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Congreso Aprueba sancionar a funcionarios que dañen patrimonio de ciudadanos

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El Congreso de Puebla aprobó expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que los poblanos que hayan sido afectados por entes públicos, estatales y municipales sean indemnizados de forma justa, ya sea de forma económica o en especie; pero, ¿qué es y a quién aplica?

En sesión ordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad, con 36 votos a favor, el dictamen con la propuesta del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la de la bancada de Morena en la materia, que fueron dictaminadas bajo el principio de concentración.
De esta manera, el gobierno estatal estaría obligado a absorber los gastos ante cualquier negligencia médica cometida en hospitales públicos, y los ayuntamientos tendrían que pagar por los desperfectos o accidentes que pueda causar el mal estado de la vía pública.

La ley será retroactiva y comenzará a aplicarse a partir del Ejercicio Fiscal 2024, por lo que el gobierno del estado tendrá que destinar el 0.3 por ciento al millar del presupuesto, aproximadamente 15 millones de pesos, para subsanar las omisiones y fallas de los funcionarios.
En el caso de los municipios, cada uno de los 217 ayuntamientos tendrá que hacer las previsiones presupuestarias correspondientes para cumplir con la ley.

Al presentar el punto, la diputada morenista Iliana Jocelyn Olivares López dijo que con este ordenamiento se evita el abuso del poder y agradeció al mandatario por abonar en la reparación del daño a la sociedad, al ser fundamental en el ámbito de la justicia.

“Era importante emitir una ley que regule las bases y los procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de aquellos que, sin tener la obligación jurídica de soportarlo, sufren daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como resultado de una actividad administrativa irregular”, detalló.

En tanto, el diputado panista Eduardo Alcántara Montiel recordó que el Congreso de Puebla estuvo más de 20 años en omisión legislativa, por lo que ante cualquier daño grave habrá garantías de reparación del daño para las víctimas, teniendo presupuesto y las vías jurídicas para ejercer ese derecho.

¿Qué es lo que establece la ley y cuándo pueden indemnizar?
Los ciudadanos que hayan sido víctimas de alguna omisión o irregularidad por parte de los entes públicos (estatales y municipales) y les cause algún daño a sus bienes o derechos, en especial durante un proceso de impartición de justicia, podrán ser indemnizados de forma económica o en especie.

Lo anterior mediante la denuncia de una “Actividad Administrativa Irregular”, que quedó definida como “aquella realizada por algún Ejecutor de Gasto en sus funciones administrativas y que cause daño a la persona, a sus bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”.

Entre los supuestos se encuentran, por ejemplo, las negligencias médicas, la entrega de concesiones que causen un daño a futuro a la ciudadanía, la falta de infraestructura en los municipios, la realización de una obra que provoque alguna afectación de gravedad, entre otros.

Quedarán sujetos a este ordenamiento, como sujetos ejecutores del gasto, el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Pública Estatal, Centralizada y las Entidades Paraestatales; los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

También los municipios, a través de su Administración Centralizada y Paramunicipal; el Gobierno del Estado de Puebla y cualquier otro ejecutor de gasto de carácter estatal o municipal. La ley exceptúa a los notarios públicos.

La ley no aplicará cuando el daño se produzca por actos materialmente jurisdiccionales y legislativos; en casos fortuitos y de fuerza mayor; al acontecer hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de las técnicas existentes en el momento de su acaecimiento.

Asimismo, los que causen las personas servidoras públicas cuando no actúen en ejercicio de funciones públicas; en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño; aquellas acciones que sean simuladas; los producidos por hechos imputables a terceros que hayan causado responsabilidad.

También exenta los hechos que resulten de hechos acontecidos para evitar un daño grave e inminente; y cuando no sean consecuencia de la Actividad Administrativa Irregular de los Ejecutores de Gasto. Es así que el Congreso de Puebla aprueba sancionar a funcionarios que dañen el patrimonio de ciudadanos.

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Por adeudo de más de 439 mil pesos, CFE corta alumbrado en Juan N. Méndez

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A partir de las 20:00 horas de este jueves 11 de junio, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la suspensión del servicio de alumbrado público en el municipio de Juan N. Méndez, debido a un adeudo de 439 mil 501 pesos que mantiene el Ayuntamiento.

De acuerdo con documentación oficial, la CFE realizó diversas gestiones y notificó en repetidas ocasiones al presidente municipal, Guillermo Gregorio del Rosario, sobre la deuda correspondiente al ajuste 159/2026; sin embargo, no hubo respuesta favorable ni se concretó el pago.

La paraestatal emitió al menos dos emplazamientos formales durante el mes de mayo y posteriormente negó una solicitud de prórroga de 90 días hábiles presentada por el gobierno municipal, al considerar improcedente la petición.

