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Promueven en Congreso iniciativa para prevenir delitos contra menores en servicios turísticos 

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Para que las personas prestadoras de servicios ejecuten los protocolos y acciones preventivas que permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Puebla. 

Durante la presentación de la propuesta legislativa, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura, la diputada indicó que también se pretende que el personal encargado de otorgar estos servicios reciba capacitación periódica y especializada en la identificación de indicadores y la aplicación de protocolos para la prevención y detección temprana de la posible comisión de delitos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la trata de personas con fines de explotación, así como en los procedimientos de notificación inmediata a las autoridades competentes. 

Esta capacitación deberá priorizar el interés superior de la niñez y podrá ser coordinada por la Secretaría de Turismo en conjunto con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. 

La propuesta legislativa se reforman las fracciones X, XI y se adiciona la fracción XII al artículo 81 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución procedente. 

Por otra parte, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de actualizar el marco normativo para evitar que los grupos criminales sigan utilizando a menores de edad y personas vulnerables para obtener y transmitir información sobre los movimientos de las instituciones de seguridad pública que les permita tener ventaja sobre éstas, mediante el uso de los llamados halcones.

La iniciativa mediante la cual se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un sexto párrafo al artículo 186 octies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Además, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar el artículo 415 del Código Penal del Estado, con el propósito de tipificar el delito de colisión vehicular simulada con fines de extorsión, a fin de que se establezca penalidad corporal de dos a ocho años de prisión.

De acuerdo con la iniciativa, la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, cuando el delito sea cometido en grupo o pandilla, también cuando se emplee violencia física o se cause daño a la integridad personal o psicológica de la víctima; sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan. 

El diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, con el objetivo de establecer, entre otros aspectos, que como parte de las medidas de la reparación del daño se incluirán la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima; además de la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.

Como parte de la propuesta se actualiza el nombre de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla y se indica que ésta establecerá el reconocimiento, protección, garantía y amparo de las víctimas del delito; la observación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que México forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y otras leyes generales y locales aplicables; así como la garantía dentro del procedimiento penal, para que las víctimas accedan a una reparación del daño integral.

Además, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles, con la finalidad de establecer que, tratándose de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla. 

La iniciativa indica que bastará con presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana con el fin de obtener el registro de su nacimiento ante el Registro del Estado Civil, en términos de la normatividad aplicable.

Las propuestas legislativas de las y los diputados Andrés Villegas, Fedrha Isabel Suriano, Miguel Márquez y Araceli Celestino, fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. 

En otro momento, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales, con la finalidad de derogar la disposición normativa que impide votar a las personas sujetas a proceso penal, desde que se dicte el auto de formal prisión o desde la fecha del auto de vinculación a proceso y, a su vez, disponer que están impedidas e impedidos para votar las y los ciudadanos que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada y/o compurguen pena corporal.

Mediante la propuesta se pretende derogar la fracción I y reformar la fracción II del artículo 13 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; esta modificación será analizada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para adicionar un título denominado “De los Eventos Públicos Masivos” en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con la finalidad de establecer, entre otros aspectos, que para los eventos públicos masivos que reúnan o excedan las quinientas personas, los organizadores estarán obligados a establecer y mantener una unidad de atención pre hospitalaria en el lugar del evento, con personal calificado y equipado de acuerdo con las normativas y lineamientos de la Secretaría de Salud y Protección Civil del Estado de Puebla.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Delegación local de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que, en el ámbito de sus facultades, realice de manera inmediata las inspecciones, investigaciones y procedimientos correspondientes, a fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades legales de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en relación con la prevención, contención, remediación, reparación, y en su caso, reparación del daño ambiental causado por el derrame de hidrocarburos en el río San Marcos, que atraviesa la localidad de Villa Ávila Camacho, municipio Xicotepec, Puebla.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su análisis. 

Además, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, cite a comparecer al Director de “Agua de Puebla para todos” y al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente. 

Durante la sesión de dio cuenta de los siguientes asuntos: 

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, para que el Estado garantice la prestación de los servicios de asistencia social para familias mexicanas migrantes en retorno y repatriadas, en estado de desamparo o marginación. 

La propuesta fue enviada a la Comisión de Grupos Vulnerables para su estudio y resolución procedente. 

-Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez presentó una iniciativa mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas, para redefinir y ampliar diversos conceptos jurídicos, a fin de brindar mayor claridad, certeza jurídica, progresividad, sensibilidad y cobertura a los derechos de las personas víctimas.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para adicionar la fracción XXIV al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de indicar que le corresponde establecer a través del Ministerio Público, la Atención Integral a Víctimas y mantener un canal permanente de comunicación con ellas mediante una plataforma digital que registre, dé seguimiento y proporcione retroalimentación sobre denuncias y solicitudes de información.

Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente. 

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega por el que exhortan respetuosamente a las Secretarías de: Salud; de Agricultura y Desarrollo Rural; y a la de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para que refuercen las acciones de vigilancia, supervisión y verificación del uso, manejo y aplicación de plaguicidas, incluyendo herbicidas, en las zonas de cultivo de tubérculos en la entidad, con el fin de proteger la salud de la población, el medio ambiente y promover prácticas agrícolas seguras y sustentables.

-Punto de acuerdo de la diputada Guadalupe Yamak Taja por el que exhorta a los Ayuntamientos para que, a través de sus áreas competentes en materia de protección civil, desarrollo rural y medio ambiente, implementen medidas de mitigación de riesgos que prevengan la pérdida de cosechas por inundaciones, así como acciones precautorias que eviten la deforestación con fines de expansión urbana o agrícola.

Ambos exhortos fueron turnados a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente.

