Derivado de las investigaciones ministeriales y las pruebas recabadas por el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia condenatoria de 41 años de prisión en contra de cuatro personas encontradas penalmente responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Los hechos que motivaron el proceso judicial ocurrieron en el año 2011, cuando tres víctimas fueron interceptadas con violencia por varios sujetos sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la demarcación territorial de Xochimilco, ubicada en la Ciudad de México. Tras consumar la privación de la libertad, los agraviados fueron trasladados y cautivos en una casa de seguridad operada por una célula delictiva dedicada a esta actividad ilícita.

La investigación conducida por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), permitió identificar y procesar judicialmente a los involucrados, quienes fueron plenamente identificados como Gabriela “N”, Jessica “N”, Víctor “N” y Pedro “N”. Las pruebas presentadas ante la autoridad judicial fueron determinantes para acreditar la participación directa de los imputados en los hechos.

Tras concluir las etapas procesales correspondientes, un juez federal dictó la sentencia de 41 años de cárcel para cada uno de los implicados, además de imponerles el pago de una multa económica equivalente a 215 mil 352 pesos. Asimismo, el fallo judicial estableció la obligatoriedad de cubrir una indemnización de 3 millones 359 mil pesos por concepto de reparación del daño material en beneficio de las tres víctimas afectadas por el delito de secuestro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió un posicionamiento oficial para desmentir cualquier uso de espionaje político o civil tras la compra de herramientas tecnológicas avanzadas de origen israelí. Las autoridades aseguraron que los dispositivos y licencias adquiridas están destinados exclusivamente a labores periciales en investigaciones ministeriales de alto impacto.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general, Idamis Pastor, explicó que el software contratado se utilizará estrictamente para la extracción forense de información en teléfonos celulares asegurados a objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia. La funcionaria recalcó que los equipos no constituyen instrumentos de vigilancia masiva contra la ciudadanía.

Por su parte, el director de Infraestructura de la dependencia, César González, detalló que la adquisición contempla sistemas de desbloqueo avanzado y capacitación especializada para personal ministerial, con el objetivo de procesar dispositivos móviles de gama alta que cuentan con complejos sistemas de seguridad digital, integrando las pruebas electrónicas a las carpetas de investigación.

Pese a los cuestionamientos sobre los detalles técnicos y operativos de la plataforma Cellebrite, la institución señaló que la información operativa se encuentra sujeta a protocolos de reserva institucional. Asimismo, se informó que los equipos tecnológicos quedarán bajo el resguardo y control del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Enrique «N», de 58 años de edad, quien se desempeñaba como juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco. Al funcionario judicial se le imputan probables responsabilidades en los delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, así como el delito de evasión de presos.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos se remontan a septiembre de 2024, periodo en el cual el ahora detenido presuntamente omitió remitir las constancias correspondientes de un proceso penal al juez de ejecución itinerante en el estado. Dicha omisión administrativa y legal habría facilitado, el 18 de septiembre de ese mismo año, la fuga de un reo que se encontraba internado en la cárcel distrital de Tecamachalco.

Tras el seguimiento al caso, elementos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia El Ángel, en la capital poblana. Durante el operativo, el imputado salió a la vía pública, momento en el cual los agentes ministeriales le notificaron el mandamiento judicial emitido en su contra por un Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente.

La captura del juzgador representa un paso relevante en las investigaciones ministeriales para deslindar responsabilidades al interior del sistema de impartición de justicia en la región. Las autoridades estatales continuarán con el desahogo de las diligencias legales correspondientes para definir formalmente la situación jurídica del exservidor público.