Julissa Contreras Zúñiga fue despedida del Poder Judicial (PJ) después de participación en la protesta contra la megarecicladora que busca instalar el Gobierno Federal en San José Chiapa, Puebla.

Este jueves, pobladores de este municipio se trasladaron a la ciudad de Puebla y se reunieron en el zócalo para denunciar los hechos que ocurrieron el pasado 11 de abril durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Jorge Octavio Contreras Espinoza representante de los pueblos de la zona que se oponen al proyecto, tuvieron bloqueos en su intento de buscar un diálogo con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Especificó que a Julissa Contreras Zúñiga personal del Gobierno del Estado le arrebataron una cartulina y posteriormente la jalaron para quitarle una segunda lona.

Después, Julissa Contreras Zuñiga comentó que después de haber participado en esta protesta para defender el pueblo de donde es originaria, comenzó a ser víctima de hostigamiento en redes sociales.

Esto escaló a tal grado de que el día lunes el área de Recursos Humanos del Poder Judicial la mando a llamar y le presentaron una carta de renuncia, a lo cual ella se negó a firmar.

«El día lunes Recursos Humanos del Poder Judicial me llamó a presentarme, porque ya estaba lista mi renuncia (…) claramente yo no iba a firmar una denuncia, porque claramente yo no estaba renunciando», declaró.

Sin embargo, ante su negativa le presentaron un documento de rescisión de contrato y fue así que el día miércoles dejó de laborar en el Poder Judicial.

Lo anterior Julissa Contreras señaló que se trata de una persecución en su contra por participar en esta manifestación, también mencionó que esto la dejaba intranquila por más represalias en su contra, por lo que responsabilizó al Gobierno del Estado si algo le pasa a su persona.

Por otra parte, los pobladores reiteraron su rechazo a la megarecicladora en San José Chiapa, ya que señalaron traerá contaminación a los suelos, agua y aire del municipio, así como problemas a su salud por las toneladas de basura que se llevarán al lugar.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijo que su administración respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal estatal relacionado con el delito de “ciberasedio”.

No obstante, rechazó que esta determinación represente un revés para su gobierno o para el Congreso local, al sostener que forma parte de la dinámica propia del sistema jurídico mexicano.

Al término de la ceremonia por el 495 Aniversario de la Fundación de Puebla, el mandatario recalcó que el Estado mexicano debe agotar todos los mecanismos legales para garantizar los derechos fundamentales.

“Nosotros somos respetuosos de la ley y consideramos que el Estado mexicano seguirá buscando, bajo los preceptos constitucionales, el cumplimiento de los derechos”, declaró.

En esa tónica, el morenista, quien recordó su trayectoria de más de dos décadas como legislador, insistió en que las normas no son estáticas.

«Hay leyes que se aprueban, leyes que se derogan, leyes que se perfeccionan y marcos normativos que se construyen; es parte de la dinámica del marco normativo de nuestro país”, expresó tras ser cuestionado sobre si el fallo judicial significaba un retroceso.

La resolución de la Corte, emitida el pasado 14 de abril, determinó la invalidez del delito de “ciberasedio” al considerar que su redacción vulneraba principios constitucionales, lo que obligará al Congreso de Puebla a replantear el marco legal en la materia.

Ante este escenario, Armenta Mier señaló que corresponde al Poder Legislativo actuar con plena autonomía para ajustar la legislación.

A pesar de la anulación del artículo, el gobernador enfatizó que existen diversos ordenamientos vigentes —como la Constitución federal, la estatal y los códigos Penal y Civil— que permiten proteger a la población, particularmente a sectores vulnerables.

“Tenemos que buscar siempre la defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario estatal consideró que la decisión de la SCJN confirma la vigencia de la división de poderes en el país, al rechazar versiones sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en el Judicial.

Señaló que este tipo de resoluciones evidencian “el respeto entre los poderes públicos” en el contexto de la llamada Cuarta Transformación.

De paso, informó que, en la reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se dio seguimiento a la estrategia en materia de seguridad en la entidad, y comentó que habrá especial coordinación con el gobierno federal por el arranque de la Olimpiada Nacional Conade.

Un total de 38 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos se registraron en el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos durante el primer trimestre de 2026. Entre las autoridades con mayor número de señalamientos se encontraron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad, cuyas actuaciones fueron objeto de revisión dentro de estos casos.

Los datos abiertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhibieron que en el primer trimestre de 2026 se inició, en promedio, una queja cada dos días por posible violación a los derechos humanos. Además, la cifra de ese año fue 34.4 por ciento menor respecto a los 58 expedientes abiertos en 2025.

De acuerdo con la última actualización, de los más de 30 expedientes, se concluyeron 21, la mayoría durante el trámite debido a que el organismo descartó vulneración a las garantías individuales, mientras que 17 siguieron en trámite.

Las acusaciones se dirigieron contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que acumuló 16 quejas; seguido de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 6; el IMSS Bienestar, con 4 expedientes, y la Secretaría de la Defensa Nacional, también con 4.

Otros entes que también figuraron, pero en menor dimensión, fueron la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Respecto a las presuntas violaciones a derechos humanos más frecuentes, destacaron omitir el proporcionar atención médica, no suministrar medicamentos, así como prestar indebidamente el servicio público.