En el marco de las acciones coordinadas de la estrategia nacional contra el contrabando y la evasión fiscal impulsada por la administración federal, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, reportó el aseguramiento acumulado de más de 2 millones de artículos de procedencia extranjera que ingresaron de manera ilegal al país.

A través de la Dirección de Comercio Exterior y en un trabajo conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y fuerzas federales de seguridad, la administración estatal ha implementado un total de 31 operativos de supervisión durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026 para combatir la distribución de mercancía apócrifa o irregular.

Las diligencias de inspección se han enfocado en verificar que los establecimientos y distribuidores cuenten con la documentación legal correspondiente, tales como pedimentos de importación o facturas válidas que acrediten la legal estancia de los artículos en territorio nacional, protegiendo así a los sectores productivos formales y fomentando la competencia comercial justa.

Entre los productos decomisados durante estas intervenciones destacan artículos de ropa, calzado, motocicletas, scooters eléctricos, enseres domésticos, mochilas, maletas y juguetes de procedencia extranjera. Las autoridades estatales reiteraron que continuarán reforzando las acciones de vigilancia en mercados y centros de distribución para inhibir el ingreso y venta de mercancía ilegal.

Un operador de transporte pesado de 37 años de edad, identificado como Julio César «N», resultó herido por un impacto de proyectil de arma de fuego mientras se encontraba varado en la fila de vehículos provocada por el bloqueo carretero que transportistas de la AMOTAC mantenían en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

Los hechos se registraron después de las 16:00 horas a la altura de la zona conocida como la falla geológica, cerca del kilómetro 35. De acuerdo con los primeros reportes policiales, sujetos armados a bordo de un vehículo realizaron múltiples detonaciones al pasar por el tramo ocupado por las filas de automovilistas detenidos, alcanzando una de las balas al conductor en una de sus piernas.

Tras la agresión armada, paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio del reporte para brindar los primeros auxilios al transportista herido, quien posteriormente fue trasladado en una ambulancia hacia un centro hospitalario en el municipio de Tehuacán para recibir atención médica especializada, sin que hasta el momento se reporten mayores detalles sobre su estado clínico actual.

Las autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad pública tomaron conocimiento del caso para abrir la carpeta de investigación correspondiente e intentar dar con el paradero de los responsables del ataque, el cual acrecentó la tensión y la preocupación entre los operadores que participaban y transitaban por las zonas de protesta en las vías de comunicación del estado.

Derivado de las investigaciones ministeriales y las pruebas recabadas por el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia condenatoria de 41 años de prisión en contra de cuatro personas encontradas penalmente responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Los hechos que motivaron el proceso judicial ocurrieron en el año 2011, cuando tres víctimas fueron interceptadas con violencia por varios sujetos sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la demarcación territorial de Xochimilco, ubicada en la Ciudad de México. Tras consumar la privación de la libertad, los agraviados fueron trasladados y cautivos en una casa de seguridad operada por una célula delictiva dedicada a esta actividad ilícita.

La investigación conducida por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), permitió identificar y procesar judicialmente a los involucrados, quienes fueron plenamente identificados como Gabriela “N”, Jessica “N”, Víctor “N” y Pedro “N”. Las pruebas presentadas ante la autoridad judicial fueron determinantes para acreditar la participación directa de los imputados en los hechos.

Tras concluir las etapas procesales correspondientes, un juez federal dictó la sentencia de 41 años de cárcel para cada uno de los implicados, además de imponerles el pago de una multa económica equivalente a 215 mil 352 pesos. Asimismo, el fallo judicial estableció la obligatoriedad de cubrir una indemnización de 3 millones 359 mil pesos por concepto de reparación del daño material en beneficio de las tres víctimas afectadas por el delito de secuestro.