La nueva normativa estatal que restringe la regularización del transporte público únicamente a vehículos modelos 2025 y 2026 ha generado preocupación e inconformidad entre concesionarios y taxistas de Tehuacán, quienes advierten severas afectaciones económicas para el gremio, al considerar que muchos trabajadores no cuentan con la capacidad financiera para cumplir con estas disposiciones.
Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) señalaron que esta medida representa un fuerte golpe para el sector transportista, ya que deja fuera de operación a unidades de años anteriores que anteriormente podían seguir prestando servicio mediante procesos de actualización y cumplimiento administrativo.
El dirigente de la agrupación, Fermín García Merino, manifestó que mientras concesionarios formales deben cubrir más de 40 requisitos oficiales, entre ellos revistas vehiculares, censos, reemplacamiento y diversos pagos, continúan operando vehículos particulares mediante plataformas digitales sin concesión ni regulación equivalente.
Explicó que la imposición de renovar unidades bajo estas nuevas condiciones incrementa significativamente los costos para los transportistas, quienes además deben enfrentar adeudos acumulados para mantenerse dentro del sistema.
Detalló que, en varios casos, quienes quedaron fuera por no cumplir con trámites previos ahora deben adquirir vehículos nuevos y pagar cantidades que pueden superar los 57 mil pesos, sin contar el costo de las nuevas unidades, lo que eleva la inversión total a montos de entre 350 mil y 400 mil pesos.
Esta situación, dijo, ya provocó que al menos 50 concesionarios optaran por devolver sus placas debido a la imposibilidad de continuar operando de manera rentable.
Los transportistas advirtieron que estas disposiciones podrían reducir considerablemente el número de unidades legales en circulación, afectando no solo a los trabajadores del volante, sino también a miles de familias que dependen económicamente de esta actividad.
Ante este escenario, hicieron un llamado al gobierno estatal para revisar la normativa y aplicar condiciones equitativas para todos los prestadores del servicio, incluyendo plataformas digitales, con el objetivo de evitar una competencia desleal y proteger la estabilidad del transporte público formal en Tehuacán.