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‘Narco’ recluta hasta a ex marines, reportan Justicia de EU y DEA

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Angel Dominguez Ramirez Jr. nació en Tamaulipas y se volvió tan estadunidense que le quitó las tildes a su nombre y apellidos latinos, pero no sólo eso: desde su juventud se enlistó en el Cuerpo de Infantería de la Marina norteamericana y fue precisamente ese entrenamiento militar lo que lo hizo un candidato perfecto para formar parte de organizaciones de tráfico de droga mexicanas.

Otros ciudadanos estadunidenses optaron por perfeccionar diversos métodos de intimidación que tanto han desarrollado los cárteles mexicanos, y algunos, incluso, se volvieron narcosoldados implacables que nacieron y crecieron en la propia Unión Americana.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) creó un ejército para distribuir drogas en ese país, y a quienes recluta les enseña cómo resolver las pugnas al estilo mexicano: amenazas e intentos de asesinatos, venganzas, uniformes falsos de policías, rifles AR-15 escondidos en casas particulares, violentos cobradores de deudas… prácticas que se expanden hasta en pequeñas comunidades de este país.

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Una revisión de MILENIO en los partes policiales del Departamento de Justicia y de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y en documentos que refieren las acciones de diversas entidades judiciales, se revela que desde el año 2020 el CJNG fue uno de los blancos principales de los fiscales por su capacidad para provocar olas de violencia en estados que antes se caracterizaban por su relativa tranquilidad.

El esfuerzo por parte de los organismos federales fue vasto en los operativos en diversos estados de la Unión, a través de algo llamado Grupo de Acción contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF por su siglas en inglés) con un enfoque cooperativo federal.

En él, en cuanto al Departamento de Justicia se identifican la multiinstitucional División de Operaciones Especiales, y los fiscales federales de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas; además, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Aplicación de la Ley de la División Penal.

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Las autoridades revelaron en el año 2020 que gracias a un operativo llamado Project Python, desarrollado en unos cuantos meses, habían logrado la captura de 700 personas asociadas al CJNG y a otros grupos criminales.

A través de los reportes públicos se conoce que desde el 2020 la agencia ha reportado la detención y enjuiciamientos de al menos 46 integrantes que trabajaban en Estados Unidos y operaban con las mismas prácticas cruentas de este cártel en México.

El reclutamiento de marines o soldados estadounidenses para trabajar en las filas de los cárteles mexicanos no es un asunto aislado. En 2021 fueron detenidos Jonathan Zarazúa, de 28 años, Emmanuel Oppongagyare, de 22 años, y Ralph Gregory Saint-Jolie, de 19 años. Los tres fueron juzgados por participar en el tráfico de drogas e indocumentados.
De acuerdo con documentos judiciales, Zarazúa confesó que “fue reclutado específicamente porque podía usar su estatus militar para facilitar el cruce de la frontera con narcóticos”.

Poco antes, en 2019, un testigo relató a Telemundo que en los campos de entrenamiento del CJNG hay “navys” y “fuerzas Delta de Estados Unidos”, los cuales son adiestrados para traficar drogas e intimidar a otros cárteles.

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Brazo operativo
Según la Fiscalía estadunidense Angel Dominguez, el ex marino desertor, logró establecer su propia organización delictiva llamada El Seguimiento 39, El Seg 39 o Grupo Satélite Elite 39, que si bien trabajó también para otros cárteles mexicanos –el de Sinaloa, por ejemplo– terminó siendo un brazo operativo para el lavado de dinero en favor del CJNG en Estados Unidos.

A grandes rasgos, lo que hizo el tamaulipeco con nacionalidad estadunidense fue que logró transportar droga desde América del Sur hasta ciudades como San Diego, en California. No solo se encargaba de introducir los cargamentos sino que coordinó para el cártel toda una red de transporte, de coordinadores, lavadores de dinero, mensajeros y corredores de suministro de estupefacientes.
Los documentos señalan que Dominguez fue marino de los Estados Unidos y hasta 1994 vivió una vida aparentemente ejemplar. Sólo que justo en ese año su vida dio un vuelco, dado que sus dos hijas murieron en un accidente automovilístico. “Empezó a dedicarse a la vida del narcotráfico en 1998”, relata un informe.

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Y aunque las autoridades documentan que Angel Dominguez prefería evitar el plomo, también dejó escuela criminal para jóvenes tanto de origen mexicano como a otros nacidos en Estados Unidos. Al menos otras 41 personas están relacionadas con su organización delictiva y comparten algunos cargos en su contra.

El narcoejército se dispersa
Los casos de operación criminal no se limitan a una sola demarcación, al contrario, se registran en muy diversas zonas y condados de Estados Unidos.

