El presidente Trump regresó visiblemente irritado de su periplo de la semana pasada por el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

No fue solo el ambiente adverso ni las críticas de algunos interlocutores europeos y de Canadá. Fue, sobre todo, la constatación de que su margen político interno es hoy mucho más estrecho de lo que le gustaría admitir.
Cuando se observa con detalle lo que muestran las encuestas recientes, se entiende mejor su actitud, que no tiene que ver únicamente con lo ocurrido en esa reunión.

En su estado de ánimo confluyen varios factores vinculados con el entorno doméstico.

La aprobación de la gestión presidencial ronda apenas el 42.8 por ciento, de acuerdo con el promedio de RealClearPolitics. Algunas mediciones influyentes, como la difundida por The New York Times la semana pasada, la sitúan incluso en 40 por ciento, con una desaprobación que alcanza 56 por ciento.

Este deterioro se refleja también en las preferencias políticas. En el llamado voto genérico para el Congreso, el promedio de las encuestas muestra que los demócratas mantienen una ventaja de alrededor de 4.5 puntos porcentuales. No es una brecha definitiva, pero sí un indicador claro de un clima político cada vez más adverso para la Casa Blanca, que le puede quitar la mayoría en la Cámara de Representantes.

Más revelador aún es el trasfondo de ese malestar. La encuesta del NYT incluye preguntas sobre lo que se denomina affordability, es decir, la capacidad real de acceso a bienes y servicios básicos.

El 58 por ciento de los estadounidenses considera que no tiene acceso adecuado a educación; el 54 por ciento a vivienda; el 48 por ciento percibe dificultades para formar una familia, y el 47 por ciento afirma no contar con acceso suficiente a servicios de salud.

Con esos datos, el nivel de rechazo a Trump resulta explicable. Al estadounidense promedio le importa poco lo que ocurra con Maduro y Venezuela o las tensiones diplomáticas en Groenlandia. Lo que pesa más es cuánto rinde el ingreso. Y ahí existe una brecha creciente entre los indicadores macroeconómicos y la percepción social. La economía puede crecer y el empleo mantenerse, pero si el costo de la vida aprieta, el respaldo político se erosiona.

Este contexto ayuda a explicar por qué Trump recurre una y otra vez al expediente comercial como herramienta política. Investigaciones del Peterson Institute for International Economics y de académicos diversos han documentado que los aranceles de su primer mandato elevaron costos internos y presionaron precios, afectando sobre todo a los hogares de ingresos medios y bajos. Aun así, el proteccionismo sigue siendo un discurso eficaz para canalizar frustraciones internas y construir un relato de confrontación externa.

Es en este punto donde la impopularidad presidencial se cruza directamente con la próxima negociación del T-MEC. Analistas de instituciones financieras y centros de estudio coinciden en que, cuando un presidente estadounidense enfrenta debilidad política, tiende a endurecer su postura externa.

No necesariamente porque la evidencia económica lo respalde, sino porque necesita enviar señales visibles de firmeza a su base electoral. México, por cercanía, integración productiva y asimetrías políticas, se convierte en un objetivo natural.

El contraste es evidente. El T-MEC ha sido funcional para Estados Unidos: ha fortalecido la inversión manufacturera, ha estabilizado cadenas productivas y ha reducido la dependencia de Asia en sectores estratégicos. Sin embargo, esos beneficios son difíciles de traducir en réditos políticos inmediatos cuando la narrativa dominante gira en torno al encarecimiento de la vida cotidiana.

A ello se suma un factor adicional señalado por la Brookings Institution y el Council on Foreign Relations: la pérdida de capital político reduce los márgenes para construir consensos en el Congreso y empuja a la Casa Blanca a buscar “victorias” en el frente externo.

En ese escenario, la presión sobre México no necesariamente responderá a fallas reales del T-MEC, sino a la necesidad de Trump de exhibir control y dureza ante un electorado inconforme.

Para México, el reto es más complejo de lo que suele asumirse. No solo se trata de preparar expedientes técnicos impecables, sino de anticipar una negociación en la que los tiempos, los gestos y la narrativa pesarán tanto como los contenidos.

Cuando la affordability define el humor social y la popularidad presidencial está bajo presión, la racionalidad económica pierde centralidad. Y cuando eso ocurre, los acuerdos comerciales dejan de evaluarse por sus resultados y empiezan a juzgarse por su utilidad política.

