En lo que va del año 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED-ONU) ha emitido 65 Acciones Urgentes por desapariciones forzadas en México, lo que mantiene al país como el de mayor número de denuncias ante dicho organismo internacional.
Según el más reciente informe del CED, publicado el pasado 7 de octubre, México acumula un total de 779 casos desde 2012, lo que representa el 37.56% de los 2 mil 074 informes registrados a nivel mundial. Esta cifra supera incluso a Irak, que ocupa el segundo lugar con 663 denuncias, seguida por Colombia con 244 y Cuba con 200.
Durante el último período ordinario del comité, comprendido del 1 de marzo al 16 de septiembre de este año, se recibieron 144 nuevos informes, de los cuales el 35% correspondieron a México. El mismo porcentaje fue registrado por Irak, mientras que Sudán, Burkina Faso y Ecuador también aparecen entre los países con más reportes, aunque en menor proporción.
El informe detalla que 127 de las víctimas recientes eran hombres o niños, mientras que 17 eran mujeres o niñas. Además, 13 de las personas desaparecidas eran menores de edad, ocho eran defensores de derechos humanos, dos pertenecían a pueblos indígenas, tres tenían alguna discapacidad y dos eran adultos mayores.
Del total de casos mexicanos reportados entre mayo de 2014 y junio de 2025, al menos 22 ocurrieron entre 2024 y lo que va del presente año. Las desapariciones se concentraron principalmente en Baja California (29 casos), seguida de Jalisco (5), Guanajuato (4), Michoacán (3), Zacatecas y Ciudad de México (2 cada una), y con un caso por estado en Tamaulipas, Colima, Guerrero, Veracruz y Sinaloa.
Los reportes más graves provienen de Baja California, donde las víctimas habrían sido privadas de la libertad por agentes municipales o individuos uniformados durante supuestas operaciones policiales. En Ensenada, por ejemplo, trabajadores de la construcción fueron detenidos por policías locales y algunos permanecen desaparecidos. En otro caso, una mujer y cuatro hombres fueron secuestrados de un rancho con evidencias de violencia.
En Jalisco, los casos involucran directamente a elementos del Estado o a hombres armados, y se presume colusión entre autoridades y grupos delictivos. Incluso, siete guardias municipales de Teocaltiche cuentan con órdenes de aprehensión por su presunta implicación, pero no han sido capturados.
El comité también documentó la desaparición de José Juan Arias Solís, un adolescente de 14 años presuntamente detenido por la Guardia Nacional y el Ejército en Guanajuato. Su paradero es desconocido y las autoridades no han dado respuesta. Su padre, José Francisco Arias, líder del colectivo Hasta Encontrarte, fue secuestrado el 9 de junio, y su hijo Jaime fue asesinado durante el mismo hecho.
El informe advierte que las desapariciones suelen ocurrir en contextos donde se reportan vínculos entre autoridades y grupos criminales, así como deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación. En muchos casos, las autoridades no implementan estrategias integrales ni cumplen con los protocolos oficiales o estándares internacionales.
El CED señaló que los trabajos de búsqueda en México se han limitado, en su mayoría, a verificar registros oficiales sin acciones activas de localización. Además, denunció que los familiares de las víctimas enfrentan restricciones para acceder a los expedientes, dificultades para comunicarse con fiscales o asesores legales, y una falta generalizada de protección frente a amenazas e intimidaciones.
Pese a que el Estado mexicano ha respondido formalmente a las Acciones Urgentes, el comité sostiene que persisten graves omisiones en la planificación y ejecución de búsquedas, y que en muchos casos las respuestas oficiales se reducen a cruzar datos en bases administrativas, sin esfuerzos reales para encontrar a las personas desaparecidas.
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