Siguiendo las directrices del alcalde José Chedraui, el Gobierno de la Ciudad de Puebla continúa realizando jornadas de limpieza en las barrancas como parte de las medidas preventivas ante la llegada de la temporada de lluvias, con el objetivo de minimizar riesgos y favorecer el orden y el cuidado de la capital poblana.

Por esta razón, se llevó a cabo una supervisión de los trabajos efectuados en la barranca situada en Guadalupe Caleras, donde los habitantes contarán con una mayor sensación de tranquilidad y seguridad. A través de estas iniciativas, el Gobierno de la Ciudad reitera su compromiso hacia la protección de las familias poblanas y el mantenimiento de espacios más limpios y seguros.

Una vez más, se ha clausurado el famoso Bar Lacoss, situado en la colonia Popular Coatepec de Puebla, aunque esta vez no fue por la ausencia de licencias, sino por trabajos de construcción no autorizados. El establecimiento ha dejado de funcionar como centro nocturno, tras el horrendo multihomicidio ocurrido en noviembre de 2025; sin embargo, las fotografías de la clausura han circulado en redes sociales, recordando el incendio que causó la muerte de siete personas.

En la tarde del 11 de mayo, las autoridades municipales colocaron los sellos de clausura en el lugar. A pesar de ello, esta acción no parece estar vinculada a la falta de licencia de funcionamiento, ya que en el espacio no debería haber un bar o un centro de entretenimiento para adultos. La sanción se debió a supuestas obras realizadas sin la debida autorización.

En la actualidad, el local se presenta significativamente diferente a su anterior operación antes de la tragedia ocurrida en noviembre. El edificio permanece sin ninguna señalización visible y los sellos que en su momento colocó la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido removidos.

Previo al ataque, Bar Lacoss se alistaba para conmemorar su aniversario número 31 y seguía promocionándose en redes sociales como uno de los table dances más reconocidos de Puebla. Inclusive, tenía programada una celebración «a lo grande» para el 5 de diciembre de 2025; festejo que nunca tuvo lugar debido a que la tragedia acaedeó el 18 de noviembre.

Durante muchos años, el establecimiento formó parte integral de la vida nocturna en Puebla, ofreciendo espectáculos diarios y con la participación de hasta 40 mujeres cada noche. Todo cambió en la madrugada en que un grupo armado entró al local, controló a los empleados y posteriormente hizo arder el inmueble mientras había personas en su interior.

Ese ataque dejó un total de 14 personas afectadas; cinco perecieron en el ataque, dos fallecieron días después y siete lograron sobrevivir. Entre las víctimas se encontraban tres hombres de entre 30 y 50 años, además de dos jóvenes mujeres, una de ellas de origen cubano.

Ahora, a seis meses de aquella tragedia, la clausura por supuestas irregularidades en la construcción vuelve a evocar uno de los episodios más violentos que se han registrado recientemente en los centros nocturnos de Puebla.

Helena Monzón acusó que, en el proceso penal por el feminicidio de su hermana Cecilia, activista y abogada, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ) tardó cinco meses en detectar que faltaban algunos discos con las grabaciones de las audiencias de juicio oral necesarias para resolver las apelaciones interpuestas desde febrero tanto por la Fiscalía como por la defensa de los tres sentenciados en el caso.

La doliente explicó a El Sol de Puebla, y también a través de sus redes sociales, que fue hace tres meses cuando, por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en representación de su familia, apeló el fallo judicial únicamente en lo relacionado con la reparación del daño.

Refirió que en el mismo mes, Javier López Zavala, excandidato al gobierno estatal; su sobrino Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas apelaron la sentencia de 60 años de prisión que les fue impuesta en enero de 2026 por el delito de feminicidio.
Llevo meses diciendo que la sentencia aún no es firme; si hasta nosotros mismos y la FGE hemos apelado también desde febrero por los daños, no por la condena. Sería novedoso que no lo hubieran hecho, después de hacernos pasar por el calvario del juicio de feminicidio más largo de la historia de México,
sentenció.
Aún no existe una sentencia firme
La también abogada dijo que, aunque la notificación del recurso legal interpuesto por los acusados era un mero trámite, esta les fue dada a conocer apenas el 11 de mayo.

Señaló que el TSJ de Puebla tardó cinco meses en advertir que faltaban algunos CDs con registros de las audiencias del juicio, materiales que serán necesarios para resolver las respectivas apelaciones.

Aseguró que hasta que no exista una sentencia firme, “no hay justicia que valga. Esto no ha acabado para mí ni para mi familia”.

Recordó que desde noviembre de 2025 sigue pendiente la resolución de la condena por violencia familiar, luego de un amparo en revisión que continúa en trámite.

El horror es saber que mi paz y la de mi familia están atadas aún a las defensas nefastas de los feminicidas de mi hermana y al funcionamiento letárgico de la justicia mexicana. Sirvan estas flores para dar ánimos en esta batalla que aún sigue. Cuatro años son demasiados. Justicia para Cecilia Monzón,
finalizó.
Implicados en el caso
Cecy, como le decían de cariño, fue asesinada en San Pedro Cholula, Puebla, el 21 de mayo de 2022, crimen que estremeció a México y España, ya que contaba con ambas nacionalidades, además de dejar en la orfandad a un menor de edad.

Javier López Zavala fue declarado culpable y sentenciado a la pena máxima de 60 años de prisión por el delito de feminicidio en calidad de autor intelectual; además, recibió una condena de seis años por violencia familiar cometida en agravio de Cecilia y de su hijo. A través de apelaciones busca revertir ambas resoluciones judiciales.

Jair, sobrino de Javier, y otro hombre identificado como Silvestre también recibieron sentencias de 60 años de cárcel por ser considerados autores materiales del crimen.
Tras el caso surgió la denominada Ley Monzón, aprobada en Puebla en marzo de 2023, reforma mediante la cual se impide que los presuntos feminicidas mantengan la patria potestad sobre sus hijos y que, en caso de recibir sentencia condenatoria, esta les sea retirada de manera definitiva, aunque conservan obligaciones como el pago de alimentos.

Aunque esta modificación legislativa nació en Puebla, también fue aprobada en Sinaloa, Colima y Ciudad de México, mientras que ya fue presentada en Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Durango.