El Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado recibió y turnó un Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que de acuerdo a sus atribuciones y la suficiencia presupuestal, la unidad o área especializada en Policía Cibernética realice un estudio sobre esta situación y coadyuve en las investigaciones con la Fiscalía General del Estado para tratar de esclarecer quiénes grupos delictivos que se han dedicado a extorsionar y realizar ciberacoso a través de redes sociales como WhatsApp y ubicar a las o los culpables.
En Sesión Ordinaria, al hacer uso de la palabra, la diputada Nora Merino Escamilla, señaló que recientemente se han reportado, especialmente en medios de comunicación, casos de que grupos delictivos ingresa a datos como son sesiones de WhatsApp, cuentas de Facebook, Twitter, cuentas bancarias y correos, utilizando esta información para extorsionar y ciberacosar a los propios dueños de los datos si no realizan pagos e inclusive se comunican con parientes, conocidos y contactos que tengan en su lista.
Por lo anterior, expuso la necesidad de que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia para detener estos delitos.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
En otro momento de la sesión la diputada Aurora Sierra Rodríguez presentó una iniciativa de decreto para realizar reformas la Ley Orgánica Municipal para establecer que los contralores municipales tendrán la facultad de practicar auditorías a las Juntas Auxiliares de sus municipios para verificar que el presupuesto asignado sea ejercido de manera congruente.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.
Mediante un punto diferente en el orden del día, la diputada Mónica Silva Ruíz propuso una iniciativa de decreto para realizar reformas a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla con la intención de que los informes individuales contengan el cumplimiento de los objetivos de programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y erradicación de la violencia.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior para su estudio y resolución procedente.
A través de un punto distinto en el orden del día la diputada Daniela Mier Bañuelos, propuso reformas al Código Penal del Estado a fin de establecer en el artículo 248 Bis, que la educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente
En el uso de la palabra, en otro punto en el orden del día, el diputado Carlos Navarro Corro presentó un exhorto al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para garantizar la correcta realización de la jornada electoral extraordinaria del próximo 6 de marzo.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
A través de un punto distinto en el orden del día el diputado Iván Herrera Villagómez propuso un exhorto al ayuntamiento de Puebla para que analice, discuta y dictamine una propuesta de plan de austeridad.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.
Finalmente, como parte del orden del día, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó un Punto de Acuerdo por el que invita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que implemente acciones necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de trata de personas en niñas, niños o adolescentes en la entidad con el fin de mitigar el delito.
El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.
En Asuntos Generales la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de la zona conurbada a realizar convenios y acciones intermunicipales de colaboración para el fortalecimiento de la seguridad de la población.
El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Seguridad Pública y de Asuntos Metropolitanos para su estudio y resolución procedente.