Por ejemplo, en noviembre del 2022 la DEA reveló que Armando Fierro-Ponce, de 28 años, junto con otro cómplice traficó metanfetamina, heroína y pastillas de fentanilo en los condados King, Snohomish, Lewis y Pierce, en Seattle, Washington.

Una serie de escuchas telefónicas reveló que realmente su principal papel era trabajar como cobrador de deudas del CJNG en la zona, actividad que realizaba con base en amenazas violentas a los deudores del cártel.

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Para resolver este y otros casos hubo labor conjunta de varios órganos gubernamentales. Entre ellos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los departamentos de Policía de Kent y de SeaTac, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (conocida como ATF) y el Servicio de Investigación Criminal de Hacienda (IRS-CI, sus siglas en inglés).

Ese mismo 2022 el Fiscal Federal de Seattle, Nick Brown, acusaba que “junto con las drogas, vemos que fue traída a nuestro distrito la violencia de los cárteles del narcotráfico en México”, refiriéndose a las acciones que venía realizando otro residente estadunidense llamado Adrian Izazaga-Martinez, de 28 años, nacido en Kent, Washington.

A través de escuchas telefónicas a 100 aparatos, encontraron que este hombre y otros integrantes del CJNG planeaban desatar la violencia al estilo mexicano: con agresiones, secuestros e intimidación con armas de fuego, en un área que tradicionalmente era más o menos calmada.

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Los casos de prácticas similares a las del narco en territorio mexicano también se extendieron hasta Texas. Ahí un ciudadano estadunidense llamado Marco Antonio Gonzalez, tras ser detenido por la DEA amenazó con asesinar a uno de sus cómplices si testificaba en su contra, en un juicio en que lo relacionaban como empleado del CJNG en el estado de la Estrella Solitaria.

Más al norte, en la ciudad de Boston, Massachusetts, Josue Rivera Rodriguez, nacido en Holyoke, condado del mismo estado, se disfrazaba de policía y resguardaba fentanilo en una casa para el CJNG. Se protegía con AR-15, que suele utilizar el narcotráfico en México. Josue operaba en condados pequeños como Watertown, Revere, Holyoke y Springfield.

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“Si en el pasado hicieron trampa, pero pasaron el examen de control, merecían entrar”: rector de la UNAM

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Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la evaluación presencial brindó a la máxima casa de estudios «plena certeza» sobre los conocimientos reales de los aspirantes que obtuvieron un lugar.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que los resultados del examen de control aplicado a los aspirantes confirman la existencia de irregularidades en la prueba previa realizada en línea. Sin embargo, sostuvo firmemente que aquellos alumnos que acreditaron la evaluación presencial posterior demostraron contar con los méritos necesarios para ingresar a la institución.

“Sí creo que evidentemente el contraste es muy amplio. Entonces, sí, yo creo que se confirma que sí hubo una anomalía, que en gran medida se pudo corregir”, señaló el rector al ser cuestionado sobre las marcadas diferencias entre las calificaciones del examen en línea y las registradas en la evaluación de control.

Loméllí precisó que el análisis de los resultados aún no ha concluido, ya que restan por realizar cruces de información detallados por carrera, considerando tanto a los aspirantes que se presentaron al examen presencial como a quienes optaron por no asistir.

Ante los señalamientos de especialistas sobre alumnos que habrían ingresado a la UNAM con puntajes inferiores a los registrados inicialmente —lo que reabrió el debate sobre si estudiantes que cometieron irregularidades terminaron asegurando una bancada—, el rector fue contundente:

“Yo diría que si en el pasado hicieron trampa, pero que si hicieron su mejor esfuerzo en el examen de control, pues sí merecían entrar”.

Al reitera la interrogante sobre si se puede garantizar la ausencia total de aspirantes que hayan cometido fraude entre los finalmente admitidos, Lomelí enfatizó que el examen de control sirvió como un filtro definitivo para corroborar quiénes poseían el conocimiento por cuenta propia.

“Lo importante es que el examen de control permitió que tengamos la plena certeza de que están ingresando quienes tuvieron el número de aciertos que de acuerdo con los resultados del examen era el que les permitía acceder a ese lugar”, afirmó.

El titular de la UNAM agregó que, con la realización de la prueba presencial, la Universidad despejó cualquier duda sobre la preparación y capacidad académica de los alumnos seleccionados.

Respecto a la disminución generalizada en los puntajes, Lomelí descartó que esto se deba a un mayor nivel de dificultad en el examen presencial. Explicó que, según los parámetros técnicos de la institución, el grado de exigencia de ambas evaluaciones fue equivalente.

