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Acusan a la INAH por simular reconstrucción tras terremoto en Puebla

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Este 19 de septiembre del 2017 se cumplen cinco años desde el sismo de magnitud 7.1 cuyo epicentro se registró entre los estados de Puebla y Morelos cerca de la comunidad de San Juan Pilcaya, una junta auxiliar perteneciente al municipio de Chiautla de Tapia, que sufrió afectaciones en sus edificaciones más importantes como la inspectoría auxiliar, la parroquia de San Juan Bautista, así como decenas de casas.

Aquel sismo del 2017, que estremeció a toda la Mixteca poblana, dejó muerte y destrucción a su paso; a pesar de que ya pasaron cinco años, hasta el momento se desconoce el avance de reconstrucción en esta región, debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no ha actualizado la información, pero, además, un perito evidenció las fallas en el programa de reconstrucción del sismo del 19S.

Sumado al lento avance de la reconstrucción en la región sur del estado de Puebla, una perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señaló que la dependencia simuló la restauración de inmuebles históricos en la Mixteca poblana, pero además, denunció que es víctima de acoso laboral y que fue castigada con su reubicación a Culiacán, Sinaloa.

La arquitecta Rutilia Amigón difundió un texto al que denominó como “El programa sismo del INAH: caos, estancamiento y represión” en el que reveló que los múltiples castigos a la que la someten directivos del INAH, son un intento de acallar su voz, por señalar el desorden y estancamiento del “Programa Sismo”, así como exhibir la incompetencia de un instituto al llevar a cabo un improvisado plan para rehabilitar el patrimonio dañado en el estado.

En la misiva pública exige que Diego Prieto, director general del INAH, “hable con la verdad al país entero” y transparente el destino real de los 5 mil 657 millones de pesos que afirma haber aplicado en la rehabilitación de daños por el sismo.

La arquitecta denunció acoso laboral, desde marzo de este año, ya que presuntamente le retuvieron su salario en el INAH Puebla; directivos y administradores se niegan a aceptar las licencias médicas que el ISSSTE le otorgó por una cirugía de riesgo.

Por lo anterior, fue sustituida en la atención de inmuebles que por casi cuatro años tuvo a su cargo, además de ser notificada desde el INAH Sinaloa que tiene actas administrativas en su contra por “faltas injustificadas”.

Rutilia Amigón expresó que la persecución laboral se intensificó a raíz de la difusión en medios periodísticos, en septiembre de 2021, de dos notas que abordan la problemática relativa al sismo en el INAH, “las que parecen haber disgustado”.

El artículo se llama “Los terremotos del 2017, mi experiencia en la Mixteca poblana” y fue publicado el 30 de septiembre de 2021 en el portal “Mundo Nuestro”, donde narra su experiencia como supervisora de 25 inmuebles históricos afectados en la zona que fue el epicentro del sismo y en el que describe la improvisación, el desorden e incluso la simulación de intervención del INAH que se realizó sin proyectos, contratos, instrucciones por escrito o el más mínimo protocolo.

Desorden y simulación del INAH

La arquitecta por la UNAM, Rutilia Amigón, expresó en su publicación que se dio cuenta del desorden y simulación del INAH, ya que fue una de las supervisoras del área de Monumentos Históricos del Centro, sobre quienes recayó la responsabilidad de encabezar el proceso de reconstrucción de los más de 600 templos afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con su publicación, la simulación se debe a que el INAH, anunció públicamente en 2021 que existe un 60% de avance en la rehabilitación del patrimonio dañado por los sismos, pero, tal cifra está basada en números absolutos y sólo considera la rehabilitación del edificio y no la de los bienes muebles, inclusive, esta valoración cuenta por igual un inmueble que resultó con pocos daños que otro con afectaciones estructurales graves e incluso derrumbes.

En la Mixteca poblana, ella supervisó la reconstrucción de templos como el de Santiago Caballero en Chila de la Sal, el Templo de Santa María de la Concepción y el Templo de Santa María en Cohetzala, el Templo de San Lucas Tzicatlán y la Parroquia de San Nicolás Tolentino en Huehuetlán El Chico, así como la Parroquia de San Juan Bautista en Teotlalco de Dorantes y la Iglesia de Santiago Apóstol en Coacalco, Xicotlán.

