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Senado aprueba reforma que pasa Guardia Nacional a la Sedena

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El Senado de la República remitió al Ejecutivo Federal la reforma que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de su aval por el pleno legislativo en lo particular por 69 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones.

Después de casi 14 horas de debate y con el respaldo de Morena y sus aliados, así como la abstención del coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, se avaló la reforma presidencial que modifica a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Estos cambios otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de “ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Conceden al secretario de la Defensa el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública y cuando el presidente de la República disponga su intervención en auxilio de la fuerza armada permanente.

El personal militar puede efectuar “operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública” y homologar al personal de la Guardia Nacional su tiempo de servicio en esta corporación como tiempo de servicio en el Ejército y unidades de vuelo.

Oposición impugnará
La oposición se pronunció en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país y anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, afirmó que aprobar este dictamen es un fraude a la Constitución y un error, porque cancela la posibilidad de contar con un cuerpo civil, de alcance nacional, que sea fuerte y confiable. Aseveró que estas reformas avalan la muy preocupante actitud de siempre “colocar la voluntad partidista por encima de la ley y la Constitución”.

Lilly Téllez, provocó la molestia de la bancada de Morena, cuando arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de falso profeta pues ofreció paz y entregó muerte. Afirmó que la inseguridad ya no es culpa del pasado, como balbucean torpemente “ustedes y el señor de las mentiras, es culpa de la colusión de este gobierno con el crimen organizado”. Calificó a los senadores de Morena súbditos del “pejelagarto” y “grupito de agachados y cómplices del pacto con el crimen organizado”.

Lucy Meza, senadora por Morena, calificó a la panista, a la que llamó vulgar usurpadora. “Solamente, para decir nuevamente, que usted es una vulgar usurpadora, porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de Morena, que es de nosotros, que se lo dio la representación de nuestras siglas y por aquí participó. Y usted debería de renunciar por dignidad, porque es una ingrata, es una traidora, una usurpadora, vulgar porque eso es lo que es usted”.

En tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso que “los pares del presidente López Obrador no serán ni Juárez, ni Cárdenas, sino Echeverría y Díaz Ordaz” y agregó que el Presidente pretende ocultar el fracaso de su estrategia de seguridad.

«Hay militares buenos, pero también hay hijos de la chin…»: Germán Martínez
«También hay hijos de la chin…»: senador plural en contra de la GN
La Guardia Nacional podrá prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten.

El decreto se envió al titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

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La presidenta Claudia Sheinbaum exige investigar asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se realicen todas las investigaciones sobre el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, conocido como «El Jaguar», ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan. La mandataria confirmó que su administración ya da seguimiento al caso en coordinación con el Gobierno de Puebla.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes desde Quintana Roo, Sheinbaum informó que conoció los hechos durante la reunión del Gabinete de Seguridad, donde recibió un reporte sobre el homicidio del también abogado y docente.

La titular del Ejecutivo señaló que existe comunicación permanente con el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien también instruyó el desarrollo de una investigación que considere todos los elementos relacionados con el crimen.

Además, la presidenta hizo referencia al video difundido en redes sociales tras el asesinato de Martínez Contreras. En esa grabación, el comunicador denunció presuntas amenazas por parte del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de cuestionar el manejo de recursos públicos y exigir transparencia a las autoridades.

En el mensaje, «El Jaguar» sostuvo que las presiones no modificarían su labor informativa y aseguró que continuaría trabajando por su comunidad. También rechazó acusaciones sobre un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, para lo cual mostró comprobantes de pago con el fin de desmentir esos señalamientos.

Armenta pide denunciar amenazas
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Fiscalía tomará en cuenta el contenido del video dentro de las indagatorias. Asimismo, precisó que el periodista no solicitó protección a las autoridades estatales antes del ataque y exhortó a las y los comunicadores a denunciar cualquier amenaza o acto de intimidación.

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez Contreras y le dispararon alrededor de las 08:00 horas del 16 de julio, a escasos metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

El periodista dirigía la página Noticias Texmelucan y combinaba esa actividad con su profesión como abogado y maestro.

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Detienen en México a exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustible

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Autoridades de seguridad de México detuvieron este jueves a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado fronterizo de Baja California, quien está acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

La detención se produjo a partir de una investigación relacionada con “grandes operaciones” para contrabandear hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por Ruffo, dijo la FGR.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el arresto en el municipio de Ensenada, agregó la institución.

Ruffo, de 74 años, es un político conocido en México. En 1989, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía en sus manos la presidencia y todos los gobiernos estatales, se convirtió en el primer gobernador de oposición tras ganar el cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Gobernó Baja California hasta 1995 y después ocupó otros cargos públicos, como senador y diputado federal. Antes, entre 1986 y 1989, fue alcalde de Ensenada.

Administrador de formación y empresario del sector pesquero, todos los puestos de elección popular que ha ganado los ha obtenido bajo las siglas del PAN. Milita en esa fuerza política desde 1985, según su semblanza publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

La detención de Ruffo se produce en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y contrabando de combustible, un delito popularmente conocido como “huachicol” y que representa pérdidas millonarias para las arcas públicas, según autoridades federales.

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Sheinbaum ordena revisar el caso de Brenda Quevedo, acusada en el caso Wallace

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La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el proceso judicial de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva cerca de dos décadas privada de la libertad y sin recibir una sentencia definitiva por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria anunció tres acciones para atender el caso: solicitar una revisión jurídica en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las áreas federales de derechos humanos; gestionar que la Fiscalía General de la República reciba a las abogadas de Quevedo Cruz, y hacer un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para analizar las posibles irregularidades y demoras en el proceso.
“Me comprometo a tres cosas”, expresó Sheinbaum al responder a un planteamiento sobre la situación jurídica de Brenda Quevedo. La presidenta señaló que las instituciones correspondientes deberán estudiar el expediente y escuchar directamente a su equipo de defensa.

¿Quién es Brenda Quevedo y por qué está detenida?

Brenda Quevedo Cruz fue acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005. Fue detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y posteriormente extraditada a México, donde quedó sujeta al proceso penal iniciado por el llamado caso Wallace.

Su defensa sostiene que no existen pruebas válidas que demuestren su participación y que la investigación se construyó a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura. Quevedo también ha denunciado haber sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante su reclusión.

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que su privación de la libertad era arbitraria debido a violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgada en un plazo razonable. El organismo internacional pidió al Estado mexicano remediar su situación y garantizarle una reparació

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