Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues se encuentra impedido física y jurídicamente para desempeñar el cargo porque está en prisión preventiva acusado de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En consecuencia, el auditor suplente Rubén de la Fuente Vélez será nombrado de inmediato encargado de despacho de la ASE, en lo que el Congreso emite una nueva convocatoria para designar al nuevo auditor general del estado.
En la sesión extraordinaria de este 31 de marzo, la mayoría de los diputados avaló la remoción.
La presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, Olga Lucía Romero Garci Crespo argumentó que es atribución del Congreso vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos por todas las entidades públicas que los ejercen y evaluar el desempeño de la aplicación de los mismos.
Romero Serrano fue destituido por dos causales graves que no estaban en la Constitución Política del Estado de Puebla, pero que en diciembre pasado los diputados aprobaron reformas para subsanar la laguna legal.
La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación aprobó el 28 de marzo el dictamen a favor de la remoción, luego de que los diputados de Morena, Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López, presentaron la solicitud.
Francisco Romero fue destituido del cargo por las siguientes razones:
1.- Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de la fiscalización que son los de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez.
2. Cualquier otra análoga que afecte el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción.
La segunda causal es la de mayor peso, pues el auditor actualmente enfrenta un proceso penal en el que le han dictado medidas cautelares de prisión preventiva, por lo cual está imposibilitado física y jurídicamente para desempeñar el cargo.
Durante la sesión plenaria, los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez López exhibieron que la designación de Francisco Romero el 27 de noviembre de 2019 fue ilegal y violatoria de la Constitución, pues fue electo con 27 votos y no 28 como marca la ley.