Declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee , en las que afirmó que Israel tiene derecho a una parte amplia de Oriente Medio, desataron este sábado ola de condenas de países árabes y musulmanes, que calificaron sus palabras de extremistas, provocadoras y alejadas de la postura oficial estadounidense.

Los comentarios fueron realizados en una entrevista con el presentador conservador Tucker Carlson , transmitida el viernes. En ese diálogo, Carlson planteó una interpretación bíblica según la cual los descendientes de Abraham habrían recibido tierras que, en la actualidad, abarcarían prácticamente toda la región. Al preguntarle si Israel tendría derecho a ese territorio, Huckabee respondió que “estaría bien si se lo quedaran todo”, aunque añadió que Israel no busca expandirse y que, en su opinión, tiene derecho a la seguridad en la tierra que posee legítimamente.
La reacción fue inmediata. Egipto y Jordania , así como Arabia Saudí , la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de los Estados Árabes , emitieron comunicados por separado para rechazar los dichos. Arabia Saudí los describió como “retórica extremista” e “inaceptables” y pidió al Departamento de Estado aclarar su posición. Egipto los demostró una “violación flagrante” del derecho internacional y sostuvo que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado ni sobre otras tierras árabes. La Liga Árabe advirtió que declaraciones de esa naturaleza solo alimentan tensiones y agitan emociones religiosas y nacionales.

Hasta el momento, ni Israel ni Estados Unidos habían emitido comentarios sobre la controversia.

En el trasfondo, el reporte recuerda que Israel no cuenta con fronteras plenamente reconocidas desde su creación en 1948 y que sus límites con países vecinos han cambiado por guerras, anexiones, altos al fuego y acuerdos de paz. En particular, se menciona que durante la Guerra de los Seis Días de 1967 Israel tomó Cisjordania y Jerusalén oriental, Gaza y la península del Sinaí, además de los Altos del Golán; Posteriormente se retiró del Sinaí como parte de un acuerdo de paz con Egipto tras la guerra de 1973, y se retiró unilateralmente de Gaza en 2005.

La nota añade que, en meses recientes, Israel ha buscado profundizar su colonización en Cisjordania ocupada, con ampliación de la construcción en asentamientos, legalización de puestos de avanzada y cambios administrativos. También se refiere que el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que no permitirá que Israel anexe Cisjordania y que bloquearía cualquier intento.

Durante décadas, los palestinos han reclamado un Estado independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén oriental como capital, una aspiración respaldada por gran parte de la comunidad internacional. En ese contexto, se indica que Huckabee se ha manifestado desde hace tiempo en contra de la solución de dos Estados y que, en la entrevista, volvió a abordar referencias del Génesis sobre una promesa territorial “del Nilo al Éufrates”; Ante ello, señaló que no estaba seguro de que se llegara “tan lejos”, aunque reconoció que sería una extensión considerable.

Finalmente, el texto menciona que Israel ha ampliado su control territorial desde el inicio de su ofensiva en Gaza. Bajo el alto al fuego vigente, se replegó a una zona de amortiguamiento, pero aún controla más de la mitad del territorio, y el acuerdo no fija un calendario para nuevas retiradas. También se señala que Israel tomó el control militar de una zona de amortiguamiento desmilitarizada en Siria tras el derrocamiento de Bashar Assad a finales de 2024, y que mantiene cinco posiciones en colinas dentro del territorio libanés tras la guerra con Hezbollah en 2024.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales de gran alcance del presidente Donald Trump son ilegales, lo que le provocó una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.

La decisión 6-3 se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.

«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios», explica el alto tribunal.

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

Se trata del primer tema importante de la amplia agenda de Trump que se presenta directamente ante el máximo tribunal del país, al que contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

El presidente Trump calificó la decisión de la Corte Suprema como “una vergüenza” cuando fue notificado en tiempo real durante su reunión matutina con varios gobernadores.

Eso según alguien con conocimiento directo de la reacción del presidente, quien habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la conversación privada. Trump se reunía en privado con casi dos docenas de gobernadores de ambos partidos cuando se dio a conocer la decisión.

El presidente republicano ha sido claro sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmando que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país.

Las encuestas han revelado que los aranceles no son del agrado del público, en medio de una preocupación generalizada de los votantes sobre su asequibilidad.

Trump aún podría imponer aranceles bajo otras leyes
El fallo de la Corte Suprema llega a pesar de una serie de victorias a corto plazo en la agenda de emergencia de la corte que han permitido a Trump seguir adelante con ejercicios extraordinarios de poder ejecutivo en cuestiones que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes de fondos federales.

