La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el pasado miércoles 23 de julio una solicitud ante la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del PRI.

Al político se le imputan uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos. En el escrito turnado a la Secretaría General de la Cámara baja, se señalaron cuatro carpetas de investigación que involucran a Alito.

En dichas carpetas de investigación, que ya fueron judicializadas, se describen diferentes tipos de corrupción en los cuales Moreno Cárdenas, como gobernador de Campeche, podría haber tenido responsabilidad.

Dentro de las indagatorias están relacionadas otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de la administración de Alito, quienes ya fueron vinculados a proceso; otras dos de ellas incluso obtuvieron un criterio de oportunidad ante la Fiscalía de Campeche para colaborar con las investigaciones.

La Fiscalía Anticorrupción de la entidad confirmó en sus redes sociales la presentación de la “solicitud de declaración de procedencia”, misma que pretende que la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, delibere retirar o no el fuero al político campechano para que enfrente las imputaciones que contienen las carpetas.

Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso a información relacionada con los casos de corrupción mencionados en las indagatorias, mismos que están relacionados con el posible desvío de recursos a través de contrataciones de servicios o pagos que no tuvieron un respaldo documental o material.

El viernes, la Fiscalía de combate a la corrupción de Campeche publicó en sus redes sociales la presentación de la solicitud de declaración de procedencia contra Alejandro Moreno

En anteriores entregas, MCCI reveló la red para triangular dinero con la compra-venta de propiedades en Campeche por parte de Alito Moreno, su mamá Yolanda Cárdenas, y su hermano, Emigdio Gabriel.

Y también el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República que incluyó traspasos millonarios de cuentas empresariales de Emigdio Gabriel a su hermano Alito y la adquisición de propiedades en zonas de lujo en la Ciudad de México por parte de este.

Prestanombres y servicios simulados en Secretaría de Seguridad

De acuerdo con información contenida en las averiguaciones, con recursos federales que recibió el gobierno de Campeche en la administración de Alito Moreno fueron realizados pagos a dos personas que fungieron como prestanombres para desviar recursos con servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM).

Ambas que facturaron servicios simulados eran personal de servicio de uno de los mejores amigos de Jorge “N”, quien fungió como titular de la SSPCAM durante el gobierno de Moreno Cárdenas (2015-2019).

En sus declaraciones, los dos imputados mencionaron que les pagaron alrededor de 4 mil pesos a cambio de entregar su documentación personal con la que más tarde fueron utilizados para facturar los servicios que sumaron alrededor de 27.2 millones de pesos. Estos personajes clave obtuvieron un criterio de oportunidad con la Fiscalía campechana para colaborar con las investigaciones.

Con base en la información a la que MCCI tuvo acceso algunos de estos servicios tuvieron como concepto vender alimentos y su traslado para policías de Campeche que trabajan en destacamentos lejanos en zonas como Calakmul (que se encuentran a horas de zonas urbanas), brindar mantenimiento a aires acondicionados o a patrullas; es decir, diferentes ramos y servicios que resultan intangibles para su comprobación.

Según las indagatorias, de estos servicios no hay respaldo documental y ambas personas admitieron que desconocían las facturas, los cobros y los supuestos servicios que ofrecieron.

La responsabilidad de Alito en el caso que involucra a su secretario de seguridad se da porque Moreno Cárdenas como mandatario de Campeche firmó un convenio con las autoridades federales para que el uso de esos recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se realizara con eficiencia y eficacia y no para que fuera desviado.

A inicios de este mes, la prensa reportó la detención de Jorge “N”, extitular de la SSPCAM en la administración de Moreno Cárdenas. También se hizo pública la detención de Samuel “N” quien dirigió la SSPCAM en la gestión de Carlos Miguel Ayza Gonzalez, gobernador sucesor de Alito Moreno cuando dejó la gubernatura para ir a liderar el PRI Nacional en 2019, y la de Karla “N” quien era la encargada del área de Finanzas de la dependencia.

Estos tres funcionarios fueron detenidos y vinculados a proceso también por peculado y uso indebido de atribuciones. Actualmente enfrentan su conflicto con la ley en libertad.

La responsabilidad de Alito en el caso que involucra a quien fuera su secretario de seguridad se da porque Moreno Cárdenas como mandatario de Campeche firmó un convenio con las autoridades federales para que el uso de ese recurso, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se utilizara con eficiencia y eficacia, y no para que fuera desviado.

Empresa de buceo brindó consultas fiscales a API de Campeche
Una empresa, cuyo objeto social original era dar clases de buceo y tours turísticos en la zona de Cancún, brindó asesoría en servicios jurídicos y fiscales a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), ahora es parte de las investigaciones que involucran a Alito Moreno por un posible desfalco de 23.8 millones de pesos.

Se trata de la empresa Comercializadora Karybek SA de CV que después modificó su nombre a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste SA de CV. Con ambas razones sociales, la misma compañía se habría beneficiado de al menos tres convenios millonarios.

