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La Gobernadora Lorena Cuéllar hace un llamado a funcionarios Estatales a desempeñarse bajo los principios de la 4T

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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros acudió a la conferencia magistral “Los valores de la 4T en el quehacer diario del servidor público”, dictada por el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Roberto Salcedo Aquino, organizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Tlaxcala, donde conminó a las y los funcionarios estatales a desempeñarse bajo los principios de la Cuarta Transformación para entregar buenas cuentas a la entidad.

En el Centro Cultural Universitario (CCU) y en el marco del Día de la Administración Pública, la titular del Ejecutivo local agradeció el apoyo de Roberto Salcedo Aquino en esta gran labor, pues refirió que es importante hacer una función pública lo mejor posible, “son el corazón de este gobierno, de esta nueva historia de la que tanto hablamos”.

Refirió que desde el primer día que asumió la gran responsabilidad de gobernar el estado, tiene el compromiso de cumplir con valores y principios para hacer bien las cosas, brindar buenos servidores públicos y erradicar la corrupción, “en cada secretaría tengo compromisos por atender cabalmente para responder al Plan Estatal de Desarrollo”.

“Ustedes son la cara de este gobierno, tienen que tener el corazón y la sensibilidad de ser un gobierno distinto con valores y principios (…) donde no mentir, no robar y no traicionar sean realmente los principios de este gobierno. Deseo desde lo más profundo entregar buenas cuentas a Tlaxcala para dejarle a nuestras generaciones, verdaderamente, una nueva historia”, puntualizó Cuéllar Cisneros.

Durante la conferencia, Salcedo Aquino hizo una panorámica de los valores y principios que deben regir la actuación de las personas servidoras públicas en la etapa de transformación de la visión, misión y rumbo de la Nación, pues dijo que una buena administración pública es la que cumple con sus funciones institucionales, cumple objetivos y metas, y promueve la práctica e interiorización de los principios y valores entre las personas que integran las filas del gobierno”.

Enfatizó que desde la perspectiva de la SFP, el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales se concreta en la eficacia y la probidad para otorgar resultados favorables, y constituye un factor prioritario para la toma de decisiones, la ejecución de acciones y su evaluación, y con ello construir un gobierno eficaz que aumente la credibilidad y confianza de la ciudadanía.

Además, abordó temas de interés como: la ética como instrumento para combatir la corrupción, valores y principios de la administración pública, respeto a los derechos humanos, transparencia, liderazgo, competencia profesional, rendición de cuentas complementada con la fiscalización, entre otros rubros de interés.

En tanto, la titular de la SFP, Eréndira Cova Brindis dijo que la dependencia que encabeza tiene como finalidad procurar que lo público funcione con eficacia y probidad, por lo que implementaron un sistema de recepción de quejas que permite visualizar las áreas del gobierno que requieren más atención en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, iniciaron un proyecto con jóvenes para que participen en acciones que refuercen los valores de honestidad, transparencia e integridad, y resaltó la reciente publicación en el Periódico Oficial del estado, del Código de Ética para la Administración Pública Estatal como un instrumento para el correcto y honorable cumplimiento del servicio público.

De este modo, hicieron el llamado a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno a infundirse en el espíritu de este movimiento, con el propósito de responder a las necesidades e inquietudes de la población.

Al evento acudieron la diputada y presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del estado, Reyna Báez Lozano; la magistrada de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer; el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública federal, Eduardo Gurza Curiel, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal, municipal, y representantes de los tres poderes de gobierno.

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Inicia en Puebla la construcción de conjunto habitacional con 512 viviendas para derechohabientes de menores ingresos

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Con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible, el gobierno estatal y federal anunciaron el arranque oficial de la construcción de un nuevo conjunto habitacional en el estado de Puebla. Este ambicioso proyecto contempla la edificación de 512 viviendas destinadas específicamente a los derechohabientes de menores ingresos, buscando reducir la brecha de desigualdad en el acceso al patrimonio propio.

Las autoridades señalaron que este desarrollo inmobiliario contará con todos los servicios básicos necesarios, áreas verdes y espacios de convivencia comunitaria para asegurar una excelente calidad de vida a las familias beneficiadas. La planeación urbana de este complejo prioriza la sustentabilidad y la cercanía con vialidades principales, facilitando el traslado diario de los trabajadores hacia sus centros laborales.

