Con la finalidad de que las personas adultas mayores tengan acceso a una atención preferente, remota y personalizada en las dependencias públicas, así como en los establecimientos privados, la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos presentó un par de iniciativas para reformar la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, y la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.

Durante la sesión pública ordinaria, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa para reformar la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de establecer como derecho de este sector de la población el tener una atención remota o atención personalizada, así como una atención preferente y especializada en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios.

La iniciativa que establece reformas a la fracción XIX del artículo 4 y los artículos 38 y 39 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Grupos Vulnerables para su estudio y dictaminación correspondiente.

En este mismo tema, se dio cuenta de otra iniciativa de la diputada Karla Victoria Martínez para reformar los artículos 66 Bis y 66 Ter de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que en las dependencias estatales y municipales en las que se realicen trámites y procedimientos administrativos, se procure la atención remota, cuando las condiciones lo permitan, o preferente de las personas con discapacidad, a través de una ventanilla única preferencial.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para su análisis y resolución procedente.

IMPULSAN INICIATIVAS A FAVOR DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VIVIENDA Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Por otra parte, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de cambiar en el ordenamiento legal la denominación “menores” por el de niñas, niños y adolescentes.

Para este fin, la legisladora propone reformar la fracción VII del artículo 5 y los párrafos antepenúltimo y penúltimo del 21 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución correspondiente.

En su momento, la diputada Jocelyn Olivares López presentó una iniciativa para reformar el artículo 114 Bis de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con la finalidad de que la Comisión presente directamente a la Auditoría Superior un informe que contenga las observaciones y las recomendaciones en materia de evaluación de su desempeño en un plazo no mayor a 30 días hábiles de la fecha en la que se presente el Informe General.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Por su parte, la diputada Karla Rodríguez Palacios presentó una iniciativa para reformar las fracciones XX y XXI y adicionar la XXII al artículo 7 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con el propósito de que el Estado y los municipios establezcan esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto a los principios de legalidad y certeza jurídica, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.

La iniciativa de la diputada fue turnada a la Comisión de Vivienda, para su análisis y dictaminación procedente. Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Alcántara Montiel para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, con la finalidad de revisar documentalmente y, en su caso, realizar visitas en campo para verificar la veracidad de las autoadscripciones calificadas de candidaturas por acción afirmativa indígena, presentadas por los partidos políticos, previo a la aprobación que realice el Consejo General.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución correspondiente.