Desde que se tiene registro y hasta el año pasado se han sumado en Puebla un total de 9 mil 231personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De dicha cifra, 2 mil 882 personas continúan desaparecidas, lo que la sitúa a la entidad en el treceavo lugar entre los estados con mayor cantidad de personas en esta condición.

Lo anterior lo reveló el informe sobre la situación de la desaparición en Puebla, en donde se destacó que el huachicol, la guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado, la falta de políticas públicas y las fallas en algunas dependencias, fue lo que desató las cifras de desaparecidos en el territorio poblano.

Los autores del informe son Tadeo Luna de la Mora, Alexia Martínez Montalaban, así como Aranzazú Ayala Martínez y se presentó por parte del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.

En el informe destacaron que las desapariciones ya no se pueden ocultar, los casos, movilizaciones por la ausencia de investigación y hallazgos, han escalado durante los últimos años, haciendo de la desaparición un tema presente en la sociedad poblana.

Pese a que la entidad ha sido durante décadas un foco rojo en desaparición de mujeres y en los recientes informes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ocupa los primeros puestos en desaparición de menores, existe muy poca información en torno a esta problemática y persiste un silencio desde los tres niveles de gobierno.

Por ello, hicieron un recuento de la crisis de desaparición en Puebla. Explicaron que las desapariciones en México se desataron a partir del 2010 con la crisis de inseguridad y en ese entonces, en Puebla parecía existir otra realidad, pues el gobernador Rafael Moreno Valle negó ese panorama.

Destacaron el caso de Marco Antonio Orgen Calderón, quien desapareció el 17 de noviembre de 2013 en Huauchinango. Este hecho fue de los primeros en Puebla en federalizarse durante el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Sus hijas Irma y Jocelyn encabezaron su búsqueda y fundaron la organización “Uniendo Cristales A.C”.

Otro punto a destacar fue en el 2015 en Tepeaca, municipio del “triángulo rojo” conocido así por la alta incidencia delictiva relacionada con el robo de combustible. Esta demarcación tuvo una tasa de 123 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. Cifra similar a la más alta del país ese año en Reynosa, Tamaulipas. A pesar de ello, en aquel entonces todavía se seguía sin hablar de las desapariciones.

El informe aplaudió y destacó la creación del Colectivo Voz de los Desaparecidos, pues en 2018 se hizo la primera movilización del 10 de mayo por parte de madres que buscan a sus hijos. En la capital, María Luisa Núñez y Lucía Linares, mamás de Juan de Dios y de Abraham y Vicente Basurto, desaparecidos juntos el 24 de abril de 2017 en Palmar de Bravo, marcharon solas desde Los Fuertes hasta las instalaciones de la FGE.

El 30 de agosto de 2018, María Luisa Núñez fundó junto con la mamá de Abraham y Vicente el colectivo “La Voz de los Desaparecidos” y para el 10 de mayo de 2019 hicieron su primera marcha como colectivo, reuniendo a decenas de familias y visibilizando públicamente el fenómeno de las desapariciones.

En junio se emitió el acuerdo del gobierno estatal para crear la Comisión Estatal de Búsqueda, organismo en ese entonces inexistente en Puebla. Sin embargo, hasta octubre de 2019 se expidió el reglamento interior y a final de ese mes, la convocatoria para nombrar a la persona titular.

Con más de dos meses de retraso, el 9 de enero de 2020, se anunció quién ocuparía la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero hasta finales de ese año, empezaron las primeras búsquedas de restos humanos en fosas clandestinas, gracias a los hallazgos e información obtenida por los mismos familiares.

Esto es solo una parte del informe que se presentó, el cual, muestra el gran camino que los padres y amigos de las personas desparecidas han tenido que pasar para ver nuevamente a las personas que aman.