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En medio de dudas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México afina su despegue

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A tres semanas de someterse a un referendo revocatorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará este lunes el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, obra insignia del gobierno que arrastra dudas sobre su viabilidad operativa y financiera.

La terminal, construida por el Ejército en la base aérea de Santa Lucía busca aliviar la saturación del aeropuerto Benito Juárez, que en 2021 movió 36 millones de pasajeros y en 2019 un récord de 50.3 millones.

El Felipe Ángeles, llamado así en honor de un militar de la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX, sustituye a otra terminal que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) edificaba en el suburbio de Texcoco con un costo de 13,000 millones de dólares.

La inversión final en el nuevo complejo ascenderá a 74,535 millones de pesos (3,657 millones de dólares), según el mandatario izquierdista, elegido en 2018 para un período de seis años.

Será la inauguración de la primera de sus grandes obras de infraestructura. Las otras, en el sur del país, son una refinería en su natal Tabasco; el Tren Maya, proyecto turístico de 1,554 km en el que también participan los militares, y la modernización del corredor interoceánico de Tehuantepec.

López Obrador, quien ha ampliado el rol de las Fuerzas Armadas en varios ámbitos, destaca que el nuevo aeropuerto, a unos 50 km de la capital, «no tuvo sobrecostos (…), es moderno y fue construido por ingenieros militares en tiempo récord, a bajo costo y con la más avanzada tecnología».

La inauguración ocurre en la antesala de la consulta del 10 de abril, en la que los mexicanos decidirán si quieren que el presidente -cuya popularidad promedia 58%- termine su mandato.

El plebiscito fue incluido en la Constitución por la mayoría oficialista en el Congreso, pero la oposición lo rechaza alegando que solo busca fortalecer a López Obrador, quien descarta modificar la ley para implantar la reelección.

El nuevo aeropuerto arrancará con ocho vuelos diarios de las aerolíneas nacionales Volaris, VivaAerobús y Aeroméxico y la venezolana Conviasa, única internacional.

López Obrador también invitó al presidente de Delta a funcionar desde Santa Lucía.

El Felipe Ángeles servirá simultáneamente con el actual aeropuerto y con el de la vecina Toluca, a diferencia del proyecto de Texcoco que habría sustituido enteramente al Benito Juárez.

Analistas del sector como Fernando Gómez consideran que ese factor aumenta el riesgo de accidentes.

Pero las autoridades del aeropuerto señalaron al diario Milenio que adoptaron un modelo de navegación que garantiza la actividad simultánea.

El gobierno planea trasladar el 30% de las operaciones a Santa Lucía en tres años.

La obra enfrenta además desafíos ambientales, como controlar la contaminación, y de conectividad terrestre, pues en Ciudad de México y su área metropolitana viven unos 20 millones de personas.

La Secretaría de Medio Ambiente advirtió de impactos como la disminución del volumen y calidad del agua, reducción de flora y modificación del hábitat de fauna silvestre, que sin embargo consideró mínimos y remediables.

«A corto plazo (el reto) es la infraestructura vial para acceder, y que la capacidad sea lo suficientemente grande para que cuando la del aeropuerto actual se vaya reduciendo, pueda atender la demanda», señala el capitán Miguel Valero, expresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.

El gobierno admite que tomará más tiempo llegar a Santa Lucía, por lo que prometió disminuir el tiempo para documentar.

En la parte financiera, los responsables aeroportuarios reconocen que el Felipe Ángeles recién será rentable en 2026. Mientras, será financiado con recursos públicos y se aplicarían descuentos para hacer más económica la operación de las compañías.

López Obrador subraya que será un proceso gradual, que irá de la mano de la recuperación económica.

El aeropuerto nació en medio de la polémica. Antes de posesionarse, López Obrador ya había decidido cancelar el proyecto de Texcoco tras una consulta popular criticada por ser poco representativa, y sustituirlo por el de Santa Lucía.