Asimismo, la empresa señaló que los requerimientos fueron notificados también al Gobierno del Estado de Puebla, como parte del procedimiento legal para la recuperación del adeudo.

Ante la falta de cumplimiento por parte de la administración municipal, este jueves se ejecutó el corte del suministro eléctrico destinado al alumbrado público, dejando sin este servicio a diversas zonas de la cabecera municipal y comunidades del municipio.

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Atlixco recibirá el Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles 2026

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La directora del Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles, María Victoria Ramón Franco, extendió la invitación a la ciudadanía atlixquense para asistir a los conciertos que iniciarán a las 19:30 horas cada día, con la participación de coros provenientes de diferentes estados del país.

«Estamos invitando al público atlixquense a que nos acompañe los días 25, 26 y 27 de junio a las 7:30 en el Exconvento de San Francisco a los conciertos que se realizarán en el marco del noveno Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco 2026», señaló.

La directora detalló que se espera una asistencia de más de 150 personas por función. El templo, el de mayor capacidad en Atlixco, puede albergar hasta 200 asistentes y la entrada será gratuita. Recomendó al público llegar con anticipación y de preferencia a pie, ya que el acceso se abrirá 20 minutos antes de cada concierto.

«Es entrada libre, sin embargo, el templo que es el más grande de Atlixco también tiene una capacidad máxima de 200 personas, les recomendamos llegar a pie y también les vamos a abrir el acceso al público 20 minutos antes del concierto, entonces pues les recomiendo que lleguen con tiempo», agregó.

Finalmente, Ramón Franco explicó que el evento busca promover la convivencia y el aprendizaje entre coros, así como difundir el canto coral como herramienta de transformación social.

«Para nosotros es una fiesta coral en donde se promueve el canto coral como una herramienta, como un mecanismo, como un instrumento de transformación social. Los niños aprenden muchas cosas trabajando en equipo haciendo práctica coral todo el día, el que vengan coros de diferentes estados», concluyó.

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Gobierno estatal poder judicial impulsan nuevo modelo de justicia cercana y humanista

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Con el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla, autoridades de todo el país presentaron el Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP), una herramienta de alcance nacional que permitirá evaluar y fortalecer el desempeño institucional a partir de la experiencia de las y los usuarios. El proyecto impulsa un nuevo modelo de justicia enfocado en la accesibilidad, la cercanía, el trato digno y la mejora continua de los servicios judiciales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que los principios de José María Morelos y Pavón mantienen plena vigencia. “La patria es primero”, afirmó, al destacar que esa visión coincide con el humanismo que coloca los derechos sociales en el centro de la acción pública. Recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos.

“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, subrayó.

Asimismo, reiteró que el Poder Ejecutivo se suma al fortalecimiento institucional del Poder Judicial con pleno respeto a sus competencias, en concordancia con la visión de colaboración entre poderes que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que “México vive una resonancia histórica porque se actualiza una de las grandes aspiraciones de la justicia: tener un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitraje”. Al evocar el legado de José María Morelos y Pavón, señaló que dicho principio constituye la brújula moral de este esfuerzo para que ninguna persona permanezca invisible frente al poder público.

Asimismo, destacó que el tablero inaugura una cultura nacional de aprendizaje entre los poderes judiciales locales y precisó que el instrumento debe entenderse como un espejo institucional que refleja la madurez de las instituciones. “Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública”, expresó.

Guerra Álvarez subrayó que México se construye desde sus estados, regiones y comunidades, por lo que cada poder judicial aporta experiencias y realidades distintas. En ese contexto, señaló que la iniciativa fortalece el aprendizaje colectivo, la conciencia institucional compartida y el federalismo judicial en acción.

Por su parte, la directora general de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, reconoció el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla por asumir la coordinación de este esfuerzo nacional y agradeció la participación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

Explicó que desde hace 15 años trabaja en la construcción de una justicia más accesible y cercana, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Recordó además que recientemente los países de la región suscribieron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, instrumento que coloca a las personas en el centro de los sistemas judiciales.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, destacó que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de las resoluciones emitidas, sino de la forma en que la ciudadanía vive, percibe y experimenta el acceso a ella. Además, reconoció la participación de los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entidades que integran la primera etapa de trabajo.

En su intervención, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que el objetivo es construir instituciones judiciales cada vez más cercanas y sensibles a las necesidades de la población. Destacó la realización de 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios y comunidades, así como 50 jornadas itinerantes del módulo de atención ciudadana. También reportó visitas de supervisión en casas de justicia y juzgados para elevar la calidad de los servicios, al señalar que “la justicia no puede permanecer distante de las personas”.

Las y los participantes coincidieron en que los poderes judiciales del país tienen hoy la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana, conocer las necesidades de las personas y colocarlas en el centro de la toma de decisiones. Con este proyecto nacional, Puebla contribuye a la construcción de una justicia moderna, eficiente y profundamente humanista.

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