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Congreso Aprueba sancionar a funcionarios que dañen patrimonio de ciudadanos

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El Congreso de Puebla aprobó expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que los poblanos que hayan sido afectados por entes públicos, estatales y municipales sean indemnizados de forma justa, ya sea de forma económica o en especie; pero, ¿qué es y a quién aplica?

En sesión ordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad, con 36 votos a favor, el dictamen con la propuesta del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la de la bancada de Morena en la materia, que fueron dictaminadas bajo el principio de concentración.
De esta manera, el gobierno estatal estaría obligado a absorber los gastos ante cualquier negligencia médica cometida en hospitales públicos, y los ayuntamientos tendrían que pagar por los desperfectos o accidentes que pueda causar el mal estado de la vía pública.

La ley será retroactiva y comenzará a aplicarse a partir del Ejercicio Fiscal 2024, por lo que el gobierno del estado tendrá que destinar el 0.3 por ciento al millar del presupuesto, aproximadamente 15 millones de pesos, para subsanar las omisiones y fallas de los funcionarios.
En el caso de los municipios, cada uno de los 217 ayuntamientos tendrá que hacer las previsiones presupuestarias correspondientes para cumplir con la ley.

Al presentar el punto, la diputada morenista Iliana Jocelyn Olivares López dijo que con este ordenamiento se evita el abuso del poder y agradeció al mandatario por abonar en la reparación del daño a la sociedad, al ser fundamental en el ámbito de la justicia.

“Era importante emitir una ley que regule las bases y los procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de aquellos que, sin tener la obligación jurídica de soportarlo, sufren daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como resultado de una actividad administrativa irregular”, detalló.

En tanto, el diputado panista Eduardo Alcántara Montiel recordó que el Congreso de Puebla estuvo más de 20 años en omisión legislativa, por lo que ante cualquier daño grave habrá garantías de reparación del daño para las víctimas, teniendo presupuesto y las vías jurídicas para ejercer ese derecho.

¿Qué es lo que establece la ley y cuándo pueden indemnizar?
Los ciudadanos que hayan sido víctimas de alguna omisión o irregularidad por parte de los entes públicos (estatales y municipales) y les cause algún daño a sus bienes o derechos, en especial durante un proceso de impartición de justicia, podrán ser indemnizados de forma económica o en especie.

Lo anterior mediante la denuncia de una “Actividad Administrativa Irregular”, que quedó definida como “aquella realizada por algún Ejecutor de Gasto en sus funciones administrativas y que cause daño a la persona, a sus bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”.

Entre los supuestos se encuentran, por ejemplo, las negligencias médicas, la entrega de concesiones que causen un daño a futuro a la ciudadanía, la falta de infraestructura en los municipios, la realización de una obra que provoque alguna afectación de gravedad, entre otros.

Quedarán sujetos a este ordenamiento, como sujetos ejecutores del gasto, el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Pública Estatal, Centralizada y las Entidades Paraestatales; los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

También los municipios, a través de su Administración Centralizada y Paramunicipal; el Gobierno del Estado de Puebla y cualquier otro ejecutor de gasto de carácter estatal o municipal. La ley exceptúa a los notarios públicos.

La ley no aplicará cuando el daño se produzca por actos materialmente jurisdiccionales y legislativos; en casos fortuitos y de fuerza mayor; al acontecer hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de las técnicas existentes en el momento de su acaecimiento.

Asimismo, los que causen las personas servidoras públicas cuando no actúen en ejercicio de funciones públicas; en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño; aquellas acciones que sean simuladas; los producidos por hechos imputables a terceros que hayan causado responsabilidad.

También exenta los hechos que resulten de hechos acontecidos para evitar un daño grave e inminente; y cuando no sean consecuencia de la Actividad Administrativa Irregular de los Ejecutores de Gasto. Es así que el Congreso de Puebla aprueba sancionar a funcionarios que dañen el patrimonio de ciudadanos.

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Cancelan evento de «marranito encebado» en Tehuacán por maltrato animal, pero sigue en pie en Coapan

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TEHUACÁN, PUE. — El evento tradicional conocido como «marranito encebado», programado en la colonia San Miguel dentro del municipio de Tehuacán, fue formalmente cancelado tras la intervención directa del Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla. La medida fue resultado de un procedimiento administrativo iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por la organización ambientalista TAC – Una Protección al Entorno A.C.

La asociación protectora de animales detalló que la queja formal se ingresó desde el pasado 7 de septiembre, sustentando que someter a un porcino a persecuciones públicas y estrés físico con fines recreativos constituye una violación clara a la normativa estatal sobre protección y trato digno a los animales. Tras la evaluación técnica del caso, el organismo del Gobierno del Estado de Puebla determinó improcedente la actividad y notificó formalmente su cancelación a las autoridades locales y organizadores festivos.

