El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir a padres o tutores castigar con golpes o humillar a sus hijos.
La iniciativa fue presentada el 9 de diciembre de 2021 por la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, para modificar las fracciones VII y VIII y agregar la IX al artículo 62 de dicho ordenamiento.
La reforma establece que padres, madres o tutores no deberán ejercer cualquier tipo de violencia en contra de las y los menores de edad, por ejemplo: golpes con la mano o algún otro objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o las orejas, obligar o sostener posturas incómodas, quemaduras, o cualquier tipo de humillación.
La iniciativa fue discutida en la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez que preside Mónica Rodríguez, quien reveló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una cuarta parte de los adultos manifestaron haber sufrido maltratos físicos durante su infancia.
Por ello, la iniciativa pretende garantizar que las y los menores de edad tengan una educación sin violencia, maltrato o humillaciones, pues este tipo de prácticas provocan daño psicológico en el desarrollo de los niños.
Acorde a esto el 14 de enero de 2021 el Congreso de Puebla aprobó elevar las penas por maltrato a menores, y ahora llegan hasta los 12 años de cárcel o una multas de hasta 20 mil 164.5 pesos.
Barbosa lamenta reforma
Tras la reforma el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo estar sorprendido y afirmó que “no lo podía creer”.
Aunque la legislación local es una homologación de la federal, reconoció que desconocía la normativa nacional y que se enteró de su existencia hasta ahora que se replicó en el estado.
No obstante, tras revisarla señaló que exhibe una pobre técnica legislativa, por lo cual consideró que se debió analizar a fondo en su momento para “depurarla” y que surgiera una mejor legislación.
No obstante, ahora que se aprobó a nivel local admitió que al gobierno estatal sólo corresponde acatar la ley.