La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este martes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que omite acciones de su Gobierno y presenta una visión “tendenciosa” sobre la situación de desapariciones en el país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al asegurar que el Estado “no está rebasado” y que existen avances institucionales en la materia.
Sheinbaum sostuvo que el análisis del CED incurre en una “extrapolación de crimen de lesa humanidad”, al tiempo que cuestionó la falta de reconocimiento a medidas adoptadas por su administración.
No entendemos por qué es la extrapolación de crimen de lesa humanidad#, dijo la Presidenta al tiempo que cuestionó, «¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas?».
Sheinbaum enfatizó: «el Estado mexicano no está rebasado y se actúa en delitos que presentaron a partir de la guerra contra el narco».
Entre ellas, destacó la creación y fortalecimiento de mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, así como reformas legales orientadas a enfrentar el fenómeno.
En la misma línea, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que calificó el informe como “tendencioso” y afirmó que no refleja los avances institucionales registrados entre 2019 y 2025.
Diferencias sobre la definición de desaparición forzada
La presidenta subrayó que la definición de desaparición forzada, según estándares internacionales, implica la participación directa del Estado, como ocurrió en episodios históricos.
En contraste, señaló que el problema actual en México está mayoritariamente vinculado al crimen organizado, ámbito en el que —afirmó— su Gobierno trabaja para erradicar estas prácticas.
Este punto marca una diferencia central con el enfoque del CED, que analiza el fenómeno desde una perspectiva más amplia, considerando patrones de desapariciones a lo largo del tiempo.
Sheinbaum también cuestionó la naturaleza del Comité, al afirmar que se trata de “un grupo de expertos” que no forma parte directa de organismos como la ONU o la UNESCO.
No obstante, el propio CED ha reiterado que su labor está respaldada por el sistema internacional de derechos humanos, ya que sus integrantes son elegidos por los Estados miembros y su mandato deriva de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, explicó que el informe no se limita a una administración específica, sino que evalúa la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.
El informe ante la ONU y su alcance internacional
El documento fue remitido a la Asamblea General como parte de los mecanismos previstos en la convención internacional, que se activan cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas.
Este procedimiento busca colocar el tema en la agenda global y promover medidas de cooperación internacional, lo que ha generado tensiones con el Gobierno mexicano.
La presidenta reiteró que su administración no niega la problemática, pero sostuvo que el informe presenta una narrativa que no corresponde con los esfuerzos institucionales en marcha.
Entre las acciones mencionadas se encuentran reformas legales, fortalecimiento de instituciones y diálogo con colectivos de búsqueda, en un intento por atender una de las crisis más sensibles en materia de derechos humanos en el país.
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