“En suma, improvisación, ausencia de protocolos, instrucciones en constante cambio, discrecionalidad en las decisiones, pugnas entre directivos, carencia de mecanismos de control y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento caracterizan desde el comienzo las acciones emprendidas por el INAH para la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017”, así fue como Amigón resumió en un párrafo las condiciones en las que han tenido que realizar su trabajo.

“¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, “¡Atiendan los templos con daños menores primero y desháganse de ese lastre!”, fueron las órdenes que recibieron en un contexto de emergencia y de presión social, pero sin haber proyectos, ni contratos, ni instrucciones por escrito y menos aún protocolos.

Asumieron responsabilidad de la supervisión técnica, así como la pesada carga de una irregular y pobre asignación de obras a empresas constructoras y también su control administrativo, aunque más tarde, el funcionario del INAH que les dio la orden de arrancar con la reconstrucción, se lavó las manos argumentando con un: “para qué me hacen caso”.

Meses después, se dieron cuenta de que los fondos del seguro contratado a Banorte para la reconstrucción no eran suficientes, por lo que tuvieron que descartar varios inmuebles para ser reconstruidos, tales como los templos de Tzicatlán en Huehuetlán el Chico y Coacalco en Xicotlán.

Reconstrucción por el terremoto en Puebla, tarea lenta y pendiente
En San Juan Pilcaya, ha sido restaurada la parroquia y poco más de la mitad de las casas afectadas, sin embargo, la comunidad aún no tiene instalaciones oficiales para la inspectoría y muchas familias siguen esperando la reconstrucción de sus hogares.

De igual forma permanecen en espera muchas comunidades de la mayoría de los municipios de la Mixteca Poblana, entre ellos Atzala, Tlapanalá, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Chietla, y otros más.

En Izúcar de Matamoros, la mayoría de las parroquias de los 14 barrios y todas sus comunidades, incluido el templo de Santo Domingo de Guzmán, esperan tener información oficial sobre su reconstrucción, y otros más, esperan ser reconvertidos en museos.

Durante el sismo de 2017 en la Iglesia de Santiago Apóstol de Atzala 12 miembros de una familia, entre ellos, cuatro menores de edad murieron aplastados por las rocas de la cúpula de ese sitio, los únicos que se salvaron fueron el sacerdote y sus dos sacristanes: Lorenzo y Sergio.

Por otro lado, algunos empresarios de Puebla pensaron en asumir la restauración de este templo, toda vez que las autoridades gubernamentales, no han destinado recurso para poder hacerlo.

En el templo de San Agustín, en Chiautla de Tapia, la empresa a cargo de la obra la abandonó después de recibir el 80 por ciento del presupuesto y comprobar poco menos del 50 por ciento, amenazando con demandar al INAH si no obtiene el 20 por ciento, pero el instituto no contempla aún ninguna acción legal para frenar la voracidad de constructores fraudulentos que han socavado el presupuesto de algunos inmuebles.

Hasta el momento, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, informó que en 2023 los esfuerzos se centrarán en Puebla en donde el sismo del 19 de septiembre de 2017 dañó 621 inmuebles y cuya reconstrucción, supuestamente, podría concluirse para ese mismo año.

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DIF Puebla capital proyecta entregar más de 300 mil despensas en 2026 

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El DIF proyecta que durante el ejercicio fiscal 2026 se entregarán más de 300 mil despensas destinadas a personas en situación de alta vulnerabilidad.

El director del organismo descentralizado, Alejandro Cortés Carrasco, precisó que la meta es brindar apoyo alimentario a quienes no cuenten con recursos suficientes para cubrir la alimentación de sus familias. En ese contexto, la presidenta del DIF, MariElise Budib, implementó el programa Alimentación Imparable.

Reveló que la distribución de tres mil despensas se basó en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y en el análisis del cinturón de pobreza de la administración del alcalde José Chedraui Budib, con el fin de definir los criterios de entrega.

Actualmente, el padrón del DIF municipal supera las 70 mil personas que reciben una despensa mensual; no obstante, en algunos periodos esta cifra aumenta debido a la mayor demanda del apoyo.

