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Las ‘mulas’ del narco olvidadas por la Ley de Amnistía mujeres indigenas

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A más de dos años de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía tiene abandonadas en prisión a mujeres víctimas del narcotráfico, quienes son sometidas, mediante amenazas e intimidaciones, por los grupos del crimen organizado para transportar droga, alertó la organización EQUIS Justicia Para las Mujeres.

Las víctimas comparten un cuadro común: se encuentran dentro de los estándares de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Para ellas, la justicia tarda en llegar o simplemente no llega, a pesar de ser candidatas a recibir la amnistía.

Hasta marzo del 2021, la Comisión de Amnistía tenía registro de 653 solicitudes, que de acuerdo a sus propios criterios, cumplian con lo establecido por la ley. De estas, 453 solicitudes son por delitos contra la salud y de estas, la mitad son por “transportación”.

Las mujeres son las más afectadas, pues son orilladas a cumplir el papel de “mulas” o portadoras de drogas.

Es el caso de Domitila, una mujer indígena mazahua, quien fue sentenciada injustamente por transportación de droga. Ella fue amenazada por un hombre quien le aseguró que si no accedía a transportar una maleta con marihuana matarían a su hijo.

Domitila aceptó, pero fue descubierta y detenida en Huitzo, Oaxaca, en una revisión de rutina de la policía federal. Fue sentenciada a 6 años y 8 meses sin perspectiva de género, ni interculturalidad y sin tomar en cuenta que fue obligada por un tercero que la amenazó. Este hecho que fue ignorado por el MP, el juez y hasta por su defensa.

Fallas en la Ley de Amnistía
En septiembre del 2020, EQUIS Justicia Para las Mujeres tomó el caso de Domitila y presentó solicitud para la amnistía, sin embargo se encontraron con una serie de fallas y obstáculos.

“Los primeros pasos fueron difíciles hasta para las autoridades. La oficina se encuentra en la Ciudad de México y si se quiere pedir la amnistía desde otro estado, se tiene que hacer la comunicación con la CDMX, de manera física o por correo. Hay personas que se encuentran en esos supuestos de ser personas indígenas, que no hablan español, que no tienen acceso a las tecnologías, que difícilmente van a lograr acceder a internet para enviar su solicitud. Es costoso e inaccesible meter esta solicitudes”, apuntó Amaranta Valgañon, abogada litigante de la organización, en entrevista con El Financiero.

Domitila tuvo que esperar 20 meses para obtener su libertad. Aún cuando la ley establece que no deben pasar más de cuatro meses para obtener una respuesta a partir de que se ingresa la solicitud, ella recibió una respuesta después de 18 meses y todavía tuvo que esperar más tiempo para obtener una resolución.

“Los procedimientos de la Comisión de Amnistía no son claros, se presenta la solicitud y no se sabe cuándo la van a resolver (…) hay una violación de la ley. Para las personas que están en prisión este es un escenario de total incertidumbre, pues una vez que pasa el mes cuatro no saben cuánto más se va a tardar la resolución”.

Domitila recibió la amnistía por parte de la Comisión en diciembre de 2021 y fue hasta mayo del 2022 cuando el juez confirmó la determinación.

“El juez federal tiene la última palabra, da el ‘visto bueno’ sobre esa decisión, el juez podría no concederla. Ese procedimiento es muy nublado, no es claro, no es transparente, no hay algo que establezca cuánto tiempo tiene ese juez para resolver, cómo lo va a hacer”, denunció Amaranta.

La organización, quien desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres, considera que la Ley de Amnistía “está operando en la oscuridad, lejos de la ciudadanía y sobre todo lejos de las personas privadas de la libertad”.

Justicia para Araceli
El proceso de Araceli continúa pendiente. Ella es una mujer originaria de Oaxaca, a quien le ofrecieron 2 mil pesos por transportar 30 kilos de marihuana a la Ciudad de México.

Su situación económica la orilló a aceptar la oferta y fue sentenciada a seis años de prisión.

EQUIS Justicia Para las Mujeres advierte que, al igual que muchas mujeres, Araceli se encuentra en espera de una resolución por parte de la Comisión de Amnistía para recobrar su libertad.

