Una corte federal de apelaciones ratificó la medida que prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) traspasar información confidencial de los contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El veredicto unánime del tribunal confirmó que la transferencia de estos datos privados con fines de repatriación forzada quebranta los marcos legales de privacidad establecidos por el Congreso estadounidense.

La sentencia, aprobada por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia, invalidó el convenio previo establecido entre la agencia tributaria y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta decisión representa un obstáculo legal para la estrategia de la administración federal saliente, la cual buscaba aprovechar los padrones fiscales como herramienta de localización de personas en situación migratoria irregular.

De acuerdo con el expediente judicial, la dependencia recaudadora alcanzó a compartir cerca de 47 mil expedientes personales con las autoridades de control fronterizo antes de la suspensión del acuerdo. En la argumentación del fallo se recordó que las estrictas cláusulas de secreto fiscal surgieron como salvaguarda posterior al caso Watergate, con la finalidad de evitar que las bases de datos gubernamentales se utilicen de manera arbitraria para otros fines.

Organizaciones civiles promotoras de los derechos de los contribuyentes celebraron la ratificación judicial, tras advertir que la entrega de datos personales ponía en riesgo el cumplimiento hacendario de millones de usuarios que operan mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Mientras el gobierno evalúa llevar el caso ante la Suprema Corte, la resolución mantendrá el bloqueo absoluto al intercambio de datos entre ambas dependencias.

Un tribunal federal de California resolvió que la administración del presidente Donald Trump no puede promover la expulsión del país de alumnos extranjeros que hayan emitido expresiones críticas hacia Israel o manifestado respaldo a la causa palestina. La decisión judicial determinó que este tipo de medidas represivas infringen las garantías fundamentales de libertad de expresión protegidas por la Constitución de Estados Unidos.

El fallo fue dictado por el juez Noël Wise tras una demanda interpuesta por el medio universitario The Stanford Daily, cuyos representantes demostraron que múltiples estudiantes internacionales optaron por abstenerse de colaborar o publicar opiniones por temor a enfrentar represalias en su estatus de permanencia. La resolución destaca que el derecho a expresarse pierde su propósito central si únicamente se autorizan opiniones alineadas con la postura del gobierno en turno.

Durante la revisión del caso, el magistrado argumentó que las normativas migratorias aplicadas por el gobierno estadounidense contienen ambigüedades que vulneran la Primera y la Quinta Enmienda de la Carta Magna. Esta determinación retoma antecedentes planteados por una corte federal de Boston, la cual ya había catalogado como inconstitucional el intento de deportar a personas no ciudadanas debido a posturas sobre la situación bélica en Oriente Medio.

Con esta resolución, los extranjeros con estancia legal en suelo estadounidense mantendrán la libertad de emitir posturas en materia de política internacional o participar en el ejercicio periodístico universitario sin el riesgo de perder sus visados. Aunque el Departamento de Justicia evitó fijar un posicionamiento oficial, organizaciones defensoras de los derechos civiles catalogaron la medida como una victoria decisiva para la protección de la libre expresión.

OTTAWA, CANADÁ. — En una escalada de la confrontación comercial en América del Norte, el Gobierno de Canadá activó la aplicación de nuevos aranceles de represalia dirigidos a una amplia lista de importaciones provenientes de Estados Unidos. La medida abarca mercancías con un valor estimado de 27 mil 600 millones de dólares canadienses e impone tarifas aduaneras que van del 15 hasta el 50 por ciento a diversos productos clave de la economía estadounidense.

Las tarifas de compensación entraron en vigor formalmente a las 00:01 horas y afectan a insumos industriales como acero y aluminio, además de bienes de consumo que incluyen electrodomésticos, muebles, herramientas, productos lácteos, cosméticos y aparatos electrónicos. Esta acción se produce en respuesta a la decisión del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de gravar con un 50 por ciento a las exportaciones canadienses de valor equivalente tras la ruptura de las negociaciones bilaterales.

Dentro de la estructura arancelaria publicada por Ottawa, destacan gravámenes del 50 por ciento para la leche y la nata, así como cobros del 25 por ciento a los quesos frescos y la madera de coníferas. De igual forma, una gran gama de artículos de cuidado personal, maquillaje y protectores solares importados desde territorio estadounidense deberán pagar aranceles de hasta el 50 por ciento para ingresar al mercado canadiense.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reconoció abiertamente que la imposición de estos gravámenes provocará un encarecimiento en varios productos y reducirá el abasto para la población. Sin embargo, argumentó que la decisión es un paso indispensable para proteger la soberanía económica del país y contrarrestar las medidas unilaterales fijadas por Washington, asegurando que su administración mantendrá la postura firme hasta recibir una propuesta formal seria de negociación.

Paralelamente, las fricciones bilaterales se han intensificado tras las advertencias del gobierno estadounidense contra la empresa aeronáutica canadiense Bombardier sobre sus ventas en ese país. Como respuesta a la contingencia comercial, el gobierno canadiense anunció la asignación de un paquete de asistencia financiera por 7 mil 500 millones de dólares canadienses destinados a blindar a los trabajadores y empresas locales afectadas por el conflicto de tarifas.