Por considerarlo propaganda prohibida, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dio un plazo de tres horas para que los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México, retiren el desplegado que emitieron para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los integrantes de la Comisión del INE sesionaron este miércoles de manera virtual para conocer una queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los 17 Gobernadores de Morena, por la difusión de un desplegado donde expresan su apoyo a lo que denominan la “cuarta transformación” y al presidente López Obrador.
El PAN solicitó medidas cautelares por considerar que se trata de la difusión de propaganda gubernamental en el actual periodo prohibido debido al proceso de revocación de mandato presidencial. El desplegado fue emitido el día 13 de febrero. El PAN, asimismo, solicitó al INE que se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.
En ese marco, los consejeros del INE que integran dicha comisión dictaron la procedencia de las medidas cautelares, al advertir que en apariencia del buen derecho se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.
La Comisión, en un análisis cautelar, determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido -desde el 4 de febrero de 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo el 10 de abril- ya que el documento, además de resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el Presidente de México, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances y actividades gubernamentales, por lo cual el justificado de la medida cautelar.
La Comisión concluyó que, a partir de una perspectiva preliminar, el comunicado encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quienes suscriben el documento son personas servidoras públicas del más alto nivel y responsabilidad en sus respectivas entidades federativas y al hacer referencia a una serie de logros, acciones y medidas gubernamentales.
El INE acordó ordenar a las personas titulares del Poder Ejecutivo Local denunciadas que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio.
En cuanto a la tutela preventiva, la Comisión del INE no ordenó a todos los involucrados abstenerse de seguir realizando actos similares, pues se trata de hechos futuros de realización incierta. Sin embargo, el INE realizó un llamado a las personas servidoras públicas para evitar difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió un pronunciamiento que tiene como destinatarios a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. También para que respeten la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato. Finalmente, resaltó que dichas autoridades tienen la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana.
La Comisión advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de revocación de mandato, de manera particular, de vigilar a las personas servidoras públicas quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta, que puedan derivar en una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con dicho proceso.