera muchas comunidades de la mayoría de los municipios de la Mixteca Poblana, entre ellos Atzala, Tlapanalá, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Chietla, y otros más.

En Izúcar de Matamoros, la mayoría de las parroquias de los 14 barrios y todas sus comunidades, incluido el templo de Santo Domingo de Guzmán, esperan tener información oficial sobre su reconstrucción, y otros más, esperan ser reconvertidos en museos.

Durante el sismo de 2017 en la Iglesia de Santiago Apóstol de Atzala 12 miembros de una familia, entre ellos, cuatro menores de edad murieron aplastados por las rocas de la cúpula de ese sitio, los únicos que se salvaron fueron el sacerdote y sus dos sacristanes: Lorenzo y Sergio.

Por otro lado, algunos empresarios de Puebla pensaron en asumir la restauración de este templo, toda vez que las autoridades gubernamentales, no han destinado recurso para poder hacerlo.

En el templo de San Agustín, en Chiautla de Tapia, la empresa a cargo de la obra la abandonó después de recibir el 80 por ciento del presupuesto y comprobar poco menos del 50 por ciento, amenazando con demandar al INAH si no obtiene el 20 por ciento, pero el instituto no contempla aún ninguna acción legal para frenar la voracidad de constructores fraudulentos que han socavado el presupuesto de algunos inmuebles.

Hasta el momento, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, informó que en 2023 los esfuerzos se centrarán en Puebla en donde el sismo del 19 de septiembre de 2017 dañó 621 inmuebles y cuya reconstrucción, supuestamente, podría concluirse para ese mismo año.

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Por adeudo de más de 439 mil pesos, CFE corta alumbrado en Juan N. Méndez

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A partir de las 20:00 horas de este jueves 11 de junio, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la suspensión del servicio de alumbrado público en el municipio de Juan N. Méndez, debido a un adeudo de 439 mil 501 pesos que mantiene el Ayuntamiento.

De acuerdo con documentación oficial, la CFE realizó diversas gestiones y notificó en repetidas ocasiones al presidente municipal, Guillermo Gregorio del Rosario, sobre la deuda correspondiente al ajuste 159/2026; sin embargo, no hubo respuesta favorable ni se concretó el pago.

La paraestatal emitió al menos dos emplazamientos formales durante el mes de mayo y posteriormente negó una solicitud de prórroga de 90 días hábiles presentada por el gobierno municipal, al considerar improcedente la petición.

Asimismo, la empresa señaló que los requerimientos fueron notificados también al Gobierno del Estado de Puebla, como parte del procedimiento legal para la recuperación del adeudo.

Ante la falta de cumplimiento por parte de la administración municipal, este jueves se ejecutó el corte del suministro eléctrico destinado al alumbrado público, dejando sin este servicio a diversas zonas de la cabecera municipal y comunidades del municipio.

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Atlixco recibirá el Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles 2026

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La directora del Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles, María Victoria Ramón Franco, extendió la invitación a la ciudadanía atlixquense para asistir a los conciertos que iniciarán a las 19:30 horas cada día, con la participación de coros provenientes de diferentes estados del país.

«Estamos invitando al público atlixquense a que nos acompañe los días 25, 26 y 27 de junio a las 7:30 en el Exconvento de San Francisco a los conciertos que se realizarán en el marco del noveno Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco 2026», señaló.

La directora detalló que se espera una asistencia de más de 150 personas por función. El templo, el de mayor capacidad en Atlixco, puede albergar hasta 200 asistentes y la entrada será gratuita. Recomendó al público llegar con anticipación y de preferencia a pie, ya que el acceso se abrirá 20 minutos antes de cada concierto.

«Es entrada libre, sin embargo, el templo que es el más grande de Atlixco también tiene una capacidad máxima de 200 personas, les recomendamos llegar a pie y también les vamos a abrir el acceso al público 20 minutos antes del concierto, entonces pues les recomiendo que lleguen con tiempo», agregó.

Finalmente, Ramón Franco explicó que el evento busca promover la convivencia y el aprendizaje entre coros, así como difundir el canto coral como herramienta de transformación social.

«Para nosotros es una fiesta coral en donde se promueve el canto coral como una herramienta, como un mecanismo, como un instrumento de transformación social. Los niños aprenden muchas cosas trabajando en equipo haciendo práctica coral todo el día, el que vengan coros de diferentes estados», concluyó.

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Gobierno estatal poder judicial impulsan nuevo modelo de justicia cercana y humanista

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Con el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla, autoridades de todo el país presentaron el Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP), una herramienta de alcance nacional que permitirá evaluar y fortalecer el desempeño institucional a partir de la experiencia de las y los usuarios. El proyecto impulsa un nuevo modelo de justicia enfocado en la accesibilidad, la cercanía, el trato digno y la mejora continua de los servicios judiciales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que los principios de José María Morelos y Pavón mantienen plena vigencia. “La patria es primero”, afirmó, al destacar que esa visión coincide con el humanismo que coloca los derechos sociales en el centro de la acción pública. Recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos.

“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, subrayó.

Asimismo, reiteró que el Poder Ejecutivo se suma al fortalecimiento institucional del Poder Judicial con pleno respeto a sus competencias, en concordancia con la visión de colaboración entre poderes que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que “México vive una resonancia histórica porque se actualiza una de las grandes aspiraciones de la justicia: tener un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitraje”. Al evocar el legado de José María Morelos y Pavón, señaló que dicho principio constituye la brújula moral de este esfuerzo para que ninguna persona permanezca invisible frente al poder público.

Asimismo, destacó que el tablero inaugura una cultura nacional de aprendizaje entre los poderes judiciales locales y precisó que el instrumento debe entenderse como un espejo institucional que refleja la madurez de las instituciones. “Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública”, expresó.

Guerra Álvarez subrayó que México se construye desde sus estados, regiones y comunidades, por lo que cada poder judicial aporta experiencias y realidades distintas. En ese contexto, señaló que la iniciativa fortalece el aprendizaje colectivo, la conciencia institucional compartida y el federalismo judicial en acción.

Por su parte, la directora general de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, reconoció el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla por asumir la coordinación de este esfuerzo nacional y agradeció la participación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

Explicó que desde hace 15 años trabaja en la construcción de una justicia más accesible y cercana, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Recordó además que recientemente los países de la región suscribieron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, instrumento que coloca a las personas en el centro de los sistemas judiciales.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, destacó que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de las resoluciones emitidas, sino de la forma en que la ciudadanía vive, percibe y experimenta el acceso a ella. Además, reconoció la participación de los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entidades que integran la primera etapa de trabajo.

En su intervención, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que el objetivo es construir instituciones judiciales cada vez más cercanas y sensibles a las necesidades de la población. Destacó la realización de 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios y comunidades, así como 50 jornadas itinerantes del módulo de atención ciudadana. También reportó visitas de supervisión en casas de justicia y juzgados para elevar la calidad de los servicios, al señalar que “la justicia no puede permanecer distante de las personas”.

Las y los participantes coincidieron en que los poderes judiciales del país tienen hoy la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana, conocer las necesidades de las personas y colocarlas en el centro de la toma de decisiones. Con este proyecto nacional, Puebla contribuye a la construcción de una justicia moderna, eficiente y profundamente humanista.

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