El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó las modificaciones a la Ley de ciberasedio para que los servidores públicos queden exentos de los beneficios que otorga la legislación.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal coincidió con la postura de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a que se debe clarificar la norma que busca castigar con cárcel a quien insulte o agravie a una persona a través de medios digitales con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. 

Sumó que la ley debe centrarse en castigar a quienes cometen ciberdelitos y no proteger a funcionarios bajo el argumento de ataques cibernéticos.

Tomamos en cuenta lo que dijo la presidenta hoy: debe quedar exento el beneficio de esta ley a los servidores públicos. No hay razón por la cual se deba de vincular la Ley de Ciberseguridad con otro tipo de limitaciones a las libertades de expresión,
afirmó.
No obstante, hizo hincapié en que le corresponde al Congreso local discutir y realizar las modificaciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

Armenta Mier sumó que esta propuesta se debe integrar en los foros públicos organizados por el Poder Legislativo para, posteriormente, sumarse a las posibles adecuaciones.

Además, el jefe del Ejecutivo reiteró que la legislación tiene como propósito combatir diversas formas de acoso y agresión digital, incluyendo los hackeos a sistemas financieros y empresariales, así como el asedio en redes sociales a menores de edad, lo que, advirtió, puede derivar en trastornos graves, como conductas suicidas.

Subrayó que la ley no va dirigida contra medios de comunicación ni contra la libertad de expresión, sino contra personas dedicadas a actividades delictivas en entornos digitales.

Lo importante es que nadie se ponga el saco. Hablamos de ciberdelincuentes, no de medios de comunicación. Los medios informan, no atacan,
subrayó.
La mañana de este martes, la presidenta del país fue cuestionada, de nueva cuenta, sobre la normativa creada por José Luis García Parra, exdiputado y actual coordinador de Gabinete del gobernador.

En respuesta, Sheinbaum Pardo indicó que si hay que clarificar el tema del ciberasedio se tendrá que hacer, pero defendió que “es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, Coahuila y otros estados”.

Incluso, comentó que ese es el objetivo que presentó el gobernador de Puebla y, en todo caso, pidió “que quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”.

Las modificaciones al Código Penal han causado controversia a nivel nacional y local al considerar que sus artículos podrían utilizarse para inhibir la crítica en entornos digitales.

Ante esto, activistas y organismos nacionales e internacionales se han pronunciado sobre el tema. La última fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al asegurar que trabaja en un recurso de inconstitucionalidad ante la posible vulneración de los derechos humanos.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presentó a directores y secretarios de facultades, institutos y escuelas el nuevo Sistema de Evaluación e Investigación Institucional para el Desarrollo Académico (SEIIDA), como un instrumento que establece la valoración de diferentes dimensiones del desempeño docente y también del alumno.

Al exponer este sistema, la rectora de la BUAP precisó que la reconstrucción del modelo -de lo que fue el Programa Institucional de Evaluación Académica- tiene la intención de generar mayores herramientas para mejorar los procesos educativos, a partir de la evaluación desde una perspectiva global, sin fines punitivos.

Indicó que el SEIIDA se basa en una política holística, la cual se sustenta en tres ejes de acción: la evaluación al docente, a la gestión administrativa y de infraestructura educativa, y, por primera vez, la del docente al alumnado y al entorno.

Entre los objetivos destaca fomentar el desarrollo profesional y asegurar que las prácticas docentes alcancen estándares de excelencia educativa mediante mecanismos de evaluación y retroalimentación, protegiendo la confidencialidad de los participantes.

Al respecto, el vicerrector de Docencia, José Jaime Vázquez López, refirió que este nuevo instrumento incorpora directrices y principios establecidos en el Marco General del Sistema de Evaluación de la Educación Superior (SEAES), así como de la Ley General de Educación Superior (LGES). Asimismo, señaló que se partirá de un modelo piloto para ponerlo en marcha lo antes posible, a fin de lograr una mejora continua que promueva el crecimiento profesional de los profesores, lo que incluye incentivos a su desempeño.

Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, adelantó los cambios que analiza el Legislativo a la reforma contra el ciberasedio, con base en las opiniones ciudadanas recabadas al día de hoy. El más relevante ha sido que los funcionarios públicos podrían ser excluidos de denunciar este delito, a fin de descartar la crítica de que esta reforma es un escudo político.

En entrevista, la legisladora morenista dijo que, antes del 15 de julio (fecha en la que concluye el actual periodo ordinario de sesiones) se contempla haber finalizado la nueva reforma al Código Penal, específicamente en el artículo 480, que despertó la controversia por tipificar como delito el asedio digital.

Lo anterior, subrayó, se concretará si se logra un consenso entre los 41 diputados de la actual legislatura, de no ser así, la modificación a dicho artículo se postergará hasta el próximo periodo ordinario.

De inicio, con base en las críticas y opiniones de los últimos dos foros realizados en el Congreso, la presidenta adelantó que se prevén agregar nuevas disposiciones para determinar que dicho artículo no va en contra de medios de comunicación y que el uso del mismo podría quedar exento para servidores públicos.

En ese sentido tendríamos que hacer las acotaciones, adiciones que tuvieran que realizarse a estas reformas en el Código Penal en el que se excluya cualquier tema que pueda poner en riesgo la libertad de expresión, y sobre todo entendiendo que los servidores públicos estamos en el escrutinio ciudadano,
dijo.

La legisladora detalló que, a partir del próximo 1 de julio, una vez concluya el último foro ciudadano sobre esta reforma, iniciarán las reuniones entre legisladores a fin de informar los resultados de dichos eventos. De ahí partirán las propuestas legislativas para reformar el Código Penal.

En este artículo en particular, insisto, que fortalezca un acceso a la justicia, a los grupos vulnerables y a los ciudadanos, que también estemos garantizando la libertad de expresión, así como que quede claro que no es para proteger a ningún funcionario público, que tenemos una responsabilidad de dar resultados, seguramente en la siguiente semana lograremos ponernos de acuerdo rápidamente,
finalizó.