En esta situación se encuentran al menos 2 mil 600 mujeres, quienes han sido encarceladas injustamente.

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Dictan formal prisión a la enfermera que arrastró a motociclista en Iztapalapa

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Durante su primera audiencia, llevada a cabo el miércoles 11 de febrero, se dictó formal prisión en contra de Gaby “N”., la enfermera señalada por su presunta responsabilidad en el atropellamiento que provocó la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) formuló imputación por el delito de homicidio calificado en su contra y expuso diversos elementos probatorios con el propósito de respaldar su posible participación en los hechos, así como para acreditar plenamente su identidad.

En el desarrollo de la audiencia, la representación legal de la enfermera pidió la ampliación del plazo constitucional, motivo por el cual el juez de Control determinó reanudar la sesión el lunes 16 de febrero a las 09:00 horas.

La enfermera Gaby “N”., fue ubicada en Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía de la Ciudad de México y su homóloga estatal.

Tras su detención, la trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Gaby “N”., fue señalada como la presunta culpable del atropellamiento de Roberto Hernández, un motociclista de 52 años que circulaba sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa.

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Evacúan Hospital General por incendio forestal en Vicente Guerrero

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El incendio forestal que permanece activo en este municipio avanzó hasta aproximarse a las primeras viviendas, lo que obligó a las autoridades a iniciar evacuaciones preventivas en la zona para salvaguardar a la población.

Ante el avance del fuego y las condiciones climatológicas, cuerpos de emergencia activaron protocolos de seguridad y solicitaron a diversas familias desalojar sus viviendas de manera ordenada, mientras brigadistas intensificaban las labores de contención.
El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil, informó que continúan de manera permanente los trabajos de combate y control del incendio forestal en Vicente Guerrero.

De manera preventiva, también se realizó la evacuación del Hospital General ante la cercanía del fuego, sin embargo, gracias a la pronta intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado y se mantiene a aproximadamente 400 metros del inmueble, sin que se reporten afectaciones ni daños, siendo personal de la Cruz Roja delegación Tehuacán, quienes se mantienen vigilando cualquier situación que pueda suceder en estos edificios públicos.

En la zona trabajan elementos de Protección Civil estatal y municipal, Policía Municipal y brigadistas, quienes mantienen acciones coordinadas para evitar la propagación del siniestro y mitigar riesgos a la población, además se combate uno de los frentes con dos helicópteros, ante el difícil acceso de la zona.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

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Drones de cárteles mexicanos habrían forzado cierre temporal del espacio aéreo de El Paso, Texas

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La Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmaron que drones de cárteles mexicanos penetraron el espacio aéreo estadounidense, lo que provocó el cierre temporal del aeropuerto de El Paso, Texas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la amenaza fue neutralizada y que los vuelos comerciales se reanudaron con normalidad después de que la incursión fuera controlada.
La restricción aérea, que abarcó 16 kilómetros alrededor de El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, estuvo en vigor desde la noche del martes y estaba prevista hasta el 20 de febrero. Las autoridades clasificaron la zona como «espacio aéreo de defensa nacional» y advirtieron que el gobierno podría usar fuerza letal contra aeronaves que representaran amenazas. Aerolíneas como United y Southwest suspendieron operaciones durante el cierre, ofreciendo cancelaciones sin costo a sus clientes.
Ni Duffy ni otros funcionarios especificaron cuántos drones estuvieron involucrados ni las medidas exactas para neutralizarlos. La FAA levantó la restricción tras confirmar que no existía peligro para la aviación comercial. El Paso, con casi 700 mil habitantes en su área metropolitana, es un centro de comercio transfronterizo clave entre Estados Unidos y México, lo que magnifica el impacto de cualquier interrupción en sus operaciones aéreas.
El incidente evidencia la creciente capacidad operativa de los cárteles mexicanos para usar tecnología avanzada en actividades ilícitas que trascienden la frontera. La violación del espacio aéreo estadounidense representa un desafío sin precedentes para las autoridades de seguridad de ambas naciones, que ahora enfrentan amenazas más sofisticadas en la región fronteriza.

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