La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, la administración Trump argumentó que una ley de 1977 que permite al presidente regular las importaciones durante emergencias también le permite establecer aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump fue el primero en invocarla para los impuestos a las importaciones

Trump y su guerra arancelaria
Trump impuso lo que llamó aranceles «recíprocos» a la mayoría de los países en abril de 2025 para abordar los déficits comerciales que declaró una emergencia nacional. Esto ocurrió después de que impusiera aranceles a Canadá, China y México, aparentemente para abordar una emergencia relacionada con el narcotráfico.

Siguieron una serie de demandas, incluido un caso de una docena de estados con tendencia mayoritariamente demócrata y otros de pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.

Trump impuso lo que llamó aranceles «recíprocos» a la mayoría de los países en abril de 2025 para abordar los déficits comerciales que declaró una emergencia nacional.

Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia ni siquiera menciona los aranceles y que su uso por parte de Trump no supera varias pruebas legales, incluida una que condenó al programa de condonación de préstamos estudiantiles de 500 mil millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estima en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El Tesoro ha recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones que el presidente impuso bajo la ley de poderes de emergencia, según datos federales de diciembre.

Muchas empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, ya han presentado demandas judiciales para exigir reembolsos.

Una mujer que había solicitado la residencia en Estados Unidos fue deportada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a haber argumentado que su vida corría peligro si regresaba a su país de origen. Según sus abogados, fue enviada a una zona de África aún no identificada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su paradero y seguridad.

La mujer, cuya identidad permanece reservada, vivía en la República Democrática del Congo. Desde los 14 años fue obligada a convertirse en la sexta esposa de un político influyente, como parte del pago de una deuda familiar. Tras ese acuerdo forzado, presenció el asesinato de su padre y sufrió múltiples abusos físicos y sexuales durante años. En ese contexto tuvo cuatro hijos y vivió bajo condiciones que sus defensores describen como las de una “rehén doméstica”.

De acuerdo con los documentos legales, la mujer había advertido que su supuesto esposo la esperaba en su país para matarla. La deportación, por tanto, representa una emergencia humanitaria, ya que la expone directamente a un escenario de violencia extrema.

ICE y el endurecimiento de la política migratoria
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se convirtió en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria durante la administración de Donald Trump. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, el gobierno prometió deportar a un millón de migrantes indocumentados por año, intensificando operativos y ampliando la capacidad de detención.

El ICE dice que desempeñará un papel clave en la seguridad del Mundial 2026REUTERS
En los primeros 50 días de gobierno, ICE arrestó a más de 32 mil migrantes sin estatus legal, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas acciones se ejecutaron bajo programas como el Programa de Extranjeros Criminales, la iniciativa 287(g) y operativos generales, que permitieron a autoridades locales colaborar directamente con ICE.

Muertes en custodia y críticas a ICE
La política de confrontación tuvo consecuencias graves. En 2026, las muertes de migrantes en centros de detención alcanzaron su nivel más alto en dos décadas. Reportes oficiales revelaron que varias personas fallecieron bajo custodia en los primeros días del año, lo que convirtió a la administración Trump en la más mortal para presos de ICE en comparación con gobiernos anteriores.

El caso de Renee Good, quien murió tras un enfrentamiento con un agente en Mineápolis, se convirtió en un símbolo de las denuncias contra el uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos señalaron que las condiciones en los centros de detención eran precarias, con falta de atención médica y hacinamiento.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses.AFP
Tecnología y resistencia comunitaria
La intensificación de las redadas provocó respuestas innovadoras en comunidades migrantes. Una de ellas fue la creación de la aplicación ICEBlock, diseñada para alertar sobre operativos de deportación en tiempo real. El gobierno de Trump calificó la herramienta como un “sabotaje a la seguridad nacional” y amenazó con procesar a sus desarrolladores. Para las comunidades migrantes, sin embargo, ICEBlock representó un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y el miedo.

Las políticas de ICE desencadenaron protestas masivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Manifestantes exigieron la abolición de la agencia, denunciando que sus prácticas criminalizaban la migración y violaban derechos humanos básicos.

Las marchas se caracterizaron por consignas como “Abolish ICE” y por la participación de organizaciones civiles, estudiantes y líderes comunitarios. En paralelo, algunos gobiernos locales declararon sus ciudades como “santuarios”, limitando la cooperación con ICE y ofreciendo protección a migrantes indocumentados. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.