Aunque parecía buena idea la estrategia de entregar un informe en el que intentó culpar a las administraciones anteriores de la inversión fallida en Accendo Banco por poco más de 600 millones de pesos, el plan de Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, resultó contraproducente.
La pelea que protagonizó desde el Congreso de Puebla se perdió antes de iniciar ya que la coach, Rosario Orozco Caballero, brilló por su ausencia a diferencia de cuando la acompañó a comparecer por la glosa del último año del difunto gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El primer golpe ilegal, al ser lanzado fuera de zona, lo conectó el bloque obradorista. El diputado morenista Carlos Evangelista Aniceto alertó que la presidencia del Legislativo, presuntamente, limitó la participación a su compañera Eliana Angélica Cervantes González.
Por fin, al filo de las 11:00 horas, Teresa Castro Corro subió al ring y comenzó a enumerar los motivos por los que autorizó operaciones financieras con Accendo Banco; aseguró que todos los movimientos se transparentaron en tiempo y forma.
Recalcó que uno de los motivos principales era pagar 2 mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un presunto fraude con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cometido durante la gestión del exgobernador panista Rafael Moreno Valle.
Dando coba, explicó que el gobierno del estado hizo 14 operaciones financieras con dicha institución, de las cuales 11 fueron exitosas y las tres restantes generaron una pérdida de poco más de 600 millones de pesos.
La inversión que dio resultados se logró al invertir 2 mil 400 millones de pesos, en un periodo de tres meses, pero sólo generó 7 millones 428 mil 722 pesos como retorno de inversión. Es decir, necesitarían más de 80 años para pagar los 2 mil 600 millones de pesos, en caso de que pudieran repetir la operación.
Cabizbaja tras su exposición, esperó paciente los cuestionamientos de los diputados, que se centraron en conocer a los autores materiales e intelectuales de las operaciones financieras y las opciones bancarias que fueron rechazadas.
Las preguntas, cual golpes en zonas blandas, la debilitaron y la calma con la que mostró al principio de su disertación se transformó poco a poco en hostilidad, y al verse en desventaja tomó intentó justificar sus acciones.
La insistencia de los legisladores se centró en saber si había posibilidad de recuperar los 606 millones 127 mil 503 pesos que le pertenecen a los poblanos, que equivalen a 2 millones 921 mil 941 días trabajados, teniendo en cuenta que el salario actual, de 207.44 pesos.
Entre respuestas evasivas y un aire de opacidad, en un intento de clinch, Castro Corro atinó a decir que no hay certeza sobre ese dinero, por lo que, de momento, está perdido; minutos antes aseguró que el monto atravesaba un proceso de recuperación.
Los ganchos más leves, pero golpes al fin, fueron enviados por los diputados Jaime Natale Uranga (PVEM), Carlos Froylán Navarro Corro (PSI), Mónica Silva Ruiz (PT) y Nora Merino Escamilla (PT). Ellos, en una suerte de nado sincronizado, hicieron hincapié en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya había alertado sobre el posible quiebre de Accendo Banco.
Agotada por la ofensiva, la secretaria de Planeación y Finanzas dio varios pasos atrás en el cuadrilátero para recobrar el equilibrio, algo que le resultaba complicado al tener que salirse del guion que había preparado o tratar de no contradecirlo.
Con el rostro desencajado, afirmó que no hay ningún quebranto a las arcas públicas, que se haría responsable de sus actos y que el tema ya era investigado por la Secretaría de Función Pública.
“Tan hay rendición de cuentas que la Función Pública está auditando, y lo que resulte. Si hay responsables, por supuesto que asumiremos las responsabilidad correspondiente, quienes hayamos participado de ello”, respondió.
El asalto más intenso fue protagonizado por la diputada priista Silvia Tanús Osorio y los panistas Eduardo Alcántara Montiel y Mónica Rodríguez Della Vecchia.
Entre los jabs que lanzaron destacaron las inconsistencias entre el informe que entregó con 72 horas de anticipación y la presentación que dio ante el pleno, siendo las más relevantes el origen de los recursos y la falta de instrumentos para concretar tratos con dicho banco.
Lo anterior, porque en su comparecencia indicó que el dinero invertido correspondía a participaciones federales, pero el documento señala que eran “recursos derivados de ingresos excedentes, disponibilidades financieras e ingresos de libre disposición de ejercicios fiscales anteriores”.
El knock-out fue cuando resaltaron la posible ilegalidad de los acuerdos celebrados entre el gobierno del estado y Accendo Banco, ya que los lineamientos con los que se autorizó la creación del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, no están publicados en el Orden Jurídico Poblano, lo que la haría caer “en falsedad de declaraciones”.
“Estoy consciente de la molestia que causa, para mí tampoco es grato estar en esta situación, pero también quiero que sean objetivos, ustedes le están llamando quebranto a una operación financiera que es de naturaleza institucional que está en proceso de recuperación”, alegó.
La pelea terminó, Teresa Castro Corro bajó del cuadrilátero sin aliento y tuvo que marcharse por la puerta de atrás, custodiada apenas por el presidente del Congreso, Eduardo Castillo López, y despidiéndose a la distancia de aquellos que no quisieron manchar su visita por lealtad a su partido.
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