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Aprueba Pleno Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Congreso del Estado y la ASE

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El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el acuerdo que contiene el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Congreso del Estado, así como el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ambos para el ejercicio fiscal 2024.

Una vez aprobado, se notificará el acuerdo a las autoridades competentes en los términos planteados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.

El artículo 35 de la Ley, indica que el proyecto de presupuesto de egresos de cada Entidad que conforma la administración pública deberá ser presentado al Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el día 30 de octubre del año inmediato anterior al que corresponda, para su posterior envío al Congreso del Estado.

En sesión ordinaria de Pleno, la diputada Laura Zapata Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Integral Escolar, con el objetivo de establecer derechos y protecciones para las personas involucradas en casos de acoso escolar garantizando el respeto, protección, información, asesoría, atención médica y jurídica, acceso a la justicia, y reparación del daño a la víctima.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

Asimismo, la diputada Patricia Valencia Ávila presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas adultas mayores a participar activamente en los eventos artísticos, culturales y tradicionales de sus localidades, con estricto apego a sus derechos humanos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Grupos Vulnerables para su estudio y resolución correspondiente.

La Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:
La propuesta del diputado Carlos Evangelista Aniceto para adicionar un tercer párrafo a los artículos 57 y 59 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad; así como a difundir la información mediante lecturas de fácil comprensión, y/u otros medios de divulgación que les permitan comprender los procesos de forma sencilla y clara.

Además, la iniciativa de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia para reformar la adiciona un tercer párrafo a los artículos 57 y 59 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer como una obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia, que incluya atención, orientación, reconocimiento y potenciación.

Así como en el que se fomente la cultura de la paz, a través del respeto, tolerancia, integridad, honestidad, honradez, responsabilidad, gratitud, humildad, solidaridad, amor y demás valores y principios, que favorezcan a la solución de problemas, de manera pacífica, y la convivencia armónica entre la sociedad.

La iniciativa del diputado Carlos Evangelista y de la diputada Mónica Rodríguez fueron turnadas a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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