Solicitan desafuero de Alito: lo acusan de peculado por 83.5 millones de pesos
Convenio adjudicado por la Apicam a C&N Consultoría por 12.1 mdp más IVA, con fecha del 4 de enero de 2018

En junio de 2023, el medio de comunicación Latinus dio a conocer que, antes de llamarse Comercializadora Karybek y brindar servicios jurídicos, la compañía se denominaba “Cozumel First Class”, cuyo ramo era brindar clases de buceo y servicios marítimos, entre otros.

Cozumel First Class fue constituida en julio de 2007 en Quintana Roo. En mayo de 2009, la compañía pasó a manos de Ryan Elías Wismayer y de Marilyn Abad Rivero a través de la compra de las acciones de los fundadores.

Ya con el control de la compañía, en enero de 2014 se nombró Comercializadora Karybek y en 2016 se modificó su objeto social, previo a que la Apicam le adjudicara los convenios. Y, en julio de 2017 cambió de nuevo a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste.

Solicitan desafuero de Alito: lo acusan de peculado por 83.5 millones de pesos
Cozumel First Class fue modificada en su nombre a Karybek y C&N Consultoría

Ryan Elías es hermano de Rolando Elías Wismayer, exdiputado federal del Partido Verde Ecologista.

De los servicios de asesoría jurídica y fiscal tampoco se encontró respaldo documental de que se hayan ejecutado, por lo que los recursos entregados a la empresa turística también fueron incluidos en las indagatorias.

En el momento en que fue entregado el primer contrato a la compañía de buceo a inicios de 2016, Alejandro Moreno Cárdenas, como gobernador de Campeche, también era presidente de la Junta de Gobierno de la Apicam lo que lo vincula directamente a este posible desvío de recursos.

Al momento, hay cinco personas vinculadas a proceso por el caso de la API de Campeche, entre ellos quien fue su titular, Alejandro “N”.

Beneficia a televisora
Dentro de las indagatorias que involucran a Alejandro Moreno se encuentran contratos otorgados por su oficina de Comunicación Social para la televisora campechana Mayavisión por un total de 14 millones 157 mil pesos.

La Fiscalía local persiguió pagos frecuentes realizados a la televisora campechana, cuya razón social es Difusora de Comunicación del Sureste SA de CV, que fue dirigida por el empresario Miguel Ángel “N”, de los cuales tampoco existen respaldos documentales o materiales.

La suma de esos pagos es interpretada por las autoridades como una “compra” disfrazada de la propia televisora.

Como el área de Comunicación Social del gobierno de Campeche está bajo las órdenes de la oficina del gobernador, es que Alejandro Moreno es señalado como uno de los responsables de este posible desvío. A la fecha, Walther “N”, quien fuera titular de esa área, fue detenido a inicios de año y se encuentra vinculado a proceso, así como otras dos personas, entre ellas el propio Miguel Ángel “N”.

Solicitan desafuero de Alito: lo acusan de peculado por 83.5 millones de pesos
Imagen de redes sociales de medio local en el que se reportó la detención del extitular de Comunicación Social en el gobierno de Alito Moreno

Mercado de artesanías, dinero para particulares

Durante la gestión de Alejandro Moreno se impulsó la construcción de un mercado de artesanías llamado Plaza Colosio que incluyó recursos del estado de Campeche, pero también de la Federación.

El sitio de comercios tendría el propósito de apoyar a los artesanos locales para que ofrecieran sus productos. Sin embargo, esta buena intención se convirtió en un caso más de posible desfalco para las arcas públicas.

Una de las carpetas de investigación mencionadas, refiere que esta plaza, situada en la avenida Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Campeche, se construyó en un predio que fue comprado a un amigo de Alito Moreno y empresario que hizo negocios con el gobierno del priista. Se trata de Miguel Ángel “N”, quien también dirigió la televisora Mayavisión.

De acuerdo con las investigaciones, el gobierno de Campeche de Alito Moreno, a través de la Secretaría de Economía, compró el predio y ahí edificó la Plaza Colosio. Sin embargo, los locales comerciales fueron puestos en renta a cualquier particular pese a que su motivo era social enfocado a los artesanos.

Por estos hechos, se imputa un desfalco de 18.2 millones de pesos, caso por el que fueron vinculadas a proceso seis personas, entre ellas el propio Miguel Ángel “N”, como el particular beneficiado con la venta del terreno, y también José Domingo “N”, quien era titular de Desarrollo Económico cuando se dio la transacción.

Ese quebranto también afectó recursos del Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2 por sobre las nóminas del Estado de Campeche, gravamen que deben pagar todos los trabajadores del gobierno de la entidad, ya que parte de esos recursos fueron destinados a la compra del terreno y construcción de la Plaza Colosio.

Imágenes de la Plaza Colosio. Locales comerciales se ofrecen en renta a pesar de que el mercado tendría un fin de apoyo a artesanos de la región

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/solicitan-desafuero-de-alito-lo-acusan-de-peculado-por-83-5-millones/