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Por adeudo de más de 439 mil pesos, CFE corta alumbrado en Juan N. Méndez

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A partir de las 20:00 horas de este jueves 11 de junio, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la suspensión del servicio de alumbrado público en el municipio de Juan N. Méndez, debido a un adeudo de 439 mil 501 pesos que mantiene el Ayuntamiento.

De acuerdo con documentación oficial, la CFE realizó diversas gestiones y notificó en repetidas ocasiones al presidente municipal, Guillermo Gregorio del Rosario, sobre la deuda correspondiente al ajuste 159/2026; sin embargo, no hubo respuesta favorable ni se concretó el pago.

La paraestatal emitió al menos dos emplazamientos formales durante el mes de mayo y posteriormente negó una solicitud de prórroga de 90 días hábiles presentada por el gobierno municipal, al considerar improcedente la petición.

Asimismo, la empresa señaló que los requerimientos fueron notificados también al Gobierno del Estado de Puebla, como parte del procedimiento legal para la recuperación del adeudo.

Ante la falta de cumplimiento por parte de la administración municipal, este jueves se ejecutó el corte del suministro eléctrico destinado al alumbrado público, dejando sin este servicio a diversas zonas de la cabecera municipal y comunidades del municipio.

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Atlixco recibirá el Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles 2026

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La directora del Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles, María Victoria Ramón Franco, extendió la invitación a la ciudadanía atlixquense para asistir a los conciertos que iniciarán a las 19:30 horas cada día, con la participación de coros provenientes de diferentes estados del país.

«Estamos invitando al público atlixquense a que nos acompañe los días 25, 26 y 27 de junio a las 7:30 en el Exconvento de San Francisco a los conciertos que se realizarán en el marco del noveno Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco 2026», señaló.

La directora detalló que se espera una asistencia de más de 150 personas por función. El templo, el de mayor capacidad en Atlixco, puede albergar hasta 200 asistentes y la entrada será gratuita. Recomendó al público llegar con anticipación y de preferencia a pie, ya que el acceso se abrirá 20 minutos antes de cada concierto.

«Es entrada libre, sin embargo, el templo que es el más grande de Atlixco también tiene una capacidad máxima de 200 personas, les recomendamos llegar a pie y también les vamos a abrir el acceso al público 20 minutos antes del concierto, entonces pues les recomiendo que lleguen con tiempo», agregó.

Finalmente, Ramón Franco explicó que el evento busca promover la convivencia y el aprendizaje entre coros, así como difundir el canto coral como herramienta de transformación social.

«Para nosotros es una fiesta coral en donde se promueve el canto coral como una herramienta, como un mecanismo, como un instrumento de transformación social. Los niños aprenden muchas cosas trabajando en equipo haciendo práctica coral todo el día, el que vengan coros de diferentes estados», concluyó.

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Gobierno estatal poder judicial impulsan nuevo modelo de justicia cercana y humanista

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Con el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla, autoridades de todo el país presentaron el Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP), una herramienta de alcance nacional que permitirá evaluar y fortalecer el desempeño institucional a partir de la experiencia de las y los usuarios. El proyecto impulsa un nuevo modelo de justicia enfocado en la accesibilidad, la cercanía, el trato digno y la mejora continua de los servicios judiciales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que los principios de José María Morelos y Pavón mantienen plena vigencia. “La patria es primero”, afirmó, al destacar que esa visión coincide con el humanismo que coloca los derechos sociales en el centro de la acción pública. Recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos.

“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, subrayó.

Asimismo, reiteró que el Poder Ejecutivo se suma al fortalecimiento institucional del Poder Judicial con pleno respeto a sus competencias, en concordancia con la visión de colaboración entre poderes que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que “México vive una resonancia histórica porque se actualiza una de las grandes aspiraciones de la justicia: tener un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitraje”. Al evocar el legado de José María Morelos y Pavón, señaló que dicho principio constituye la brújula moral de este esfuerzo para que ninguna persona permanezca invisible frente al poder público.

Asimismo, destacó que el tablero inaugura una cultura nacional de aprendizaje entre los poderes judiciales locales y precisó que el instrumento debe entenderse como un espejo institucional que refleja la madurez de las instituciones. “Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública”, expresó.

Guerra Álvarez subrayó que México se construye desde sus estados, regiones y comunidades, por lo que cada poder judicial aporta experiencias y realidades distintas. En ese contexto, señaló que la iniciativa fortalece el aprendizaje colectivo, la conciencia institucional compartida y el federalismo judicial en acción.

Por su parte, la directora general de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, reconoció el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla por asumir la coordinación de este esfuerzo nacional y agradeció la participación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

Explicó que desde hace 15 años trabaja en la construcción de una justicia más accesible y cercana, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Recordó además que recientemente los países de la región suscribieron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, instrumento que coloca a las personas en el centro de los sistemas judiciales.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, destacó que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de las resoluciones emitidas, sino de la forma en que la ciudadanía vive, percibe y experimenta el acceso a ella. Además, reconoció la participación de los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entidades que integran la primera etapa de trabajo.

En su intervención, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que el objetivo es construir instituciones judiciales cada vez más cercanas y sensibles a las necesidades de la población. Destacó la realización de 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios y comunidades, así como 50 jornadas itinerantes del módulo de atención ciudadana. También reportó visitas de supervisión en casas de justicia y juzgados para elevar la calidad de los servicios, al señalar que “la justicia no puede permanecer distante de las personas”.

Las y los participantes coincidieron en que los poderes judiciales del país tienen hoy la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana, conocer las necesidades de las personas y colocarlas en el centro de la toma de decisiones. Con este proyecto nacional, Puebla contribuye a la construcción de una justicia moderna, eficiente y profundamente humanista.

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