Este programa forma parte de una estrategia nacional más amplia orientada a atender el déficit de vivienda popular en zonas urbanas y metropolitanas con alta demanda. Mediante esquemas de financiamiento accesibles y tasas preferenciales, se busca que los trabajadores con percepciones económicas más bajas puedan adquirir un hogar sin comprometer su estabilidad financiera familiar.

El inicio de estas obras representa un importante detonante económico para la región, ya que se prevé la generación de cientos de empleos directos e indirectos durante las diferentes etapas de construcción. Asimismo, las instancias participantes reiteraron su compromiso de supervisar que los trabajos se realicen bajo estrictos estándares de calidad y en los tiempos establecidos para la entrega de las primeras viviendas.

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Inicia gobierno estatal rehabilitación de la Calle 4 Oriente en la capital poblana

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PUEBLA, Pue. — Como parte del programa de Pavimentación de 100 Vialidades 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició la rehabilitación de la Calle 4 Oriente que es la continuación de la 12 Oriente recientemente intervenida, entre las privadas 2 y 4 Oriente, comienzan los trabajos a la altura de la 14 Norte, con un tramo total de intervención de 1.20 kilómetros.

Bajo la visión integral de recuperar las vías de comunicación en la entidad, la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier realiza esta obra equivalente a la pavimentación de 32 vialidades. Esta acción impactará de manera directa y positiva en la movilidad y calidad de vida de 52 mil 849 habitantes de 14 colonias de la capital.

A través de las unidades operativas de los Módulos de Pavimentación y cuadrillas de personal, la dependencia estatal comenzó las maniobras de fresado de la carpeta asfáltica existente y el retiro de residuos. Posteriormente, se llevará a cabo la colocación de una nueva capa asfáltica de 5 centímetros de espesor, así como la instalación de señalamiento vertical y horizontal para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

En alineación con la estrategia «Senderos de Paz», impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y gracias a la donación de insumos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en reconocimiento a los avances del estado en el combate al huachicol, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirma el compromiso de trabajar diariamente en el fortalecimiento de la infraestructura vial para el bienestar de las y los poblanos.

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SEP federal notifica el cierre definitivo de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla; alumnos serán reubicados

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Puebla, Pue. – La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal confirmó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), con sede en la capital poblana, ha sido notificada oficialmente sobre su cierre definitivo, por lo que no podrá abrir sus puertas ni operar durante el próximo ciclo escolar 2026-2027.

La medida forma parte de una directriz nacional instruida por el titular de la SEP federal, Mario Delgado, y coordinada a través de Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación, tras una revisión exhaustiva a los planteles con esquemas castrenses en el país —movilizada a raíz de casos críticos como el ocurrido en Tamaulipas con la menor Dafne.

Irregularidades legales y fin del modelo castrense
Las autoridades educativas determinaron que la modalidad de «escuela militarizada» no existe en la legislación educativa mexicana ni cuenta con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para impartir adoctrinamiento o disciplina de carácter militar en educación básica y media superior.

Aunque el plantel contaba con un Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) limitado estrictamente al nivel bachillerato, operaba fuera del marco legal permitido al promocionarse y regirse bajo esquemas castrenses. Ante esto, el procedimiento administrativo contempla la suspensión de actividades, la revocación de la autorización para prestar servicios educativos y la clausura operativa del inmueble ubicado en el barrio de San Matías.

Garantías para los estudiantes y padres de familia
Para salvaguardar los derechos de la comunidad estudiantil, la SEP federal y la representación estatal establecieron lineamientos de protección inmediata:

Validez de estudios previos: Se confirmó que todos los certificados escolares, así como los documentos emitidos en generaciones pasadas y cursados hasta el momento, conservan su validez oficial, por lo que los alumnos graduados o en activo no sufrirán afectaciones en su historial.

Reubicación escolar: La SEP de Puebla brindará acompañamiento técnico y administrativo para canalizar a los estudiantes afectados hacia otras instituciones, garantizando la continuidad de sus trayectorias académicas sin contratiempos.

Reembolso de pagos: La institución educativa quedó legalmente obligada a devolver los recursos económicos correspondientes a inscripciones, reinscripciones o colegiaturas que los padres de familia hayan cubierto de manera anticipada para el ciclo escolar que se avecina.

Con estas acciones, las autoridades federales y estatales cerraron cualquier posibilidad de que el plantel continúe operando bajo otro nombre o bajo el mismo esquema irregular, reiterando que no se tolerarán prácticas que vulneren la dignidad y los derechos humanos de la infancia y la juventud.

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