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Los mas afectados por el desempleo

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Jóvenes con baja escolaridad

Puede que las personas jóvenes resistieran más los efectos físicos de la covid-19, pero no lo que causó en materia laboral. Condiciones como una alta tasa de informalidad de hasta 68% les dejó más vulnerables ante los despidos. Y en momentos de recuperación, en los que incluso vamos dejando el cubrebocas, jóvenes con baja escolaridad todavía no pueden salir del desempleo.

Al cuarto trimestre de 2021, sólo las personas jóvenes “con estudios de preparatoria y universidad han logrado recuperarse, e incluso superar el nivel de empleo observado antes de la pandemia”, señala un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Quienes cuentan con grado de bachillerato incrementaron casi 10% su tasa de empleo y los universitarios, cerca del 9 por ciento.

El informe Los jóvenes sin preparación son más vulnerables en el mercado laboral destaca los avances que ha tenido el país en la matriculación escolar y los beneficios económicos a largo plazo para quienes continúan estudiando.

“En 2019, 1.4 millones de jóvenes se graduaron del bachillerato, cifra 1.6 veces mayor que hace una década. De esos graduados, dos de cada tres iniciaron una licenciatura o una carrera técnica”. Pero “33% de la población en edad de estudiar una carrera decide no hacerlo y comienza a trabajar sin estudios superiores en un mercado laboral cada día más exigente y complicado”.

En vísperas de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores es necesario comunicar la importancia y beneficios de estudiar una carrera, concluir estudios superiores, “porque no sólo mejoras tu condiciones laborales, tus ingresos, también lograrás desarrollar mayores habilidades y la posibilidad de adquirir otras”, dice en entrevista Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Imco.

Dos caminos, dos realidades diferentes

Una primera y contundente razón para continuar estudiando: “Los jóvenes con bachillerato y licenciatura ganan 14% más que aquellos que sólo concluyen la secundaria, incluso desde el inicio de la vida laboral”, destaca el organismo.

El ingreso promedio mensual de la población de entre 15 y 24 años es de 5,700 pesos, señala el Imco con base en la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Por niveles de escolarización, las personas jóvenes que estudiaron sólo la primaria ganan en promedio un poco más de 5,100 pesos al mes. Si concluyeron la secundaria, su salario mensual sube a 5,420 pesos en promedio. Con el bachillerato pueden aspirar a 5,600 pesos y si tienen una carrera profesional podrían ganar casi 6,700 pesos.

“El desempleo y la recuperación ha diferido en las diferentes generaciones, y entre los jóvenes varía además de acuerdo con el nivel de educación que tengan”, señala la economista Ana Gutiérrez. En 2020, cuando la pandemia golpeó más fuerte a todos los países, las personas jóvenes con menos estudios perdieron más empleos que sus pares con más oportunidades académicas.

Debido al impacto de la pandemia, las trabajadoras y los trabajadores jóvenes con estudios de primaria o de secundaria tuvieron una caída de casi 15% en sus puestos de trabajo. En tanto, 8% de quienes cuentan con estudios de preparatoria se quedó sin su fuente de ingresos y 5% de quienes estudiaron una licenciatura, según el reporte.

Y mientras las y los jóvenes con educación media superior y superior ya recuperaron esos empleos e incluso superan las cifras prepandémicas, el grupo con menos escolaridad sigue luchando por conseguir trabajo: cerca del 5% todavía está en el desempleo.

“La proporción de personas de 15 a 24 años que buscan activamente un empleo y no lo encuentran (7.2%) es dos veces mayor que la que presenta el grupo de 25 a 44 años (3.5%) y tres veces mayor que la del grupo de 45 a 64 años (2.4%)”, de acuerdo con el documento.

El camino que recorren quienes tienen poca escolaridad les aleja más del mercado laboral formal, donde pueden gozar de seguridad social, estabilidad, un contrato que les proteja, prestaciones, vacaciones, días de incapacidad pagadas, etc.

“Mientras que 68% de los jóvenes de 15 a 24 años está en la informalidad, esta cifra es de 64% en jóvenes con preparatoria, y sólo 55% de los que cuentan con carrera profesional tiene empleo informal”, se destaca en el informe.

“La informalidad observada en los jóvenes de esas edades es 12 puntos porcentuales superior a la observada a nivel nacional (56%). Esto es preocupante, ya que son empleos que carecen de acceso a seguridad social y no tienen garantía del cumplimiento de sus derechos laborales”.

La informalidad es un «tema transversal para el mercado laboral, pero cobra especial relevancia en la población joven”, apunta Ana Gutiérrez. Algunas de las políticas públicas que los gobiernos podrían ejecutar es la desvinculación de la seguridad social del empleo y crear incentivos para que las personas empleadoras estén dispuestas a pagar las cuotas patronales que les corresponde. Quizá una buena medida sería disminuir los costos de tiempo y dinero, agrega.

Las empresas podrían abrirse a las prácticas profesionales, con ello acercan a las y los jóvenes al mundo laboral y les ayudan a desarrollar diferentes habilidades que necesitarán, recomienda. Otro elemento importante es que las universidades actualicen “sus programas educativos, incluso a nivel regional, para que quienes buscan empleo en su sociedad y su estado y tengan las habilidades adecuadas”.

Y “contar con políticas e infraestructura social de apoyo para el cuidado de menores, adultos y personas con discapacidad, el cual recae en la población femenina, cambiará también la percepción de qué tanto pueden la mujeres participar en el mercado laboral”.