Esa decisión es considerada por analistas como una de las razones detrás de la fría relación que ha tenido el gobierno de López Obrador con el sector privado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum exige investigar asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se realicen todas las investigaciones sobre el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, conocido como «El Jaguar», ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan. La mandataria confirmó que su administración ya da seguimiento al caso en coordinación con el Gobierno de Puebla.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes desde Quintana Roo, Sheinbaum informó que conoció los hechos durante la reunión del Gabinete de Seguridad, donde recibió un reporte sobre el homicidio del también abogado y docente.

La titular del Ejecutivo señaló que existe comunicación permanente con el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien también instruyó el desarrollo de una investigación que considere todos los elementos relacionados con el crimen.

Además, la presidenta hizo referencia al video difundido en redes sociales tras el asesinato de Martínez Contreras. En esa grabación, el comunicador denunció presuntas amenazas por parte del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de cuestionar el manejo de recursos públicos y exigir transparencia a las autoridades.

En el mensaje, «El Jaguar» sostuvo que las presiones no modificarían su labor informativa y aseguró que continuaría trabajando por su comunidad. También rechazó acusaciones sobre un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, para lo cual mostró comprobantes de pago con el fin de desmentir esos señalamientos.

Armenta pide denunciar amenazas
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Fiscalía tomará en cuenta el contenido del video dentro de las indagatorias. Asimismo, precisó que el periodista no solicitó protección a las autoridades estatales antes del ataque y exhortó a las y los comunicadores a denunciar cualquier amenaza o acto de intimidación.

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez Contreras y le dispararon alrededor de las 08:00 horas del 16 de julio, a escasos metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

El periodista dirigía la página Noticias Texmelucan y combinaba esa actividad con su profesión como abogado y maestro.

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Detienen en México a exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustible

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Autoridades de seguridad de México detuvieron este jueves a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado fronterizo de Baja California, quien está acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

La detención se produjo a partir de una investigación relacionada con “grandes operaciones” para contrabandear hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por Ruffo, dijo la FGR.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el arresto en el municipio de Ensenada, agregó la institución.

Ruffo, de 74 años, es un político conocido en México. En 1989, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía en sus manos la presidencia y todos los gobiernos estatales, se convirtió en el primer gobernador de oposición tras ganar el cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Gobernó Baja California hasta 1995 y después ocupó otros cargos públicos, como senador y diputado federal. Antes, entre 1986 y 1989, fue alcalde de Ensenada.

Administrador de formación y empresario del sector pesquero, todos los puestos de elección popular que ha ganado los ha obtenido bajo las siglas del PAN. Milita en esa fuerza política desde 1985, según su semblanza publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

La detención de Ruffo se produce en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y contrabando de combustible, un delito popularmente conocido como “huachicol” y que representa pérdidas millonarias para las arcas públicas, según autoridades federales.

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Sheinbaum ordena revisar el caso de Brenda Quevedo, acusada en el caso Wallace

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La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el proceso judicial de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva cerca de dos décadas privada de la libertad y sin recibir una sentencia definitiva por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria anunció tres acciones para atender el caso: solicitar una revisión jurídica en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las áreas federales de derechos humanos; gestionar que la Fiscalía General de la República reciba a las abogadas de Quevedo Cruz, y hacer un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para analizar las posibles irregularidades y demoras en el proceso.
“Me comprometo a tres cosas”, expresó Sheinbaum al responder a un planteamiento sobre la situación jurídica de Brenda Quevedo. La presidenta señaló que las instituciones correspondientes deberán estudiar el expediente y escuchar directamente a su equipo de defensa.

¿Quién es Brenda Quevedo y por qué está detenida?

Brenda Quevedo Cruz fue acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005. Fue detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y posteriormente extraditada a México, donde quedó sujeta al proceso penal iniciado por el llamado caso Wallace.

Su defensa sostiene que no existen pruebas válidas que demuestren su participación y que la investigación se construyó a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura. Quevedo también ha denunciado haber sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante su reclusión.

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que su privación de la libertad era arbitraria debido a violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgada en un plazo razonable. El organismo internacional pidió al Estado mexicano remediar su situación y garantizarle una reparació

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