Washington/Seúl, Estados Unidos/Corea del Sur.— El presidente Donald Trump anunció que elevará del 15% al ​​25% los aranceles a las importaciones surcoreanas hacia Estados Unidos —incluidos automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros rubros con trato recíproco— al acusar a la Legislatura de Corea del Sur de “no cumplir” con el acuerdo comercial alcanzado con Washington. El mandatario difundió el aviso en redes sociales y no precisó cuándo entrará en vigor el aumento.

Ni la Oficina Presidencial en Seúl ni la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Trump ha amenazado antes con nuevos gravámenes y en ocasiones los ha aplazado o descartado .
Corea del Sur trabajó en la implementación del acuerdo anunciado el año pasado , que redujo al 15% los aranceles estadounidenses contra buena parte de sus exportaciones. A inicios de enero, el ministro de Finanzas surcoreano advirtió que la inversión planificada de 350.000 millones de dólares en sectores estratégicos de Estados Unidos probablemente no se iniciaría en la primera mitad de 2026 , debido a la debilidad del won y la preocupación por las salidas de divisas en un contexto de depreciación a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2007–2009.

Durante su segundo mandato, Trump ha usado los aranceles como herramienta de política exterior, una estrategia que genera preocupación entre economistas y que enfrenta además un examen en un caso ante la Corte Suprema . En el entendimiento bilateral del año pasado, Washington y Seúl acordaron fijar en 15% los gravámenes a las importaciones estadounidenses de autos y autopartes coreanas —desde el 25% anterior— para equipararlos con los de sus competidores japoneses . Asimismo, Seúl se comprometió, dentro del paquete de 350.000 millones , a aportar 200.000 millones en efectivo en cuotas escalonadas , con un tope de 20.000 millones anuales , para fin de estabilizar el won .

Para Josh Lipsky , responsable de economía internacional del Atlantic Council , la decisión refleja la impaciencia de Washington ante el ritmo de la promulgación del marco comercial en Seúl. Es, dijo, “otro recordatorio de que los mercados se equivocaron al creer que alcanzaríamos la estabilidad arancelaria en 2026”, y subrayó que la volatilidad por sí sola “tiene un precio”.

El primer ministro Mark Carney restó importancia este lunes a la más reciente amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses en Estados Unidos si Canadá alcanzara un acuerdo comercial con China , al señalar que se trata de una postura previa a la próxima revisión del T-MEC . «Pronto entraremos en negociación o revisión de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México (T-MEC). El presidente es un negociador experimentado… algunos comentarios y posturas deben verse en ese contexto más amplio», dijo ante la prensa.

Carney admitió que las relaciones bilaterales atraviesan un momento tenso —tras su acercamiento al gobierno chino—, pero insistió en que Canadá busca diversificar mercados, con mayor énfasis en Asia y Europa , frente a la “guerra comercial” iniciada por Washington. Recordó que durante su visita a Beijing el 16 de enero anunció un deshielo en los vínculos bilaterales con la creación de una “ nueva asociación estratégica ” y la consecución de un acuerdo comercial preliminar . Por su parte, el gobierno chino afirmó que ese entendimiento “no apunta contra terceros”.
El mandatario canadiense rechazó que su discurso en el Foro de Davos —en el que criticó las políticas de Trump y ofreció a las potencias medias la opción de confrontar a las grandes potencias— haya deteriorado la relación con Washington . Explicó que su intervención planteó la forma en que Canadá ve el mundo : “Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado… Canadá entendió la magnitud del cambio de la política comercial de Estados Unidos y lo que significó para nuestra economía mucho antes que otros países”.

Carney reiteró que Canadá no busca un acuerdo de libre comercio con China y que, conforme al T-MEC , en caso de hacerlo debería notificar a Estados Unidos y México . “Si lo estuviésemos considerando —que no lo estamos y nunca lo haremos—, lo hubiésemos notificado”, subrayó. Mientras tanto, el gobierno prevé una revisión compleja del T-MEC a la luz de las amenazas arancelarias y del contexto geopolítico reciente.

Podemos adelantar un acuerdo con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez para aprobar, vía real decreto, una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular que podría beneficiar a cerca de 500 mil individuos. Según explicó la eurodiputada Irene Montero, la medida será este martes aprobada en el Consejo de Ministros y permitirá acceder al procedimiento a quienes acreditan al menos cinco meses de estancia en España, con independencia de su forma de entrada o situación previa.

De acuerdo con lo anunciado, podrán acogerse quienes demuestren residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y prueben una permanencia continuada mínima de cinco meses mediante documentos como empadronamientos, informes médicos o justificantes de envíos de dinero. Mientras se tramite la solicitud, el Gobierno otorgará una autorización provisional de residencia, lo que supondrá un blindaje administrativo inmediato para los solicitantes. Montero subrayó que Podemos velará por un proceso ágil y eficaz y ubicó la medida en la necesidad de proteger a este colectivo frente a lo que describió como “violencia racista”.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa es necesaria para ordenar una situación desbordada y que no requerirá trámite parlamentario, al aprobarse por decreto. La regularización se enmarca, además, en la Iniciativa Legislativa Popular sobre migración que obtuvo el respaldo de la mayoría del arco parlamentario —con la excepción de Vox— y el voto favorable del Partido Popular (PP).

El anuncio generó reacciones inmediatas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó en redes sociales la oportunidad y el alcance de la medida, a la que atribuyó un “efecto llamada” y un posible impacto en los servicios públicos. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, rechazó la regularización y la calificó como un estímulo a la inmigración irregular.