Tras haberse disparado los casos de extorsión mediante la usura excesiva, el Congreso del Estado prepara la modificación al código penal para castigar hasta con diez años de prisión a quien incurra en ella, obligando a la gente a contratar préstamos personales, que son prácticamente un cobro de piso, anunció el diputado José Luis Figueroa Cortés.

En conferencia de prensa el legislador por el Partido del Trabajo, señaló que este tipo de situaciones las ha detectado en la zona sur de la capital, donde llegan los prestamistas a bordo de motocicletas y obligan a los pequeños comerciantes a pedir préstamos con altos intereses.

Explicó que la propuesta contempla penas de 7 a 10 años de prisión, así como multas que van de 500 a 1,000 días de salario mínimo, con el objetivo de inhibir estas conductas ilícitas que se han incrementado en los últimos años, principalmente a través de plataformas digitales.

«Desde el congreso del Estado estamos solicitando reformar este artículo para tener penas más severas, es verifico y yo eh estado en las colonias, me lo ha dicho la gente pero tiene miedo de denunciar» expresó el legislador.

Insistió en que los llamados “montadeudas” ofrecen préstamos aparentemente fáciles y rápidos, pero en realidad imponen intereses excesivos, comisiones no autorizadas y condiciones abusivas, lo que deriva en un ciclo de endeudamiento para las víctimas. Además, cuando las personas no pueden cubrir los pagos, suelen enfrentar amenazas, hostigamiento y difusión indebida de información personal.

«Con eso viven diariamente, a veces no alcanza el dinero y llegamos a solicitar algún tipo de préstamo, eso lo tengo muy presente para que esta iniciativa pueda salir adelante»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó esta mañana en su conferencia mañanera, que el registro de los teléfonos celulares es “muy importante para garantizar la seguridad” y explicó que “no tiene que ver con vigilancia o saber dónde está la gente”.

Bajo esta premisa, la mandataria aprovechó para explicar también que, quien guarda los datos de los usuarios son las empresas dueñas de telefonía y no el gobierno, como se quiere mal informar.

«Para el registro de celulares, es la propia empresa telefónica quien lo hace y la responsable de cuidar la información”, señaló.

Lo anterior servirá, mencionó la jefa de Estado, para que solamente la autoridad correspondiente sea la que tenga acceso a la información de los usuarios, siempre y cuando se haya cometido un delito en ese teléfono.

¿Qué tipo de delitos serán perseguidos?

Sheinbaum Pardo detalló que la medida tiene el objetivo de fortalecer la seguridad, así como mantener el combate al delito de extorsión principalmente, el cual se ha incrementado en los últimos años.

Aunado a lo anterior, reiteró que el gobierno federal no rastrea al usuario hasta que haya una denuncia formal, es decir; “se registran en la telefónica y si hay un delito, las áreas de seguridad solicitan la información del número a la empresa telefónica”.

«Si hay una llamada de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, la autoridad puede pedir a la telefónica a quién pertenece ese número”, refirió.

Por último, la doctora reveló que actualmente existen alrededor de 158 millones de líneas celulares en el país, cifra superior a la población nacional, lo que hace indispensable contar con un sistema de registro confiable.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Israel de mantener prácticas de discriminación sistémica contra los palestinos en Cisjordania , comparables a un régimen de apartheid , según un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos .

El documento, presentado por el alto comisionado Volker Türk , sostiene que existen motivos razonables para creer que la segregación impuesta por Israel en los territorios palestinos ocupados tiene como propósito ser permanente , con el fin de mantener una estructura de opresión y dominación sobre la población palestina.

De acuerdo con el informe, las autoridades israelíes aplican distintos sistemas legales para colonos y palestinos: mientras los israelíes asentados en Cisjordania están sujetos al derecho civil israelí , los palestinos son procesados ​​bajo la justicia militar , que ofrece poca o nula protección de derechos humanos .

El texto denuncia además la confiscación masiva de tierras palestinas , el despojo de viviendas , la restricción del acceso a recursos naturales como el agua, y el uso de tribunales militares en los que se violan sistemáticamente el debido proceso y el derecho a un juicio justo .

La ONU advierte que esta situación contraviene el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) , que prohíbe la segregación racial y el apartheid .

El informe también documenta un patrón de violencia e impunidad por parte del Ejército israelí y de colonos armados contra civiles palestinos. Señala que, entre enero de 2017 y septiembre de 2025, se registraron más de mil 500 asesinatos de palestinos , de los cuales solo 112 casos fueron investigados y una mínima fracción resultó en condena .

Entre los ejemplos citados se encuentra el asesinato de un niño palestino de 10 años , identificado como Saddam Hussein Rajab , quien fue abatido por soldados israelíes pese a estar desarmado. Otro caso documentado corresponde a una mujer embarazada de ocho meses , muerta por disparos del Ejército en febrero de 2025, cuya muerte fue justificada con argumentos infundados.

El documento describe además una “asfixia sistemática” de los derechos palestinos , evidenciada en las restricciones de movimiento , los controles militares , la destrucción de infraestructura hídrica y la construcción de carreteras exclusivas para colonos israelíes que fragmentan comunidades enteras.

La ONU advierte que miles de palestinos han sido desalojados de sus hogares, lo que podría constituir un traslado ilegal y crimen de guerra . A esto se suma la confiscación del agua en Cisjordania y su desvío hacia asentamientos israelíes , obligando a la Autoridad Palestina a comprar recursos hídricos al propio Gobierno de Israel.

El alto comisionado Volker Türk afirmó que “ existe una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania ”. Según el funcionario, los palestinos enfrentan restricciones diarias que afectan su acceso al agua, la educación, la salud, el trabajo y la movilidad, lo que convierte su vida cotidiana en un sistema de control y segregación institucionalizada .

Finalmente, la ONU exigió al Gobierno israelí eliminar las leyes y políticas que perpetúan la discriminación basada en la raza, religión u origen étnico , y reiteró que la impunidad frente a la violencia y las violaciones de derechos humanos debe cesar de inmediato.