En ese sentido, reiteró que la instrucción de la presidenta del patronato del DIF es garantizar que el beneficio llegue a todas las zonas de la capital poblana.

Comentó que el año anterior se entregaron más de 250 mil despensas, en beneficio del mismo número de personas, como parte de las acciones para combatir la pobreza.

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Un grupo de Pensionados de CFE Puebla protestan contra reforma que elimina pensiones doradas

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Un grupo de trabajadores pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Puebla se manifestó este viernes 17 de abril frente al edificio divisional ubicado en la 25 Poniente, para expresar su inconformidad por la reforma constitucional que elimina las llamadas pensiones doradas en las entidades públicas.

Los inconformes advirtieron que esta medida vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica para quienes ya concluyeron su vida laboral, al considerar que sus pensiones fueron obtenidas de manera legítima tras más de 30 años de servicio.

Desde temprana hora, alrededor de las 8:00 de la mañana, los extrabajadores se concentraron en el inmueble portando pancartas con mensajes como: “Dimos luz a la nación, respeto a la jubilación”, “La ley no es retroactiva, mi pensión se queda viva” y “Justicia al jubilado por lo que hemos trabajado”, con los que exigieron respeto a sus ingresos y condiciones de retiro.

La pensión es el resultado de años de esfuerzo brindados a una empresa
Reforma deja intactas pensiones doradas en Puebla: 72 exburócratas seguirán con altos pagos
Eduardo Pérez Cuéllar, jubilado tras 32 años de servicio en la CFE y uno de los organizadores de la protesta, sostuvo que la reforma atenta contra el Estado de derecho. En entrevista, enfatizó que las pensiones no son privilegios, sino el resultado de décadas de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Participamos en emergencias, acudimos a huracanes y sismos para restablecer la energía eléctrica. No podemos permitir que nuestros derechos sean pisoteados. Si se vulneran contratos, no habrá certeza jurídica para nadie
expresó.
Asimismo, indicó que el movimiento busca evitar que se afecten sus ingresos en una etapa de vida en la que son más vulnerables, al tratarse de personas de la tercera edad, muchas de ellas con padecimientos de salud.
Por su parte, Sergio Licea Lugo, también jubilado, hizo un llamado a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de la reforma. Señaló que este tipo de medidas envían un mensaje de desconfianza no solo a los trabajadores, sino también a las empresas y a la sociedad en general.

¿Qué certeza jurídica va a haber en el país? Pedimos que se respeten los derechos que ganamos legalmente. Cumplimos con más de 30 años de servicio y fuimos jubilados conforme a la ley; no nos dejen en estado de indefensión en esta etapa de nuestra vida
anifestó.
En tanto, Óscar Hernández aclaró que los manifestantes no forman parte de los altos mandos con pensiones elevadas, sino que en su mayoría se desempeñaron en áreas operativas y mandos medios, realizando labores como reconexiones, facturación, contrataciones y restablecimiento del servicio eléctrico.

“No tenemos esas pensiones altas. Nuestra indignación es que se nos pretendan quitar derechos adquiridos desde hace más de 30 años. No es procedente”, puntualizó.

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Productores de caña en Izúcar frenan propuesta de IMSS permanente para cortadores

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Representantes del sector cañero en la región rechazaron la iniciativa que busca garantizar seguridad social durante todo el año a los cortadores de caña, al advertir que la medida elevaría significativamente los costos de producción.

El dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, Javier Sánchez Chávez, explicó que actualmente el acceso al IMSS se otorga únicamente durante la zafra, por lo que extenderlo implicaría una carga económica difícil de sostener para los productores.
La propuesta, impulsada por el diputado federal Eduardo Castillo López, plantea que los trabajadores mantengan la cobertura médica más allá del periodo de cosecha. Sin embargo, el sector considera que su aplicación sería inviable en las condiciones actuales.

Sánchez Chávez señaló que los productores ya enfrentan presiones económicas importantes, como el pago de cuotas al IMSS que ronda los 680 millones de pesos, además del bajo precio de la caña, el encarecimiento de insumos y la competencia de azúcar importada.

De aprobarse la iniciativa a nivel nacional, el gasto podría elevarse hasta entre mil 200 y mil 400 millones de pesos, lo que impactaría a las 47 zonas cañeras del país.

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