Pese a este precedente institucional, la agrupación protectora advirtió que en la junta auxiliar de Santa María Coapan, perteneciente al mismo municipio de Tehuacán, se mantiene la convocatoria activa para realizar un evento idéntico el próximo 28 de septiembre. Ante esto, activistas ya promovieron una segunda solicitud de intervención ante las autoridades de bienestar animal estatal para frenar la realización de dicha dinámica.

Representantes de TAC señalaron que los reportes iniciales fueron provistos por vecinos de la demarcación, instando a la ciudadanía a no normalizar el uso de especies vivas en atracciones de ferias ni festejos patronales. Se espera que en los próximos días las instancias estatales determinen si la junta auxiliar de Coapan deberá acatar la misma prohibición para salvaguardar el bienestar animal en la región.

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Hallan sin vida al hijo del alcalde de Tecamachalco tras días de búsqueda en Puebla

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TEHUACÁN, PUE. — El presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, acudió a las instalaciones del anfiteatro del panteón municipal de Tehuacán para recibir el cuerpo de su hijo, Mateo N., de 16 años de edad. El menor de edad había sido reportado como desaparecido desde el sábado anterior, desencadenando operativos de búsqueda e investigación en la región de la Sierra Negra y los valles centrales del estado de Puebla.

El hallazgo del cadáver se registró minutos después de las 08:00 horas del miércoles sobre un camino de terracería en la localidad de Azumbilla, dentro del municipio de Nicolás Bravo, en las inmediaciones de la carretera que conduce a Vicente Guerrero. La víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, se encontraba envuelta en cobijas y junto a sus restos fue localizado un cartelón con un presunto mensaje, cuyo contenido se mantiene bajo reserva por las autoridades Ministeriales.

Tras la intervención de los servicios periciales para el levantamiento de los indicios, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Tehuacán para practicarle la necropsia de ley. Alrededor de las 18:30 horas, familiares del adolescente arribaron al recinto para realizar la identificación formal de la víctima, procediendo posteriormente la entrega del féretro al edil de Tecamachalco, en medio de un despliegue de resguardo por parte de distintas corporaciones de seguridad.

Una vez concluidas las diligencias en el anfiteatro, el féretro fue trasladado en una carroza blanca hacia la cabecera municipal de Tecamachalco, escoltado por una caravana de unidades oficiales y vehículos particulares. Diversos actores políticos y legisladores locales, entre ellos el diputado por el distrito 15 Andrés Villegas Mendoza, expresaron públicamente sus condolencias a la familia Hernández Gutiérrez y condenaron los hechos violentos registrados en el municipio.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes para determinar el móvil del crimen, así como para dar con el paradero de los responsables de este homicidio que ha conmocionado a la comunidad de la región.

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Detención del alcalde de Juchitán provoca bloqueos y desplegado de fuerzas federales

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JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX. — La captura del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, desencadenó una jornada de movilizaciones, bloqueos carreteros y cierre de establecimientos comerciales en esta ciudad de la Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El edil, emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue aprehendido por su presunta implicación en los delitos de extorsión agravada y conductas ilícitas contra la seguridad del Estado.

El operativo de captura se llevó a cabo alrededor de las 09:30 horas, inmediatamente después de que el alcalde concluyera una visita oficial a un plantel de educación secundaria local. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con fuerzas de seguridad federales, interceptaron al funcionario para trasladarlo a las instalaciones del aeropuerto de Ixtepec. En el mismo despliegue policial se logró la detención de un individuo identificado como Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”.

La aprehensión del munícipe detonó protestas violentas por parte de simpatizantes, choferes de unidades de mototaxis y elementos de la policía municipal. Grupos afines al edil instalaron bloqueos viales con quema de neumáticos en al menos tres puntos neurálgicos de la ciudad, destacando la interrupción del tránsito a la altura del Canal 33. Asimismo, los manifestantes tomaron y forzaron el cierre temporal de diversas tiendas departamentales como medida de presión para exigir la liberación inmediata del munícipe.

Frente a la escalada de tensiones urbanas, efectivos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (SEMAR) desplegaron patrullajes de contención por los cuadrantes principales de la cabecera municipal. Alrededor de las 14:00 horas, las protestas se disiparon, permitiendo el levantamiento de los retenes y la reapertura de las actividades comerciales en el municipio.

Hasta el momento, los integrantes del Cabildo de Juchitán no han emitido una postura oficial sobre la situación jurídica de la alcaldía. En contraparte, autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, junto con integrantes del gabinete legal y legisladores locales, respaldaron la actuación de los órganos de procuración de justicia, manifestando que ningún funcionario público se encuentra por encima del marco legal vigente.

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