Simulación y falta de avances en la investigación del caso por parte de las autoridades ministeriales acusaron los padres de Zyanya, la médico pediatra encontrada muerta en 2018 en el departamento que rentaba en el fraccionamiento Real de Zavaleta; además de lo anterior, los padres de la hoy occisa están a la espera de la fecha para la próxima audiencia en la que se exponga el plan de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

María Patricia Becerril, madre de Zyanya, comentó en entrevista para El Sol de Puebla, que a pesar del comunicado de prensa que la Fiscalía emitió diciendo que se accedió a tomar en cuenta las propuestas de la familia para el plan de investigación con perspectiva de género que en febrero de 2022 un juez de control ordenó elaborar, al momento no se ha logrado tales fines, por lo que consideran que es una clara simulación de la institución, además de que no hay avances en el proceso de investigación.

La entrevistada destacó que existe una petición de firma a través de la plataforma change.org para solicitar la destitución de la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, Raquel Avendaño.

“La petición de change es real, ya que nuevamente nos encontramos ante la falta de voluntad e incumplimiento para lo ordenado por el juez de control, de reencausar la investigación con perspectiva de género y debida diligencia, además de las propuestas en coadyubancia con la asesoría jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para establecer un Plan Metodológico de Investigación”, indicó.

Agregó que hasta el 16 de mayo fueron notificados de que se contemplarían sus propuestas y les dieron tres días para contestar.

Fue así como el asesor legal de la familia de Zyanya presentó el escrito y ahora solo les queda esperar la respuesta del juez para que los cite a audiencia en aproximadamente 15 días.

Zyanya, de 26 años, llegó a Puebla procedente de la Ciudad de México en el año 2017; su objetivo era estudiar la especialidad en Pediatría haciendo prácticas dentro del Hospital del Niño Poblano; por eso rentó una vivienda cercana al nosocomio, específicamente en el Fraccionamiento Real de Zavaleta, donde a los pocos meses otra amiga de trabajo le rogó para que compartieran el domicilio y ella de buena caridad aceptó.

Esa mujer, de quien al momento se han reservado su identidad, fue quien el 15 de mayo de 2018 reportó el hallazgo del cuerpo de Zyanya, el cual estaba atado del cuello con un lazo.

Luego de que se diera parte a las autoridades policiacas del municipio, al lugar también acudieron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes encontraron una carta póstuma en la que supuestamente la médica se disculpaba por ser un fracaso como profesionista, pues aseguraba que no era buena en el hospital; más adelante, con el resultado de la necropsia, se asentó que se trató de un suicidio.

No obstante, los familiares de la joven a lo largo de 4 años han asegurado que se trató de un feminicidio, por lo que con diversas manifestaciones y la contratación de peritos particulares solicitaron una ampliación de la investigación bajo perspectiva de género.

Incluso la mañana del 22 de mayo de 2021, cuando por orden judicial ya se iba a entregar a los dueños la casa que la joven rentaba, llegó un grupo de familiares y conocidos de Zyanya para tratar de evitarlo ya que aseguraron, aún podían existir evidencias que confirmaran el feminicidio.

La familia de la hoy occisa aseguró que contaba con un amparo donde un juez federal ordenó al juez penal del proceso que volviera a analizar el caso y se determinara si en realidad fue un suicidio o realmente debería investigarse un feminicidio

El 22 de mayo de 2021, la familia de Zyanya fue repelida de manera violenta por personal de la Fiscalía de Puebla, cuando intentaba ingresar a las instalaciones de la dependencia para exigir que el caso se investigara como un feminicidio y no suicidio; al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a respetar al derecho a la manifestación pacífica.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo respetar la libre expresión además de que sentenció que de investigaría y castigaría a los responsables de dicha agresión.