En ese contexto, el T-MEC ya no es solo un tratado: es un instrumento de presión.

No es una buena noticia, pero es la realidad con la que México tendrá que lidiar.

En plena reconfiguración del comercio global —con una Unión Europea que busca diversificar socios en medio de nuevas presiones geopolíticas ya las puertas de un 2026 clave para el Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur—, México enfrenta el riesgo de quedar rezagado en su relación económica con el Viejo Continente . El desafío no sería perder terreno ya ganado, sino quedar fuera de la nueva arquitectura comercial que se perfila entre Sudamérica y Europa .

Cifras del Banco de México (enero–noviembre de 2025) sitúan el intercambio México–UE alrededor de 80.2 mil millones de dólares . En cambio, los datos de LLYC estiman que el comercio entre Mercosur y la Unión Europea supera los 110 mil millones de euros anuales; convertido con un tipo de cambio de 1.18 dólares por euro , el flujo asciende a 129.8 mil millones de dólares , muy por encima del volumen que hoy registra México con Europa.
Para concretar la implementación del acuerdo UE–Mercosur , el análisis de LLYC prevé la eliminación o reducción de más del 90% de los aranceles bilaterales . Para las empresas europeas , esto podría traducirse en ahorros superiores a 4 mil millones de euros al año en derechos de importación, además de acceso más estable a materias primas críticas para la transición energética. Para Mercosur , el beneficio radicaría en mayor acceso preferencial al mercado europeo y en la atracción de inversiones vinculadas a tecnología, energía e infraestructura.

El avance del acuerdo, sin embargo, enfrenta resistencias políticas . El Parlamento Europeo decidió recientemente frenar su proceso, ante la oposición de Francia , que advierte impactos directos sobre su sector agrícola por la ampliación del acceso de productos sudamericanos y la presión consecuente sobre productores locales. En sentido contrario, Alemania insiste en mantener el pacto como pieza estratégica en la reconfiguración del bloque, orientada a reducir la dependencia respecto de Estados Unidos.

En este escenario, la disyuntiva para México no pasa solo por defender el marco vigente con la UE, sino por cómo integrarse a tiempo a la nueva arquitectura de reglas, preferencias y cadenas de valor que una eventual entrada en vigor de la UE–Mercosur podría consolidarse en el Atlántico Sur–Europa.

El gobernador del estado, Alejandro Armenta, anunció el nombramiento de Daniela Stephanie Pérez Calderón como nueva titular de la Secretaría de Finanzas, destacando que durante su paso como oficial mayor en la SEP fue quien documentó y exhibió la entrega irregular de plazas en la gestión de Jorge Estefan Chidiac.

En su mensaje, el mandatario subrayó que la nueva secretaria cuenta con experiencia en auditoría y control financiero, y recordó que las irregularidades detectadas en la SEP derivaron en procesos de fiscalización, entre ellos los relacionados con la gestión del exsecretario Estefan Chidiac.

“Dani es una mujer honesta que no va a permitir ninguna irregularidad que pueda presentarse, y ante cualquier acto de corrupción lo va a señalar, tal como lo hizo cuando descubrió las anomalías en la Secretaría de Educación Pública. Eso nos permitió exponer y denunciar a través de auditorías. Somos un gobierno que se autocalifica y no deja pasar situaciones irregulares”, afirmó Armenta.

El gobernador instruyó a Pérez Calderón a mantener una vigilancia estricta sobre el uso de los recursos públicos en la administración estatal, como parte del compromiso de su gobierno con la política de cero impunidad y cero corrupción.

Durante la presentación, Armenta destacó la trayectoria académica y profesional de la nueva secretaria de Finanzas. Pérez Calderón es licenciada en Ciencia Política, cuenta con una maestría en Gobierno y Educación, así como otra en Gestión de Proyectos, además de experiencia en materia financiera y económica.

Asimismo, se desempeñó durante cinco años como secretaria técnica de la Comisión de Hacienda, periodo en el que Alejandro Armenta presidió dicho órgano legislativo, y también fungió como secretaria técnica del Senado de la República.

El mandatario reiteró que, más allá de su formación académica, Daniela Stephanie Pérez Calderón se distingue por su firmeza y honestidad frente a actos de corrupción, cualidades que consideró esenciales para encabezar la Secretaría de Finanzas.