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Fiscalía de EU pide fijar en junio primera audiencia de exsecretario de Seguridad de Sinaloa

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La Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó a un tribunal que la primera audiencia en el caso contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se realice el próximo 3 de junio o en una fecha posterior, con el consentimiento de la defensa.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta a la jueza Katherine Polk Failla en la que informó que ambas partes tienen disponibilidad para una conferencia inicial los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio, o en cualquier fecha posterior que determine el tribunal.
Mérida fue detenido el 11 de mayo en Arizona y comparado con el 15 de mayo ante un tribunal de Nueva York para la lectura de cargos. Durante esa audiencia, el exfuncionario se declaró no culpable de las acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, delitos que podrían implicar una pena máxima de cadena perpetua.

En el documento presentado este viernes, Clayton explicó que la jueza Sarah Netburn, quien presidió la audiencia de lectura de cargos, ordenó suspender temporalmente el cómputo de los plazos procesales establecidos por la Ley de Juicio Rápido hasta el 1 de junio, fecha en la que volvería a correr el plazo.

La Fiscalía pidió ahora a la jueza Polk Failla que también excluya del cálculo de esos plazos el período que transcurra hasta la próxima conferencia que se fije a partir del 3 de junio. De acuerdo con la moción, esa medida permitiría facilitar las conversaciones previas al juicio entre las partes.

Las autoridades señalaron que la defensa aceptó las solicitudes planteadas, por lo que existe acuerdo entre ambas partes sobre el calendario propuesto. Se prevé que la jueza se pronuncie en las próximas horas, o incluso el lunes, sobre la fecha de la audiencia inicial.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mérida es considerada una figura relevante en la presunta trama para proteger al Cártel de Sinaloa dentro del caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo.

El exsecretario de Seguridad, general retirado del Ejército mexicano, figura entre los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York relacionada con la llamada trama Rocha Moya.

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Adultos mayores no obtendrán CURP Biométrica automática con INAPAM o licencia

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Los adultos mayores que cuentan con credencial del INAPAM o con licencia de conducir no obtendrán de manera automática la nueva CURP Biométrica, ya que el trámite requiere autorización expresa y el cumplimiento de requisitos específicos ante las autoridades correspondientes.

La duda surgió a partir de un convenio de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de México, mediante el cual se contempla compartir datos biométricos de las personas que realizan trámites de licencia de conducir, siempre que acepten dicha transferencia de información.
El objetivo de este acuerdo es impulsar el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población entre quienes acuden a las oficinas de movilidad mexiquenses. Sin embargo, la integración de datos biométricos no ocurre por sí sola, pues las personas interesadas deben presentarse, validar su identidad y autorizar que su información sea compartida entre instituciones.

En el caso de los adultos mayores, acudir a la Secretaría de Movilidad del Estado de México no implica que su CURP Biométrica se genere en automático. Para avanzar en el proceso, deberá cumplir con las reglas establecidas y aceptar la incorporación de sus datos al documento actualizado.

Otro punto relevante es que la credencial del INAPAM no es aceptada como identificación oficial para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México. Por ello, quienes deseen realizar este procedimiento deberán presentar otro documento vigente con fotografía, como la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional con fotografía, cartilla del Servicio Militar, matrícula consular o una licencia vigente expedida por el gobierno mexiquense.

Además, para obtener la licencia de conducir en la entidad se solicita acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP actualizada y certificada, comprobante de domicilio original, aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago de derechos.

El trámite debe realizarse directamente en los módulos de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, donde las personas interesadas podrán cumplir con el procedimiento correspondiente y, en su caso, avanzar en la certificación de su CURP Biométrica.

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Embargan instalaciones de TV Azteca Puebla por créditos y multas fiscales

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La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla ejecutó este viernes una diligencia de embargo precautorio en la sede de TV Azteca Puebla, situada en la exclusiva Torre Centro Mayor, en la zona de Calzada Zavaleta.

La acción, fundamentada en el incumplimiento de multas fiscales federales, marca un precedente en la entidad al aplicar los convenios de colaboración fiscal entre el Estado y la Federación para presionar a uno de los conglomerados mediáticos más influyentes del país: Grupo Salinas.

Minutos después de las 11 horas, auditores y notificadores estatales ingresaron al inmueble de la Calzada Zavaleta.

A diferencia de otros operativos, el personal administrativo de la televisora facilitó el acceso para recibir la notificación de los créditos fiscales firmes que la empresa no ha liquidado.


Tras un careo legal de casi una hora, las autoridades procedieron a la colocación de sellos de embargo sobre activos y áreas estratégicas. No obstante, bajo la figura de “embargo sin extracción”, la operación técnica y el derecho a la información no fueron vulnerados.

El operativo en Puebla forma parte de una estrategia jurídica que se libra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la tribuna de Palacio Nacional. El origen del conflicto radica en una deuda histórica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha documentado meticulosamente.
A nivel nacional, el corporativo arrastra adeudos que superan los 32 mil millones de pesos.

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha calificado estos cobros como “extorsiones”, mientras que el gobierno federal sostiene que se trata de impuestos omitidos por años mediante estrategias de elusión en administraciones previas.

De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Hacienda, Grupo Salinas solo ha liquidado el 43.5 por ciento de los montos reclamados originalmente, dejando un boquete fiscal que ahora las entidades federativas están facultadas para cobrar.

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