Tras sostener una reunión con abogados laboralistas, encargados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) considerarán la opción de reabrir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) del estado de Puebla.
En rueda de prensa, Leiversein Martínez Cortés, uno de los litigantes que entró a la mesa de diálogo, explicó que el gobierno federal fue sensible a la problemática que se está presentando en la entidad, tras el cierre definitivo de la dependencia, desde el pasado 18 de junio.
Por ello, les comentaron que están en la mejor disposición de solucionar el problema y podrían reabrir el lugar para que ahí se sigan desahogando los más de 10 mil expedientes laborales que están pendientes.
El gobierno entiende nuestra molestia y sentir de todos nosotros, fueron sensibles y buscarán solucionar el problema. Las autoridades de Puebla también se sumaron. Esto es un gran logro, por lo que solo nos queda seguir en pie de lucha.
Tras este acuerdo, el abogado dio a conocer que la Secretaría del Trabajo se comprometió a sostener una segunda reunión en los próximos días para darles a conocer su veredicto final.
“Esperamos que esta reunión se lleve a cabo la próxima semana. Nuestra petición fue clara, que la junta continúe sus funciones en Puebla porque es lo más práctico y viable (…) Vemos con optimismo la respuesta porque es el interés de todos resolver el conflicto a través de un puente de comunicación y diálogo”, agregó.
Finalmente, Martínez Cortés expuso que las autoridades se comprometieron a no utilizar la fuerza para mitigar la protesta de los abogados, por lo que seguirá siendo algo pacífico.
La Secretaría del Trabajo se comprometió a sostener una segunda reunión en los próximos días para darles a conocer su veredicto final. Foto: Bibiana Díaz / El Sol de Puebla
Cabe recordar que, desde el 18 de junio un grupo de abogados se manifestó en contra del cierre de la JFCA debido a que esto ocasionará gastos que no estaban previstos y un atraso en los procesos.
Lo anterior, debido a que los más de 10 mil expedientes que siguen en proceso, serían mandados a los estados de Oaxaca y Tlaxcala para su respectivo seguimiento.