En su lugar, sugirió que la variación en el desempeño responde a factores externos: el lapso de dos meses y medio transcurrido entre una prueba y otra, el reducido tiempo que tuvieron los estudiantes para repasar los contenidos, y el estrés natural asociado al retorno de las evaluaciones presenciales.

Finalmente, el rector reiteró que la UNAM continuará cruzando los datos del proceso antes de emitir un diagnóstico definitivo sobre los resultados globales de admisión.

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Perfilan nuevos impuestos a sopas instantáneas, embutidos y cerveza

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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados alista una propuesta para aplicar un gravamen extrafiscal a productos ultraprocesados con alto contenido de sodio, entre los que destacan las sopas instantáneas, fideos japoneses, salchichas, embutidos y salsas como la de soya. La medida busca desincentivar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud pública y, en el caso de las bebidas alcohólicas, ajustar el costo de la cerveza para equilibrar la competencia frente a destilados tradicionales.

Salud pública y recaudación: el argumento detrás del gravamen al sodio

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el gravamen afectaría prioritariamente a aquellos productos que superan los límites normativos de sodio y que ya exhiben el sello de advertencia sanitaria. Según estimaciones preliminares, la recaudación asociada a esta medida alcanzaría cerca de 12 mil millones de pesos anuales.

La iniciativa cobra relevancia en un país donde diariamente se consumen 4.5 millones de unidades de sopas instantáneas, lo que ubica a México como el segundo consumidor de este alimento en América Latina —solo detrás de Brasil— y en el lugar 15 a nivel mundial, según datos de The World Instant Noodles Association.

Altamirano subrayó la correlación entre la ingesta excesiva de sodio y padecimientos como la hipertensión arterial y diversas enfermedades cardiovasculares. Por ello, argumentó la necesidad de integrar esta externalidad dentro del marco fiscal, garantizando al mismo tiempo que la canasta básica quede exenta y que las decisiones definitivas se adopten tras revisar cada producto en lo particular. El legislador también puntualizó que la comisión mantiene un equipo de trabajo dedicado a evaluar la efectividad real del IEPS previamente aplicado a las bebidas azucaradas.

Ajuste al precio de la cerveza para fomentar la equidad fiscal

En el rubro de las bebidas alcohólicas, la propuesta plantea un incremento gradual de entre 60 centavos y un peso por cerveza, en función del precio y la presentación comercial. De concretarse, la recaudación por este concepto pasaría de 140 mil 140 millones de pesos a 147 mil 037 millones anuales, representando un ajuste del 4.6%.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, la diputada Vanesa López Carrillo destacó la conveniencia de centrar este ajuste en la cerveza, dado que este sector acapara más del 94% del mercado nacional de bebidas alcohólicas. López Carrillo precisó que, si bien la cerveza industrial representa el 93.1% del volumen total comercializado en el país, únicamente aporta el 63.3% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En contraste, categorías como los destilados y el vino abarcan menos del 7% del mercado conjunto pero contribuyen con casi el 37% de la recaudación del IEPS.

Asimismo, la legisladora señaló que la estructura de mercado actual beneficia a consorcios cerveceros globales en detrimento de los productores artesanales y a pequeña escala. El ajuste propuesto busca generar mejores condiciones para la producción nacional con denominación de origen, como el mezcal y el tequila.

Las propuestas formuladas derivan de diversos foros de consulta y se prevé incorporar sus conclusiones técnicas hacia las discusiones del Paquete Económico 2027, cuyo trámite formal corresponderá oportunamente al Ejecutivo Federal.

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Beca Rita Cetina entregará hasta 3 mil 300 pesos a familias con tres estudiantes

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PUEBLA, PUE. — Las familias poblanas con hijos inscritos en planteles públicos de educación básica podrán percibir hasta 3 mil 300 pesos bimestrales a través de la Beca Universal Rita Cetina, programa diseñado por el Gobierno Federal para contrarrestar los índices de deserción escolar.

El esquema económico contempla un monto base de 1,900 pesos por hogar que cuente con un estudiante en nivel secundaria, asignando una suma complementaria de 700 pesos adicionales por cada alumno extra que pertenezca al mismo núcleo familiar en el sistema público.

Bajo este tabulador oficial, los hogares constituidos por dos alumnos inscritos cobrarán 2,600 pesos bimestrales, mientras que aquellas viviendas donde habiten tres estudiantes alcanzarán el techo máximo de apoyo estipulado de 3,300 pesos en cada periodo de dispersión.

Las autoridades encargadas de los Programas para el Bienestar recordaron que los procesos de incorporación y bancarización se efectúan de manera directa en los planteles educativos, por lo que exhortaron a tutores y padres de familia a consultar los calendarios institucionales.

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